Periodismo de Investigación

Se extiende su peregrinar por el país; no vamos a parar hasta tener una respuesta, dicen

Indiferencia de autoridades, lo único que encuentran familiares de desaparecidos

Proponen la creación de un plan nacional de excavaciones para ubicar más fosas clandestinas

En ninguna entidad hay protocolos para identificación de cadáveres. En la imagen, traslado de cuerpos anónimos a una fosa común en un cementerio de la ciudad de Monterrey, Nuevo LeónFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 13 de enero de 2013, p. 10

Verónica Coronilla Martínez está segura que si el autobús en el que viajaba su esposo y otros 20 migrantes de Guanajuato rumbo a Estados Unidos, pasando por San Fernando, Tamaulipas, hubiera estado lleno de alemanes, las autoridades ya los habrían buscado y encontrado: A nuestros migrantes nadie los está buscando. Queremos que los busquen en vida, no sólo en papel y muerte.

En la comunidad de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, 21 mujeres luchan por sacar adelante a sus hijos. Dos semanas antes del hallazgo de las fosas de San Fernando, en abril de 2011, donde encontraron 193 cadáveres, sus esposos salieron rumbo a ese lugar.

Desde entonces han iniciado un peregrinar por las instituciones, sin ningún resultado: Nadie del gobierno nos ha apoyado. Quisiéramos tener alguna noticia, aunque sea mala. La duda mata. ¿Dónde están? ¿Qué paso con ellos?... Hasta tener una respuesta, no vamos a parar.

Durante el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron entre 25 mil y 300 mil personas, según distintas estadísticas, además de 80 mil migrantes y existen más de 25 mil cadáveres sin identificar: Estas cifras nos dejan claro que estamos enfrentando una tragedia humanitaria. Sabemos que hay muchas más fosas y no se ha querido seguir buscando y excavando. Es urgente crear un plan nacional de excavaciones para ubicar fosas clandestinas en el país, dice en entrevista Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que está ayudando a los familiares de migrantes desaparecidos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, en la defensa de su derecho a saber la verdad y al acceso a la justicia.

Con el reconocido equipo argentino de antropología, han creado una Comisión Internacional Forense para investigar los casos de la masacre de 72 migrantes, las fosas de San Fernando, y los 49 torsos de Cadereyta, Nuevo León. Se están formando bancos forenses donde participan organizaciones de la sociedad y algunos gobiernos. Se recoge toda la información que proporcionan los familiares de migrantes desaparecidos, se toma la información física de la desaparición y del ADN y se procesa. Luego se va comparando con algunos restos del país y de Estados Unidos. Ahorita están trabajando con 700 restos que tienen en la morgue de Pima, Arizona, de migrantes que quedaron en el desierto, comenta Delgadillo.

Paradójicamente, el gobierno mexicano se negó a participar: Iban a venir expertos, familiares de los desaparecidos para entrevistar, pero la Procuraduría General de la República (PGR) nos dijo que no tenían dinero. Nosotros incluso buscamos financiamiento internacional y ya teníamos todo. Luego la PGR tuvo una postura de soberbia diciendo que ellos tenían toda la capacidad para hacer esto y no requerían el apoyo de un equipo extranjero. Peor aún, el argumento final fue que no podían considerar como víctimas a los familiares de los desaparecidos, hasta que comprobaran que realmente sus parientes habían desaparecido o que ya estaban muertos.

Empezar de cero

El peregrinar de miles de familiares de desaparecidos por las instituciones mexicanas se extiende a todo el país. Durante meses la búsqueda no da resultados, las autoridades ignoran a las víctimas que recorren el país de anfiteatro en anfiteatro ofreciendo pruebas de ADN, luego les llega la temida certeza: Nadie los está buscando. Demasiada gente esta desaparecida en su propio país, y ni el gobierno federal, estatal o municipal hacen nada. Es muy triste, dice Verónica Coronilla, esposa del migrante desaparecido Héctor Castillo Salazar, que laboraba como albañil en Estados Unidos desde hace 13 años.

Los 21 migrantes de San Luis de la Paz, Guanajuato, fueron vistos luego del hallazgo de las fosas de San Fernando en un reportaje transmitido por Tv Azteca que incluía imágenes tomadas por la Policía Federal: Vieron a sus familiares rescatados por la policía, un mes después de desaparecidos. Hemos pedido ese video del rescate de migrantes que hizo la Secretaria de Seguridad Pública Federal, pero nos lo entregaron editado con los rostros difuminados, dice Delgadillo quien asesora jurídicamente a las familias.

En cambio, las imágenes que transmitió Tv Azteca no estaban editadas y se veían los rostros de los migrantes rescatados: Hemos intentado abrir demasiadas puertas, ahora sí que por donde se pueda, pero ninguna autoridad nos ha dado respuesta. Nadie investiga nada, dice desolada Verónica Coronilla al recordar que en San Fernando se dijo que había más de 500 cadáveres, pero pararon de excavar por motivos políticos luego de rescatar solamente a 193.

En realidad, según Delgadillo, hay una ausencia de mecanismos de búsqueda y no existen protocolos de investigación ni de identificación de restos: No hay respuesta. Son pobres, excluidos, migrantes, gente que no cuenta. Es un tema de discriminación. ¿Qué hubiera pasado si uno de los camiones hubiera estado lleno de extranjeros?.

Los familiares y las organizaciones no gubernamentales han tenido que empezar de cero porque existen irregularidades en el manejo de los casos y se convierten a veces en investigadores, aunado al maltrato de las víctimas: En principio, las autoridades no cuentan con mecanismos para registrar los delitos que se cometen, no tenemos un registro claro, confiable y transparente del número de personas que han sido asesinadas. Tampoco tenemos registro claro de cuál es el número real de desaparecidos. Hay una gran duda sobre si se está incluyendo a todos los migrantes. No sabemos a qué fenómeno nos enfrentamos, ni en términos de homicidios ni de desapariciones, mucho menos en restos sin identificar. En México no existe un trabajo sistemático de búsqueda de restos, como lo hubo en Colombia, por ejemplo.

El rastro de los huesos

Verónica Coronilla tiene 33 años y tres hijos, y lo mismo que las esposas de los 21 migrantes desaparecidos ha encontrado nuevas formas para afrontar su difícil situación económica. Vende tacos y ahora está aprendiendo a cortar el cabello para trabajar en una estética.

Entre todas hicieron una comunidad para apoyarse mutuamente y seguir la búsqueda de sus maridos, que continuará pese a la indiferencia del Estado: No hacen ni por buscarlos, porque el mismo gobierno está implicado y lo que menos quiere es que la gente se dé cuenta que todas las fuerzas de seguridad están implicadas en los asesinatos y desaparecidos. Ahorita no hay en quien confiar, pese al cambio de gobierno.

Los dos grandes vacíos que han encontrado, según Delgadillo, son la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): No tenemos un estado de derecho en México. La CNDH nos dijo que no tenía facultades para apoyar un plan de excavaciones y de identificación.

Considera que ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que crear una comisión de la verdad al estilo de Chile o Argentina: Es urgente crear un banco forense nacional y regional, una instancia que atienda a migrantes y un programa federal y regional de atención integral a las familias de desaparecidos que se encuentran en el abandono, dice Delgadillo.

Maltrato a familiares

La experiencia de los familiares con Pro Víctimas ha sido un fracaso: Hay maltrato a los familiares. La búsqueda que hacen de los desaparecidos es de papel. Cada averiguación previa tiene un expediente gordísimo, lleno de papel, y cuando vemos su contenido encontramos oficios a todas las policías, a todos los hospitales, a todos los centros de reclusión, pero no hay una búsqueda real de la persona.

En el rastro de los restos en las fosas comunes que existen en México con cadáveres sin identificar, tampoco han encontrado respuesta del gobierno: “No hay protocolos de autopsia. Un médico forense de Palenque hace una autopsia de acuerdo con lo que él aprendió en la escuela, y nada tiene que ver con la autopsia que haga un médico de Nuevo León, Tepic o el estado de México. La determinación de sexo, edad, causa y modo de muerte lo hará de acuerdo con su entender. Y en el momento que buscamos a alguien no lo encontraremos, porque no existe homologación en la metodología para la búsqueda. Se requiere un registro nacional de desaparecidos y un banco nacional de información forense, que tendría que incluir información física, de ADN y datos ante mortem, que son los datos de la desaparición”.

Para Alejandro Vélez, que encabeza la organización Gobernanza Forense Ciudadana, la clave en la búsqueda de los desaparecidos, excavaciones y cruce de datos genéticos es crear un biobanco ciudadano: El Estado debería hacerlo, pero si no lo hace bien, la sociedad tiene que empezar creando redes desde abajo, en compañía de organizaciones no gubernamentales, de víctimas, universidades y centros de investigación, para entre todos empezar a buscar a los desaparecidos.