Los desaparecidos de Felipe Calderón

En Nuevo León cada día levantan a 20 personas, aseguran

“ Me llaman necia por exigir que me devuelvan a mi hijo ”

Giovanni, Edwin y Julián Urbina, agentes de tránsito levantados el 26 de septiembre de 2008 en Monterrey

Sanjuana Martínez / II

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 31 de agosto de 2010, p. 13

Como cada mañana, Gloria Aguilera Hernández despidió con un beso a sus dos hijos y a su esposo. Nunca imaginó que aquel beso que les dio el 26 de septiembre de 2008 sería el último. Los tres, trabajadores de tránsito de Monterrey, desaparecieron ese mismo día. Fueronlevantados y ahora forman parte de la fría estadística de las 3 mil desapariciones forzadas registradas durante la administración de Felipe Calderón.

La vida de doña Gloria dio un vuelco brutal. De la confusión inicial pasó al deseo de morir. Pensó que se volvía loca sin ellos. Creyó por un momento que su caída al abismo de la depresión la llevaría muy pronto a la tumba. Pero transformó su profundo dolor en coraje, en lucha, en esperanza. Y se hizo una promesa: “ los encontraré. Los voy a buscar hasta el final ” .

Desde entonces se ha consagrado a ellos. Lleva dos años infatigables de pelea: “Con tanto escándalo por las celebraciones del bicentenario, me pregunto si los mexicanos tenemos libertad. ¿Cuál libertad? No hay libertad si la gente tiene miedo de salir a la calle. No hay libertad si un día sales y sabrá Dios si regreses a tu casa. Cada día desaparecen personas porque las levantan muchas veces sin motivo alguno, como a mis hijos y a mi esposo. Quiero justicia y tengo derecho a que alguien me escuche”, dice en entrevista con La Jornada, mientras muestra las fotos de Giovanni, de 26 años; Julián Edwin, de 27, y su esposo Julián Urbina Torres, de 47 años.

La práctica sistemática de la desaparición forzada existe en México desde 1969, cuando Luis Echeverría era secretario de Gobernación en la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Tan sólo en Nuevo León cada día desaparecen 20 personas, según reportes de las distintas corporaciones policiacas, afirma Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (Cadhac), que encabezó una manifestación para protestar por el aumento en las desapariciones en esa entidad y en otras desde que Felipe Calderón decidió emprender una guerra contra los cárteles de la droga.

Doña Gloria está acompañada por otras madres, sobrinas, hermanas y esposas de desaparecidos. Todas usan camisas negras con la leyenda al frente: “ ¿Dónde están? ” Y en la espalda: “ Queremos ver sus caras ” . En el plantón que realizaron en la explanada de los Héroes, frente al palacio de gobierno de Monterrey, colocaron ropa de los desaparecidos con sus nombres y también fotografías.

Llora todo el tiempo. Se limpia las lágrimas con un pañuelo de papel. En una bolsa de plástico trae documentos y fotografías. Señala: “todo lo que está haciendo el Presidente es puro teatro. Nos dicen que nos defenderán la Marina y el Ejército. Mentira. Nadie nos defiende. Nunca encuentran a los que matan, a los que hacen los levantones, a los que hacen losnarcobloqueos. Será porque todos andan en lo mismo. Calderón tiene dos hijos, pero no se los van a secuestrar como a los míos. Nunca sabrá lo que es este dolor”.

Aquel 26 de septiembre por la tarde de hace dos años, Giovanni fue levantado del módulo de licencias del parque Tucán, ubicado en la colonia Valle del Infonavit. Fueron varios hombres –según señaló un testigo–, que se lo llevaron en la camioneta del joven. Horas después su hermano Julián Edwin y su padre, agentes de tránsito también, fueron levantados.

Doña Gloria interpuso una denuncia ante la ProcuraduríaGeneral de Justicia de Nuevo León, pero nunca investigaron: “fue mi nuera la que por medio del Nextel de uno de mis hijos ubicó, gracias a la ayuda de la compañía de teléfonos, las llamadas que los delincuentes hicieron cuando los levantaron”.

Según el reporte, tuvieron un recorrido desde la Carretera Nacional, hasta Guadalupe. Si ella pudo averiguar inmediatamente el lugar de donde salieron las llamadas, ¿por qué los ministeriales no hicieron nada? “ Si hubieran actuado rápidamente, de esa manera habrían localizado al menos a uno de mis hijos ” , dice sin poder contener el llanto.

Añade: “ esta desesperación que sigo sintiendo es lo más grande que existe en el mundo. No saber dónde están, cómo están, si los tratan bien. No sé cómo sigo viviendo. Cada día es un tormento ” .

Levantado sin motivo

A Raymundo Cepeda Gorena lo levantaron de su casa. En dos taxis un grupo de hombres llegó a la colonia Valle Verde, donde vivía con su madre, y se lo llevaron. Ocurrió el 5 de agosto del año pasado. “ Estaba con un amigo en la puerta. Es el único testigo, y tenemos un retrato hablado de quienes se lo llevaron, pero el muchacho Enrique Marmolejo no ha querido dar más datos a la policía. Seguramente por miedo ” , dice Socorro Gorena Ontiveros, madre del desaparecido.

Socorro Gorena Ontiveros lucha con otras madres, en la capital de Nuevo León, para encontrar a sus hijos, víctimas de desaparición forzada. Foto: Sanjuana Martínez

Porta una pancarta verde con su foto: “ éste es mi hijo, devuélvanmelo ” . Raymundo era empleado del ISSSTE desde hace 24 años y también vivió en Estados Unidos una temporada, donde realizó diversos trabajos. Tenía un año de haber regresado a Monterrey. “ No sé por qué se lo llevaron. Él era un muchacho decente. He luchado cada día por encontrarlo. Y voy a ir hasta el fin del mundo a buscarlo. ”

Socorro ha acudido a todas las instancias gubernamentales y policiacas, y nadie ha sido capaz de darle el acceso a la justicia, a la cual tiene derecho: “ Yo estoy como si fuera el primer día. Nadie ha hecho nada. Tal vez porque somos pobres. Si mi hijo fuera rico ya lo hubieran encontrado. A nuestros hijos no los encuentran ni muertos ni vivos. Tenemos la esperanza de que estén vivos, pero si no, queremos que nos digan dónde dejaron sus cuerpos. A quienes se los llevaron les pido, les ruego que me digan dónde está. Es lo único que les pido ” .

Los familiares no han recibido el apoyo ni siquiera de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León.

Consuelo Morales, directora de Cadhac, que les ha ofrecido la ayuda desde el primer momento, se muestra indignada ante la indiferencia gubernamental y la falta de acción de las autoridades policiacas y judiciales: “ lo que estamos viviendo es gravísimo. Y el problema es mucho más de lo que nos imaginamos. Un miembro de la Armada nos informó que ellos estaban recibiendo 20 casos de denuncias diarias, pero la cifra es mucho mayor. Hay un descrédito total de las instituciones, que no hacen nada ” .

Maximina Hernández Maldonado tiene siete hijos, uno de ellos desaparecido. José Everardo Lara Hernández fue levantado el 2 de mayo de 2007. Era policía y fue escolta de Dionisio Herrera Duque, ex alcalde de Santa Catarina, pero al observar “ cosas raras ” pidió su cambio porque no le gustaba la forma de ser y de hacer del munícipe. Poco después de que le concedieron el cambio laboral, desapareció.

“Fue como todos los levantones, nomás se lo llevaron al salir de su trabajo. Algunos compañeros le comentaron quiénes fueron. El ex alcalde sabe. Todos son una mafia. Ellos lo desaparecieron, pero la policía no me hace caso. De hecho, me dicen que soy una necia. Así me llaman. ¿Usted cree? Necia por exigir que me devuelvan a mi hijo. Pues voy a seguir luchando y voy a seguir siendo necia”, dice Maximina.

En la misma situación se encuentra Julia Ramírez Camacho, tía de José René Luna Ramírez, de 23 años, desparecido el mismo día que José Everardo. Ambos eran amigos y policías de Santa Catarina. “ Mi sobrino también fue escolta del ex alcalde. Ellos saben dónde están, y queremos que nos los entreguen ” , señala.

El derecho a la libertad en Nuevo León está en peligro, afirma Consuelo Morales, mientras se escucha el grito de los manifestantes: “ Rodrigo Medina, renuncia y regrésalos con vida ” . Explica que hay “ múltiples testigos ” que han entrevistado y afirman que los levantones son realizados por policías municipales, estatales y federales o por elementos del Ejército, no sólo por el crimen organizado:

“ Estos familiares están cansados de acudir a las autoridades y no les hacen caso; por eso estamos decididos a acudir a instancias internacionales, que no es la panacea, pero es la única rendijita que nos queda, porque las mismas policías y militares son cómplices y entregan a los desaparecidos. En todos los casos, después de una desaparición viene una tortura. Es una invitación a la reiteración del delito. ”

Para los familiares, “ las autoridades no están haciendo nada, por complicidad, corrupción o incapacidad. El Estado ha sido extremadamente negligente en cuestión de desapariciones forzadas. Mientras haya la impunidad y la corrupción vigente, esta espiral de violencia continuará ” .

30 de Agosto, Día Internacional del Desaparecido

Técnicos, campesinos, profesionistas, mujeres y niños, entre ellos

Van 3 mil desaparecidos en el sexenio de Calderón

Desde hace 14 meses familiares buscan a nueve empleados de Nextel

 

 

Sanjuana Martínez /I

Periódico La Jornada
Lunes 30 de agosto de 2010, p. 5

 

México es uno de los países latinoamericanos con mayor número de desapariciones forzadas. La lista aumenta vertiginosamente. En el sexenio de Felipe Calderón han ocurrido 3 mil desapariciones por razones políticas, trata de personas y lucha contra el narcotráfico.

Miles de personas deambulan por corporaciones policiacas, juzgados, campos militares y dependencias de gobierno buscando una respuesta a la desaparición de sus seres queridos. Madres, esposas, padres, hijas, hermanos, sobrinos se afanan día con día en encontrar una pista de quienes, sin explicación alguna, ya no volvieron a sus hogares.

A últimas fechas se han incrementado los “otros desaparecidos”, aquellos que sin razón aparente fueron levantados por las fuerzas de seguridad o el crimen organizado. A diferencia del pasado, cuando Ejército y policías locales o federales secuestraban personas por motivos políticos, ahora la situación es más nebulosa, aunque aún existen casos de desaparecidos por motivos ideológicos.

Al celebrarse hoy el Día Internacional del Desaparecido, es posible comprobar que la única constante desde 1969 –cuando sucedió la primera desaparición forzada, en el sexenio de Luis Echeverría– a la fecha, es la falta de respuesta de las autoridades, que no aceptan ninguna responsabilidad por los hechos ni ofrecen soluciones ni apoyo a los familiares de las víctimas.

“La gente pobre, la gente prescindible, es la que están desapareciendo”, dice en entrevista la senadora Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Eureka. “Ahora agarran parejo y secuestran al que les da su gana. Con los desaparecidos políticos había una motivación casi de exterminio. Existen diferencias, porque lo otro era una persecución. El gobierno temía que los muchachos levantaran una nueva revolución, una guerra contra el mal gobierno.”

La desaparición forzada es una figura nacida en México antes incluso que en Sudamérica, donde las dictaduras “eliminaron” miles de personas: “Ahora, con los mal llamadoslevantados, podemos decir que se trata también de desaparición forzada, aunque no tenga la connotación política. Son muchos caídos en esta guerra; el gobierno los llama ‘daños colaterales’ y nos dicen que los matan las esquirlas del Ejército. Mentira, tenemos testimonios de lo contrario: están desapareciendo y matando”.

La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos calcula que durante el gobierno de Calderón han desaparecido más de 3 mil personas; 400 por razones políticas, 500 mujeres y niños relacionadas con la trata de personas, y 2 mil 100 por razones de narcotráfico.

El caso Nextel

“No vengan, a ustedes también los pueden levantar”, les dijo un policía ministerial a los familiares de nueve técnicos en comunicaciones originarios de Guasave, Sinaloa, que desaparecieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 20 de junio del año pasado. Se trata de Marcelino Moreno Leal, Ricardo y Carlos Peña Mejía, José Hugo Camacho Fierro, Víctor Romero, Julio César Ochoa Romo, Constantino García Jiménez, Roberto Gutiérrez Medina y Eduardo Toyota Espinoza, cuyas edades van de 20 a 46 años.

Los nueve trabajadores fueron contratados por la empresa Nextel para instalar antenas y fueron levantados por un comando compuesto por fuerzas del gobierno federal, según han podido saber los familiares por medio de testimonios: “Creemos que la Policía Federal los secuestró. Los narcotraficantes tienen todo, pero no técnicos ni profesionales que se les unan fácilmente para crear sus redes de comunicaciones; por eso estamos convencidos de que están vivos y los tienen trabajando en algún lado”, señala Joaquín Camacho Fierro, hermano de José Hugo.

Los 19 familiares que buscan desde hace más de un año a los nueve desaparecidos han vivido un vía crucis para intentar llamar la atención de las autoridades. Han presentado denuncias en las procuradurías de Tamaulipas y de Sinaloa, han acudido a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La respuesta siempre es la misma: unos y otros se “lanzan la pelota”, sin asumir la responsabilidad de buscarlos.

Trabajador Víctor Romero Perea

Trabajador Ricardo Peña Mejía

Trabajador Eduardo Toyota Espinoza

Trabajador Roberto Gutiérrez Medina

Trabajador Constantino García Jiménez

José Hugo Camacho Fierro

Julio César Ochoa Romo

Carlos Peña Mejía

Marcelino Moreno Leal

“La certeza que tenemos de que los secuestró la policía es porque en Nuevo Laredo un comando de uniformados llegó al hotel donde estaban y revisó todas sus cosas para llevarse fotos y documentos. Se metieron a los cuartos y testigos nos dijeron que iban vestidos con uniforme”, comenta Amalia Armenta, esposa de Roberto Gutiérrez e hijastra de Constantino García.

Amelia señala que los nueve trabajadores rentaron un cuarto en la colonia Guerrero, de Nuevo Laredo, y de allí fueron sacados por el comando armado. Las tres camionetas que llevaban fueron recogidas por los mismos sujetos al día siguiente del secuestro: “Fueron federales vestidos de negro y encapuchados. Llegaron con las llaves de los vehículos. Si hubiera sido cualquier ratero, les rompen los vidrios”.

Dice no tener miedo a pesar de las amenazas, porque la sostiene el compromiso de encontrar a sus familiares. Sus dos hijos, de 5 y 2 años de edad, preguntan constantemente por su padre: “Yo estoy aquí luchando por mis hijos y no me voy a dar por vencida. Mucha gente me dice que me comprende, pero la mayoría no sabe lo que se vive y se padece teniendo a tus seres queridos desaparecidos”.

Nulo interés oficial

La vida para los familiares de desaparecidos se convierte en un auténtico infierno. Viven en la angustia permanente y en el dolor generado por la incertidumbre, aunado al terror generado por las amenazas. Cada día buscan una pista, un detalle, un testimonio que los ayude a comprender su nueva situación.

Cada familiar empezó su peregrinar en soledad, luego se fueron organizando. No saben adónde ir ni a quién recurrir para denunciar. En México no existe una institución o departamento gubernamental dedicada exclusivamente al tema. En el delito de desaparición forzada incurren diversas violaciones a las garantías individuales: el derecho a la libertad, a la seguridad, a la integridad física y mental. Al peligro de tortura se une el de la privación de la libertad y la amenaza al derecho a la vida.

“Me gustaría tener a Felipe Calderón enfrente –dice Amelia–. ¿Qué no le diría? Su gobierno es lo peor que le ha pasado a los mexicanos. Su peor error fue sacar al Ejército y darle tanto poder. Le diría que agarrara sus cosas y se saliera de la silla donde está. No ha resuelto nada. Tiene tres hijos y si uno estuviera desaparecido como mi esposo, él estaría moviendo hasta la piedra más chica para encontrarlo.”

Los familiares de los nueve desaparecidos se desplazaron a interponer la denuncia a Nuevo Laredo, donde permanecieron durante dos semanas. Fueron escoltados en todo momento por policías ministeriales, debido a las amenazas. Descubrieron que los mecanismos jurídicos que existen en México para garantizar la libertad e integridad de los ciudadanos son inoperantes y de pronto se vieron en el desamparo, ya que la empresa Nextel eludió su responsabilidad.

Joaquín Camacho Fierro, de 43 años y residente en Baja California, se vio obligado a abandonar su trabajo para dedicarse a buscar a su hermano José Hugo: “Es muy triste estar viendo a mis padres cómo se van desgastando. Mi hermano está casado y tiene tres hijos. Ya no se qué decirles. Son ya 14 meses buscándolos y no tenemos ninguna pista. Como somos pobres y nuestros familiares no son hijos de gobernantes o empresarios poderosos, ¿quién nos va a hacer caso?”

Joaquín ha viajado constantemente al Distrito Federal, Nuevo Laredo, Monterrey y a otras ciudades en busca de su hermano. Lleva una carpeta llena de documentos y fotos: “Todos hacen caso omiso. Tenemos cartas a la Presidencia, a las procuradurías, a las policías estatales. Nadie hace nada”.

Cada familiar se ha convertido en un investigador privado. Y han encontrado más información por fuera que por medio de las autoridades: “Nos han dicho que primero se los llevaron a cárceles clandestinas. Estuvieron separados e incomunicados en Nuevo Laredo, pero nosotros no quisimos ir porque están feas las amenazas. Lo más seguro es que los tienen trabajando. Y la policía, el Ejército y el gobierno deben estar bien enterados de esto

¿En que te han convertido Monterrey de mis amores?

Narcoviolencia   Monterrey bronco   La urbe, en la ingobernabilidad, señalan grupos civiles Ahora se le compara con Ciudad Juárez, afirma experto “La plaza vale 40 millones de dólares diarios” Patrullaje militar en Nuevo León, anteayerFoto Reuters   Mauricio Fernández, presidente municipal de San Pedro Garza García, afirma que hace siete años advirtió que “esto se iba a poner feo”, pero “no me hicieron caso”Foto Sanjuana Martínez   Sanjuana Martínez Especial para La Jornada Periódico La Jornada Domingo 29 de agosto de 2010, p. 2 Monterrey vive una sicosis ciudadana debido al aumento considerable de la narcoviolencia: balaceras, granadazos, secuestros, bloqueos, ejecutados y robos han provocado que organismos civiles y la oposición política hablen de “ingobernabilidad” en Nuevo León y exijan la renuncia del gobernador Rodrigo Medina. La ciudad industrial de México se ha convertido, al igual que Ciudad Juárez, en el epicentro de la lucha de los cárteles por el control de una de las plazas más importantes del tráfico y la comercialización de drogas. Ante la estampida de inversionistas, los empresarios alzan la voz y exigen al presidente Felipe Calderón tres batallones adicionales del Ejército y uno de la Marina para “limpiar a marchas forzadas” los cuerpos de seguridad locales, según expusieron en desplegados publicados en los últimos días en los medios de comunicación. El narcotráfico ha sometido al Estado. En tan sólo 11 meses el crimen organizado haejecutado a 61 servidores públicos locales, ha secuestrado a otros 18 altos mandos y cometido 14 atentados, ante la manifiesta incapacidad de reacción del gobierno. El municipio más afectado es Santiago, con 13 ejecuciones y el reciente asesinato de su alcalde Edelmiro Cavazos. Los ciudadanos viven en la indefensión y se aferran a las redes sociales, se organizan a través de Twitter, Facebook y correos electrónicos para tomar precauciones y prevenir bloqueos o balaceras. Otros preparan vigilias espirituales y religiosas para rezar y pedir por la paz arrebatada a una de las ciudades que gozaba de mejor nivel de vida. La “hermosa” Sultana del Norte es señalada ya como “foco rojo” en el último informe de la Asociación de Autoridades Locales de México. “Les advertí hace siete años que esto se iba a poner feo”, dice el alcalde del acaudalado municipio de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, mientras entrega patrullas de alta tecnología a sus policías. “No me hicieron caso. Allí están las consecuencias. Quieren que enfrentemos al crimen organizado con una libreta, una pluma y un pito. Pues está muy cuesta arriba. Necesitamos mucha capacidad de prevención, reacción y equipamiento”. Ingobernabilidad La anarquía es la constante en las calles de Monterrey y otros municipios del área metropolitana. Los narcobloqueos han resultado ser un arma exitosa para el crimen organizado. El factor sorpresa y una impresionante capacidad logística, aunados a la falta de reacción de las autoridades, han generado un ambiente de miedo y zozobra entre la población. En cuestión de minutos los “tapados”, a punta de pistola, sitian la ciudad de manera simultánea en puntos estratégicos y a horas pico para provocar pánico y el mayor daño posible. “Monterrey vive sumido en el caos”, dice en entrevista con La Jornada Tatiana Clouthier, fundadora de la agrupación ciudadana Red Cívica. “Pero hay que hacer retrospectiva. Esto no empezó ahorita. Fue una de las grandes cosas que se criticó al gobierno de Natividad González Parás cuando Rodrigo Medina era el secretario de Gobierno y él mismo se comprometió con cinco puntos a favor de la seguridad. Cinco puntos que no ha cumplido. No solamente no resolvió el problema, sino que ha empeorado. Y es un gobernante totalmente ausente”. Clouthier lleva cuatro años comprometida con actividades sociales y comunitarias y ha creado todo un movimiento a favor de la democracia y en defensa de las libertades civiles y contra la corrupción: “Parecería que hay intereses que quieren que el calor suba para tumbar a Rodrigo Medina y poner a otro peor, pero la verdad es que el gobernador no tiene o no ha mostrado capacidad. Si viene su sustitución no queremos que el nuevo gobernador sea alguien que ya esté en el gobierno actual, ni alguien del anterior. La pregunta es: ¿quién?” No es la única que habla de ingobernabilidad. Las organizaciones Vertebra y Fedeco se han sumado al clamor que exige la renuncia de las autoridades, así como el Partido Acción Nacional a través de un comunicado: “Mientras los ciudadanos queremos paz y tranquilidad, el gobierno estatal nos ofrece discursos y demagogia; mientras los ciudadanos exigen que se haga justicia y se pueda salir a las calles sin miedo, el gobernador Rodrigo Medina nos ofrece frases huecas y excusas absurdas. No podemos permitir que un estado como el nuestro, que fue y ha sido sinónimo de trabajo y esfuerzo, sea hoy sinónimo de ingobernabilidad e inseguridad Lo volvemos a repetir fuerte y claro: Rodrigo Medina no ha podido y no ha querido”. La popularidad del mandatario estatal ha caído en picada luego de que se difundiera información no confirmada oficialmente sobre el presunto traslado de él y su familia a vivir a Texas. Medina ha sido abucheado en actos públicos donde se le grita: “Si no puedes, renuncia”. En la carrera organizada por el consulado estadunidense, algunos deportistas le gritaron: “Ponte a trabajar”. La indefensión Las redes sociales han funcionado con mayor celeridad que los canales oficiales para prevenir los narcobloqueos y las balaceras en las calles. El viernes pasado ocurrió un intento de secuestro en el Colegio Americano, entidad educativa con alto índice de alumnos pertenecientes a las clases más pudientes de Nuevo León. La información que corrió por Twitter y Facebook hablaba de una ofensiva del crimen organizado para plagiar a los nietos de José Antonio Fernández El Diablo, dueño del imperio cervecero Femsa. Sin embargo, el resultado de dos escoltas muertos y cuatro secuestrados fue manejado por la procuraduría del estado como un ataque de sicarios que confundieron al personal de seguridad de Femsa. La censura y manipulación informativa desde las instituciones se enfrenta a un poderoso canal de comunicación en Internet con las redes sociales y el correo electrónico. Es allí donde los internautas anuncian los narcobloqueos y lanzan exigencias como la renuncia de Medina. Los participantes invitan a veces a enfrentar los bloqueos atropellando a los delincuentes o a salir armados a la calle para defenderse o pedir el toque de queda. El sentimiento generalizado de los nuevoleoneses es la indefensión, según reconoce en entrevista Samuel González, especialista en seguridad y ex titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, quien visitó la ciudad para impartir capacitación a los policías regiomontanos: “El estado está con miedo, está hacia atrás. Hay un Ministerio Público que no ve apoyo del gobernador; se va a la retaguardia y hace una huelga de brazos caídos. Eso está pasando en Monterrey, donde todo el sistema de justicia está retrasado en su acción. Tienen miedo y eso incide en el aumento de la violencia. Por eso aquí viven un proceso de espiral de violencia que se está incrementando y va a continuar, aunque hay que decir que esto viene desde 1991”. Explica que otro elemento que explica la falta de respuesta del Estado ante el aumento de la inseguridad es un proceso de descomposición que data de 1995 con presencia importante delnarco: “En ese momento se corrompieron las estructuras de las policías estatales. Se produjeron homicidios fuertes. ¿Qué pasó después? El aumento del mercado delnarcomenudeo. Por eso ahora se compara con Ciudad Juárez”. La gran pregunta que se hacen los especialistas en seguridad y las autoridades es: ¿cuánto vale la plaza de Monterrey para el crimen organizado? González tiene una respuesta: “Un militar en la ciudad dijo que la plaza vale 40 millones de dólares diarios. Estamos hablando de mil 200 millones de dólares al mes; es decir, de 14 mil 400 millones de dólares al año. Hay muchas cosas que están en juego, no sólo el tráfico de droga a Estados Unidos, sino el control de la plaza”. El enfrentamiento entre los cárteles ha aumentado el número de muertos, y la inseguridad en las calles es la constante. En Monterrey las cadenas de correos electrónicos abundan. Promueven la autoprotección. Aconsejan ser prudentes, quedarse en casa, no participar en manifestaciones, bajar el perfil económico para evitar secuestros y optar por el silencio social en lugar de participar en tertulias sobre el tema. Ante la sicosis social, el experto en seguridad Camilo Cantú Aguilar, jefe de Policía y Tránsito de San Pedro Garza García, considera que hace falta que el Estado invierta en servicios de inteligencia para infiltrar las policías y al mismo crimen organizado: “Los helicópteros para prevenir los narcobloqueos son indispensables. El factor sorpresa asusta a los propios policías. Hay que adelantarse, y para eso son necesarios buenos servicios de inteligencia”.

Fosas comunes

Foto: Sanjuana Martínez

Son las diez de la mañana y en el verano de Monterrey el termómetro ya marca los 26 grados. El calor se funde con el hedor de los muertos transportados por una camioneta del Servicio Médico Forense al cementerio municipal. Es el último viaje de los "NR" (No reclamados) y los "NN" (No nombre).

Cientos de cadáveres se amontonan en el anfiteatro. El lugar está saturado y fue necesario contratar un camión frigorífico. Este estacionado afuera custodiado por el ejército, encendido las 24 horas para evitar los olores de la muerte.

Pero esta mañana hay una docena de funcionarios de la procuraduría al pie de una fosa común para dar fe de la sepultura de 33 cuerpos. "Hay que despejar el anfiteatro", repite María Pizaña Campos, la coordinadora operativa del servicio fúnebre. No hay flores, ni cruces, o plegarias.

Desde que Felipe Calderón declaró esta guerra se han registrado 28 mil muertes violentas. Ahora abundan los No Reclamados: "Algunos tienen nombre y apellidos, pero los familiares temen venir por sus muertos y ser involucrados. Se nos ha incrementado mucho el trabajo", dice el doctor Eduardo Villagómez Jasso, coordinador del Servicio Médico Forense.

Hace un mes las autoridades descubrieron tres narcofosas. Había 73 cadáveres. Abarrotaron el Semefo. Solo 7 fueron identificados y reclamados por sus familias. No todos eran criminales. Estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada cuando fueron asesinados, como Sonia Clara Villalobos Zurita, de 18 años. Desde hacía un mes su madre la buscaba afanosamente por las policías denunciando su desaparición. Una tarde salió de su trabajo y mientras iba en su coche por la avenida Constitución otro vehículo la embistió por la parte trasera. Alcanzo a llamarle a su madre para comentarle que los responsables no le permitían salir de su coche. La llamada se cortó abruptamente. Luego apareció su cuerpo descompuesto en la narcofosa de Juárez, Nuevo León.

Los mexicanos hemos tenido que acostumbrarnos a convivir con la muerte. Hay decenas de muertos todos los días. A veces gente que conoces o autoridades, como el alcalde de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos, torturado salvajemente y asesinado dos días después de que un comando lo secuestró en su casa. Amaneció muerto el miércoles, tirado en una cuneta en el mismo municipio que gobernaba.

El olor a muerte es penetrante. Se queda en la nariz durante horas. Y la camioneta que trae a los 33 NR y NN esta mañana no está refrigerada. El tufo a carne podrida tira para atrás. Dos hombres vestidos con mono blanco y tapabocas, abren de par en par las puertas traseras. Allí están los muertos empacados individualmente en bolsas grises. Llevan un número colgado. Es su expediente y los detalles de su autopsia. El tipo de ropa que usaban cuando murieron, sus señas particulares y su ADN.

Como en cualquier guerra, con el aumento de muertos, también han aumentado las fosas comunes: "Son muertitos que nadie reclama. Es bien gacho. Tal vez por eso se escucha el llanto de una mujer a lo lejos. En 22 años que llevo trabajando aquí nunca había visto nada, pero ya van tres veces que el llanto estremece a todos, ¿verdad?", dice el enterrador Humberto Garza, dirigiéndose a sus compañeros que solo asienten con la cabeza.

En México no existe un programa nacional de identificación de cadáveres para cuadrar la información con los cientos de denuncias de desaparecidos interpuestas en los últimos años. Los Estados trabajan por su cuenta. Y si en Nuevo León es asesinado alguien de Chiapas, pues seguramente se irá a la fosa común. No hay programa de información entre procuradurías ni entre las más de 2.000 policías que existen en el país, sobre los muertos.

En la fosa común escavada esta mañana los trabajadores vestidos con el mono blanco sucio bajan uno por uno los cuerpos que expiden un olor putrefacto. Seguramente si no hubiera periodistas como yo tomando fotos los cadáveres serían arrojados a la fosa común sin cuerdas y sin muchos miramientos.

"Nos han tocado decapitados, desmembrados y entambados donde ya casi no podemos hacer nada porque apenas quedan vestigios de restos humanos, por el ácido que utilizan para desintegrar a las personas", dice el doctor Villagómez mientras me muestra el anfiteatro atestado de muertos, en compañía del doctor Isidro Manuel Juárez, jefe del Semefo.

¿Por qué los muertos impresionan tanto a los vivos? Es una pregunta que me hago al llegar a la sala de disección. Hay dos cadáveres. Uno esta completamente abierto del estomago. La cabeza es una especie de tela roja cortada de oreja a oreja que deja ver el cerebro. El impacto es inmediato. Trato de ver hacia otro lado, pero allí esta el hombre corpulento sobre una mesa de acero inoxidable. A su lado hay cuchillos, bisturís, tijeras, pinzas con dientes, sierra stryker para serruchar la cabeza, costotomo para abrir las costillas, y agujas con hilo.

Ambos médicos forenses me miran con naturalidad. Están acostumbrados a convivir con la muerte, aunque la última temporada ha sido terriblemente dura para todos. Han tenido que aumentar la plantilla de personal. Me comentan que nunca habían visto tanta aberración, tanta tortura y ensañamiento con los cuerpos. "Los asesinos usan machetes, dagas, cimitarras, serruchos. Antes no veíamos esto....Es terrible. ¿Cómo es posible que un ser humano haga eso con otro? Estos asesinos son gente que no está bien", dice el doctor Villagómez que además de forense es médico cirujano.

El olor a muerte se impregna en la nariz, viaja al estomago, se anida en el alma. La fragilidad de la vida. Pienso en las madres que buscan a sus hijos, en los hijos que no encuentran a sus padres, en los familiares que siguen esperando con una leve esperanza dar con los desaparecidos. Pienso en esos 33 recién enterrados. En quienes aún los buscan con vida. Pienso en su triste final. Y en las desoladoras y frías fosas comunes.