El arraigo, ese mal mexicano

Sólo sirve a los policías para fabricar pruebas y culpables: afectado

El arraigo atenta contra el derecho a la libertad y la presunción de inocencia

Suele ser combinado con tortura y otros recursos ilegales

Centro de mando de la policía en Nuevo LeónFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 23 de diciembre de 2012, p. 11

Al joven estudiante Marcelo Laguarda Dávila lo mantuvieron arraigado 55 días en las oficinas de la Policía Ministerial de Nuevo León acusado de homicidio; lo torturaron y finalmente confesó un asesinato que no cometió, según Human Rights Watch. Fue sentenciado a 42 años de prisión.

Su caso ha sido emblemático para las organizaciones de derechos humanos que denuncian la ilegalidad de la medida de arraigo, una forma de detención arbitraria, que atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, algo que permite, primero detener, y luego investigar. El arraigo sólo sirve a los policías para fabricar pruebas y culpables, dice llorando Marcelo Laguarda, en el pabellón de visitas del penal de Topo Chico, donde está preso desde hace más de dos años.

Ante el lleno total y el sobrecupo que registran las casas de arraigo, el gobierno de Nuevo León planea incluso aumentar el número de lugares o bien ampliar las tres casas ya existentes con capacidad máxima para 180 personas: Tenemos ya en lo que va del año las casas de arraigo con alrededor de 150 personas que están en proceso; esto es movible, según se van consignando pues se van desalojando y caen nuevas bandas, dijo el vocero de seguridad, Jorge Domene, al referir la gran cantidad de supuestas bandas detenidas con hasta 30 personas.

La decisión de reforzar el arraigo contrasta con otros estados de la República como Oaxaca o Chiapas, donde esta medida ha desaparecido, en coincidencia con un movimiento nacional que pretende eliminarlo del fuero federal.

El arraigo es el principal instrumento represor del Estado mexicano y fomenta otro tipo de violaciones de derechos humanos como la tortura, las acusaciones sin pruebas, utilizando testigos protegidos y amenazas. Es el mayor ejemplo de la arbitrariedad del poder, en el sistema de justicia penal de presuntos culpables que tenemos, dice Octavio Amezcua, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH), al afirmar que durante el sexenio de Felipe Calderón fueron arraigadas 7 mil personas a escala federal, con un promedio anual de mil 640 personas afectadas y una tasa de incremento de 100 por ciento.

De 2009 a 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de mil quejas por violaciones a las garantías individuales en relación con órdenes de arraigo, particularmente detenciones arbitrarias y tortura: Qué mejor ejemplo que tener detenida a una persona hasta por 80 días, con todas los daños que implica para su imagen y su riesgo personal, sin ninguna prueba concreta que la incrimine, comenta.

“El de la voz con acento exclamó: ‘ahora resulta que eres un policía honesto’, colocando nuevamente la bolsa plástica sobre mi rostro hasta perder el conocimiento. Sólo podía escuchar ‘para mí eres sicario, y si tienes muchos huevos, aquí te los cortaremos, hijo de tu puta madre. Eres muy leal al cártel. Ojalá te mueras, nadie sabe dónde estás. ¿Qué te cuesta cooperar, pendejo?’ Ya no escuche más, desperté orinado.”

Es el testimonio de Luis Alberto Toledo Coello, uno de los 25 policías municipales de Tijuana que fueron arraigados durante 50 días en un cuartel militar del 28 Batallón de Infantería, denominado El Aguaje de la Tuna, acusados de delincuencia organizada por orden del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, y el director general de Policía y Tránsito Municipal, capitán Gustavo Huerta Martínez.

Los otros dos soldados que estaban arriba de mi cuerpo empezaron a golpearme en las piernas y en la panza, gritándome que a ellos no les importaba que yo me muriera, ya que nadie de mi familia sabía en dónde estaba, señala Manuel Adelmo Olivas Coss, otro de los policías arraigados.

Los 25 denunciaron todo tipo de torturas por parte de militares durante su arraigo:“Después de varios golpes sentí cómo me colocaban sobre la cara una bolsa de plástico, con la cual me cortaban la respiración, y lo repitieron en tres ocasiones. Después nuevamente me dijeron: ‘Mira, cabrón, no la juegues porque la vas a pasar muy mal. El juego es simple: o declaras lo que queremos o te matamos y te tiramos por allí para que crean que fue la maña…’”, cuenta Miguel Ángel Mesina López.

Los policías arraigados recibieron amenazas de muerte para conseguir confesiones y les hicieron firmar declaraciones que no les permitieron leer; incluso algunos firmaron documentos en blanco para autoincriminarse. De acuerdo con los testimonios y el informe que será presentado ante la CIDH, al que ha tenido accesoLa Jornada, Leyzaola Pérez ordenaba la tortura y su duración y tres agentes ejecutaban los tormentos físicos y sicológicos.

Los sobrenombres de dos de los agentes martirizadores son El Tortas y El Matute, este último identificado como el principal torturador, a quien además sus víctimas identificaron como escolta del comandante de la II Zona Militar. Durante las torturas, un médico se encargaba de resucitar a los torturados; se trata del teniente Fernando Coaxin Hernández, director de sanidad del cuartel militar.

Después de los 55 días, se les dictó auto de formal prisión y los enviaron al penal de Nayarit. De los 25, 13 apelaron del auto y salieron libres luego de un año y cinco meses de cárcel, mientras los 12 restantes, sin capacidad económica para pagar un abogado, finalmente fueron liberados tres años y medio después. La CNDH emitió una recomendación.

Todos recibieron una sentencia absolutoria, señala Amezcua, de la CMDPDH, que asumió el caso y lo presentará en unos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es una demanda de 200 páginas con distintas violaciones de derechos humanos, pero lo más grave es la utilización de la figura del arraigo, y consecuentemente la tortura. También exhibimos la ineficacia de los amparos contra el arraigo.

El caso de los 25 policías municipales de Tijuana incluye los testimonios de seis de ellos que fueron brutalmente torturados, aunque todos fueron vendados, atados, colgados y tableados: De momento me dejaron de asfixiar y empece a sentir que me despojaban de mis botas, pantalones y calzoncillos y sentí cómo metían mis pies dentro de un recipiente de metal con agua, estando yo de pie y con las manos atadas colgando, y en esos momentos empece a escuchar como chocaban algunos cables con electricidad y de repente sentí una fuerte descarga eléctrica que me provocaron con algo metálico en mis testículos, señala Samuel Alonso Ureña Varo.

En 2008, Felipe Calderón elevó el arraigo a rango constitucional, pero en los transitorios de la reforma se estableció que los arraigos locales podían seguirse implementando hasta 2016, algo que se hace con absoluta borrosidad, lo cual, según Amezcua, no permite cuantificar a escala nacional el daño ocasionado: No hay cifras. No sabemos cuántos arraigos hay en cada estado. Además, las cifras de la PGR y las del Poder Judicial no cuadran. Las autoridades esconden las cifras.

La figura del arraigo es actualmente cuestionada por el procurador Jesús Murillo Karam, como parte de un proceso de restructuración que pretende revisar esa herramienta jurídica y la del uso de los testigos protegidos. En dos años hubo más de 3 mil 800 mexicanos que fueron arraigados injustamente.

En la Cámara de Diputados grupos políticos de diverso signo se han manifestado recientemente por suprimir la figura del arraigo porque es un instrumento que ha fallado debido a que sólo 20 por ciento de los presuntos culpables fue sentenciado, según ha dicho la perredista Aleida Álvarez, vicepresidenta de la mesa directiva de San Lázaro.

Primero te detengo y luego te investigo, dice el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano: La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada, y lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno: simplemente se le ha privado de la libertad.

Para el abogado Amezcua será difícil que el procurador Murillo Karam termine con la práctica de la figura del arraigo: No creo que la eliminen de un día para otro. Es una práctica muy arraigada en los ministerios públicos. Ya están acostumbrados.