El apartheid de San Pedro

EL PADRÓN DE LOS SIRVIENTES


Un censo que, según denuncias de organizaciones civiles, se basa en la discriminación y la violación a los derechos humanos funciona en el municipio más próspero de México: San Pedro, Nuevo Léon. “De ti y por ti” es uno de los recursos que utiliza el ayuntamiento sampetrino, a cargo del panista Mauricio Fernández, para justificar su polémico padrón de sirvientes, en el que se registran desde trabajadoras domésticas hasta mozos, jardineros, choferes, albañiles, lavacoches o plomeros. “El 60% de los robos en casa habitación los comete el personal doméstico”, afirma Fernández, político y socio de Grupo Alfa, quien llegó a la presidencia municipal con su campaña “Blindemos San Pedro”.

                     Segregación de sirvientes Foto: Sanjuana Martínez

Por Sanjuana Martínez/Sinembargo

SAN PEDRO, NL. Son las ocho de la mañana. Las “muchachas” empiezan a llegar a la Plaza Fátima. No traen el uniforme puesto, ni la cofia. El aspecto y su piel desvela su oficio. La pobreza tiene color. Y el módulo de credencialización del programa “De ti y por ti” fue colocado en este lugar de contratación diaria con el objetivo de fichar a las sirvientas del gueto.

Las patronas van llegando en sus camionetas Cadillac Escalade, Honda o Jeep. Se estacionan brevemente y el grupo de chicas se arremolina frente a las conductoras. La apariencia cuenta. La Señora hace la oferta laboral: “Necesito una muchacha ‘de quedada’. Le ofrezco mil pesos con comida y todo incluido. Salida el sábado a las cuatro de la tarde. Tengo tres niños pequeños y la entrada es el domingo a las seis de la tarde. ¿Quien está interesada?”. Media docena de manos alzadas. Se da el lujo de elegir. “¿Traes credencial de elector?”, pregunta a una muchacha con aspecto tímido que asiente con la cabeza. “De acuerdo. ¡Súbete!”. El grupo de criadas vuelve a la banca a esperar la próxima Señora.

A un lado, los empleados del ayuntamiento organizan el padrón de trabajadores domésticos que, además de las sirvientas, incluye jardineros, taxistas, mozos, albañiles, eléctricos, plomeros, lavacoches… y reparten panfletos: “¿Piensa usted contratar personal de servicio básico para su casa? Estos son los requisitos mínimos de contratación: solicitar documento de identidad, tomar fotografía, solicitar constancia de buena salud, tener un listado de amigos más frecuentes, novios o parejas; conocer qué lugares frecuenta en sus días de descanso; contar con nombre y dirección del esposo y de su trabajo; no proporcionar las llaves del domicilio y tan pronto se presente alguna anomalía hablar a la autoridad más cercana”.

La discriminación y el racismo que encierra esta medida impulsada por el alcalde del Partido Acción Nacional, Mauricio Fernández, no parece importar a las patronas que llevan a sus domésticas, jardineros y chóferes a registrar. Por el contrario, Jean Genet, quien escribió “Las Criadas” en 1947 se sorprendería de la vigencia de su obra en la inversión de papeles en torno al bien y el mal, y en la defensa de ciertos valores sociales imperantes aún en el municipio más rico de México y América Latina.

De pronto, ante el módulo municipal cinco señoras “blancas”, bien vestidas, piden ser empadronadas como trabajadoras domésticas. Las empleadas del ayuntamiento sorprendidas, desconcertadas, no saben qué hacer y reconocen a una de ellas. Se trata de Tatiana Clouthier, hija del ex candidato a la Presidencia de la República Manuel J. Clouthier y líder de la asociación civil Evolución Mexicana: “Vengo a empadronarme. Yo también soy trabajadora doméstica. Todos los días después de llegar del trabajo cocino, lavo los platos, tiendo las camas, lavo la ropa… Y los domingos barro la banqueta”. Las empleadas con la mirada baja aceptan su solicitud para la credencial del apartehid sampetrino.

Tatiana creció en la colonia Del Valle junto a sus 10 hermanos. Conoce las calles y plazas de este municipio. Conoce los prejuicios, el racismo y la falsa moral de algunos; la generosidad y el compromiso social de otros. Quiso ser alcaldesa, pero Mauricio Fernández, el multimillonario copropietario del Grupo Alfa, le ganó las elecciones con base en un discurso lleno de miedo y con un lema de campaña que lo dice todo: “Blindemos San Pedro”.

Un discurso del miedo que ha seguido utilizando durante su administración: “El 60% de los robos en casa habitación los comete el personal doméstico”, dice para justificar su polémico padrón de sirvientas aprobado en sesión de cabildo.

Mauricio camina por la plaza del casco viejo de San Pedro, frente a la presidencia municipal donde despacha. Asiste a un evento de policías para entregar nuevos vehículos. Va vestido con una guayabera de lino blanco. Su estomago prominente destaca igual que sus zapatos estentóreos. Lleva el pelo engominado y en su discurso sobre seguridad habla sin rodeos de “las fronteras de San Pedro” como si gobernara otro país: “El año pasado vinieron a tirarnos aquí un cuerpo en las fronteras. Los delincuentes lo hacen por fastidiar a San Pedro, no son gente de aquí y nosotros no tenemos problemas de eso ni están operando aquí. Claro que sigue siendo el más seguro, nomás hay que checar las estadísticas. Los problemas que tenemos son en las fronteras y allí estamos trabajando con operativos especiales”.

Efectivamente, a la altura de Santa Engracia, en los linderos de Monterrey, todos los días varias patrullas montan un retén anticonstitucional para verificar la entrada y salida de vehículos. ¿A quién detienen? …. El modelo del vehículo importa. El aspecto y el color de la piel también.

Un padrón de morenas

La división de San Pedro con los otros municipios está hecha a base de montañas. Al cruzar el túnel de la Loma Larga se llega a Monterrey. Es domingo y la Alameda está llena. Es el lugar elegido por las trabajadoras domésticas como punto de reunión. Pasean por las altas arboledas bajo el cantar de los cotorros; ríen, comen y cultivan sus afectos. Son de San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, Chiapas… Hablan náhuatl, mazahua, otomí, mixteco, tenek… Los sonidos dulces y cadenciosos de sus distintos idiomas se escuchan por los andadores y cerca de las bancas. Hasta ahora el ayuntamiento no les ha preguntado su opinión sobre el padrón de domésticas: “Es algo muy feo. Nos ven como delincuentes”, dice Flor, originaria de la huasteca potosina. Tiene el pelo largo y liso, negro azabache. Va vestida con camiseta y pantalón de mezclilla. Sus cuatro hermanas, quienes también trabajan en San Pedro, ríen tímidamente al escuchar las preguntas. Ella es la mayor y contesta: “Quieren saber todo de nosotras, quiénes son tus amigos, tu novio, dónde te juntas. Yo no voy a ir. Lo malo es que al rato van a venir a perseguirnos hasta en la Alameda”.

Al cruzar la calle en una plaza comercial hay una boutique de ropa de mujeres que las Señoras conocen muy bien. Allí funciona una agencia de contratación de trabajadoras domésticas un tanto clandestina. La dueña dice hacer un “servicio social” a favor de estas mujeres. A las Señoras les cobra mil 600 pesos por conseguirles “muchacha”. Y dice que ellas tienen mejores condiciones de vida con sueldos que van desde los 850 a mil 500 pesos: “Ellas son despreciadas en sus pueblos. Allí valen menos que nada. Son mujeres. Son tratadas peor que animales. Por eso vienen. Yo hago lo que puedo. Les hago un favor. Por lo menos les consigo casa, comida y un sueldo”.

Algunas empiezan a trabajar a los 15 años. Llegan con el miedo en el cuerpo, como María, que está sentada en un rincón. Aún con la tristeza en su rostro por haber dejado su pueblo y su gente, dice tener esperanza de encontrar casa, aunque reconoce estar nerviosa: “Claro que hay abusos. A veces las violan, las explotan como esclavas, las golpean. El otro día fui y rescaté a una. Llevaba dos días sin comer. Nomás lavando, planchando y barriendo. Sólo la dejaban tomar agua y comer galletas de animalitos. Son bárbaros. Está bien que sí, pero no”.

La mayoría de las trabajadores domésticas son empleadas sin las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo. La francesa Séverine Durin, afincada en la ciudad de Monterrey, ha estudiado el fenómeno de explotación laboral de las indígenas. Es investigadora del Programa Noreste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y publicó el trabajo “En Monterrey hay trabajo para Mujeres. Procesos de inserción de las mujeres indígenas en el Área Metropolitana de Monterrey”. “El servicio doméstico ‘de quedada’ implica un trabajo de entre 10 y 12 horas diarias, desde el lunes y hasta el sábado después de la comida. En éste se percibe un salario de entre mil y mil 200 pesos a la semana.

En el trabajo les proporcionan alimentación y vivienda, pero carecen de otras prestaciones como los servicios de salud o el pago de aguinaldo o vacaciones, que cuando se proporcionan quedan a discreción del empleador”.

No hay un control ni supervisión en términos laborales. Hay una movilidad intensa de trabajadoras, afirma: “En uno de los casos, el constante cambio de trabajo es explicado por el maltrato perpetrado por patronas muy exigentes que tampoco dan suficientemente de comer a la empleada, tal como lo refiere Teresa: ‘no me sentía bien con la familia, el problema era la comida, me cerraban la alacena y no podía cenar, sólo comía, desayunaba cualquier cosa, una café y unas galletas’”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas pierden su trabajo cuando se embarazan. Las llamadas empleadas “de entrada por salida” tienen otras dificultades, como menos sueldo. Obtienen entre 150 o 200 pesos al día, pero a cambio se sienten compensadas porque pueden sostener relaciones de pareja y la convivencia con sus hijos: “Es importante subrayar cuan difícil puede llegar a ser para estas mujeres que trabajan ‘de quedada’ el hacer su vida y lograr tener una vida de familia propia”. Otro ejemplo que cita es el de Consuelo, quien al separarse, encontró en el empleo doméstico ‘de quedada’ una estrategia para mantener a su hija, pero sin poder convivir con ella hasta sus 10 años de edad. Nábila, por su parte, nunca se casó, y a sus 49 años es soltera y trabajaba ‘de quedada’ desde hace 32 años para la misma familia.

Críticos, “estúpidos” y “malandros”

El padrón de trabajadores domésticos no contempla beneficios laborales para los trabajadores de ese sector. El alcalde Mauricio Fernández Garza anunció hace dos meses, con bombo y platillo, que los empleados que obtengan su nueva credencial tendrán como beneficios la entrada gratuita a biblioteca municipal, exposiciones, conferencias, conciertos, centros cibérneticos y deportivos: “Es un proyecto muy noble, de gran beneficio para el empleado doméstico”, dijo.

No piensa igual Alejandra Vela Garza, directora de Alternativas Pacíficas, asociación en defensa de las mujeres, quien ha exigido que se detengan los trámites del padrón iniciado hace dos meses. Los defensores de derechos humanos y las asociaciones de apoyo a la población indígena se unieron para exigir la suspensión del padrón.

Carmen Farías Campero lleva años defendiendo los derechos de los indígenas y dirige la asociación Zihuame Mochilla, quien encabeza la oposición a esta medida junto a otras 19 organizaciones civiles que presentaron una denuncia ante el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja hizo el pasado 4 de mayo un exhortó al edil de San Pedro para la suspensión del padrón.

También enviaron una denuncia a Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, porque consideran la medida discriminatoria, anticonstitucional y transgresora de los derechos humanos y laborales de los trabajadores domésticos: “Basar la solicitud de empadronamiento en el supuesto de que los robos a casas habitación son cometidos por los y las trabajadoras del hogar, es una generalización que criminaliza a priori a esta población, violando el principio de presunción de inocencia y potenciando el que se cometan abusos de autoridad”.

Además enviaron otra carta al propio alcalde: “El sesgo clasista de su tentativa contribuye penosamente a enfatizar la brecha social cuando divide de antemano a la propia sociedad que compone su municipio en presuntos culpables (a unos) y (a otros) en víctimas potenciales: actitud paranoica y maniquea que linda con principios fascistas y polariza a su ciudadanía en extremos desiguales”.

La reacción del alcalde ante las críticas y oposición a su padrón no ha sido buena. Ha llamado “estúpidos” y “malandros” a sus críticos y ha advertido que el programa de credencialización continuará, ya que no tiene porque “pedir permiso a nadie”. Farías Campera lamenta la poca disposición al diálogo: “El señor tiene su mentalidad que no compartimos, pero de eso a llamarnos estúpidos y malandros no se vale. Tampoco se vale que los trabajadores domésticos tengan que usar un salvoconducto, un derecho de paso para laborar en San Pedro. ¿Dónde está el derecho al libre tránsito? Lo que más molesta es que la discriminación sea por la apariencia. ¿Qué quiere decir este padrón: que cualquier persona morena o de aspecto pobre es posible delincuente? Tampoco eso es cierto. Tampoco se vale. Es como un apartheid”.

En algunas colonias, la credencialización de jardineros o lavacoches ya existe. El documento de identidad a veces tiene una vigencia de tres meses y renovarla tiene un costo. Tatiana Clouthier se empadronó, pero aún no recibe la credencial que la acredita como trabajadora doméstica: “Creemos que este padrón no va a prosperar porque es discriminatorio, violatorio a los derechos humanos y fascista”.

La medida de credencialización fue presentada por Fernández Garza desde el inicio de su administración, pero Clouthier presentó una denuncia ante Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien hizo una serie de recomendaciones sin exigir la suspensión definitiva de la medida.

La primera vez que el alcalde habló ante los regidores del ayuntamiento  sobre su polémica medida fue el 10 de noviembre de 2009. En ese momento ya exhibía sus intenciones: “Es muy importante que primero que todo el servicio doméstico sepa que va a estar vigilado, y que vamos a tener información de él, yo creo nada más por la parte psicológica que esto ayudaría muchísimo a que le piensen dos veces si alguien quiere actuar mal y si actúa mal, pues que sepan que se les va a poner un foco rojo y va a estar difícil que vuelva a conseguir empleo aquí en San Pedro”.

Ser diferente

Arturo Martínez camina por las calles de la colonia Mirasierra. Es plomero y este día tiene que atender un desperfecto en la casa de una Señora a la que desde hace años ofrece sus servicios: “Los policías me detienen. Siento bien gacho. Lo tratan a uno como criminal. Me preguntan a dónde voy, me siguen hasta la casa, llaman a la Señora para confirmar y luego se van. Al rato, van a pedir pasaporte para poder entrar a San Pedro”.

No es el único molestado. Le sucede lo mismo a lavacoches, taxistas, electricistas, mozos, albañiles… Peor aún, el alcalde ha advertido que no permitirá que estos trabajadores usen teléfonos celulares por motivos de seguridad: “No lo pueden usar, y si lo tienen cuando estén realizando su función, pues les quitamos el permiso y van pa’fuera… Yo voy a parar el halconeo. Si les cae bien, pues qué bueno; si no, pues que se vayan a trabajar a otro lado. Si van a traer celular, pues no pueden trabajar en San Pedro”.

La convocatoria para acudir a empadronarse no ha dado los resultados deseados. Al módulo ubicado en los bajos del palacio municipal son pocos los que han acudido, por eso el ayuntamiento ha organizado cuadrillas de trabajadores que casa por casa van entregando solicitud de empadronamiento, o bien llevan los módulos de credencialización a las colonias del municipio. En la colonia San Patricio, por ejemplo, se registraron 57 trabajadores estimulados por sus patrones.

Tatiana Clouthier advierte sobre los riesgos de dar información personal bajo pretexto de un padrón: “Puede ser utilizada con fines electorales. Es muy delicado dar información sin saber a manos de quién va ir a caer; incluso puede ser utilizada para extorsionar. Y se puede revertir. Además, hay dolor por parte de las empleadas que llevan tantos años trabajando aquí. Al final de cuentas son ellas quienes educan y supervisan a los hijos. Y hay que ser agradecidos. Ojalá la gente lo reconsidere”.

Historias de horror en tiempos de la guerra contra el narco...

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La medicina forense: historias de horror en tiempos de la guerra contra el narco

Difícil y espantosa tarea: hallar extremidades que correspondan a torsos desmembrados

Personal del forense de Monterrey levanta el cuerpo de un agente de la Policía Ministerial ejecutado cuando conducía su camioneta, cerca del río Santa CatarinaFoto Notimex

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 19 de junio de 2011

Qué se hace en un anfiteatro con 50 descuartizados?... Para los médicos forenses integrar las piezas de cada persona es una tarea difícil, casi imposible en algunos casos, tanto que algunos familiares deciden enterrar a sus muertos de manera incompleta.En lo que va del año, 50 personas han sido descuartizadas en Nuevo León, la mayoría con el uso de una sierra eléctrica, modalidad de exterminio utilizada en los últimos meses.

Es espantoso, dice el doctor Eduardo Villagómez Jasso, jamás habíamos visto algo igual. Es como si fuera una carnicería con cortes rectos. Ahora agarraron la modalidad de usar sierra eléctrica. Nos llegan pedazos. Unir las piezas es muy difícil. Las manos, los brazos, las piernas y la cabeza. A veces tenemos la mano izquierda, pero nos falta la otra; o sólo la pierna derecha, pero nos falta la cabeza; a veces tenemos la cabeza, pero nos falta el tronco.

La escalada de violencia se ha convertido en una barbarie cotidiana en Monterrey. Hasta el 15 de junio 743 personas fueron asesinadas: tres militares, 67 policías, 28 inocentes y 645 delincuentes, según las estadísticas.

La guerra contra el narco que emprendió Felipe Calderón ha derivado en una auténtica matanza con niveles insospechados de brutalidad y primitivismo, algo que parece no tener fin.

El primer descuartizado del año apareció el 14 de enero frente a las oficinas de Tránsito de San Nicolás; luego, el 21 del mismo mes, el lugar elegido para dejar al siguiente fue el Cedeco. El tercero apareció en calles de Monterrey.

Este método había sido utilizado esporádicamente en el pasado, pero se incrementó considerablemente en los últimos meses. De los 50 descuartizados, 10 eran mujeres. Un total de 12 en Monterrey, dos en San Nicolás, 11 en Guadalupe, seis en Cadereyta, cinco en China, tres en General Terán y cuatro en Hualahuises.

Rompecabezas sin cabeza

A veces los pedazos de los descuartizados son depositados en cubos, costales, bolsas de basura, hieleras... El 9 de marzo fueron encontrados en China dos hombres mutilados y decapitados; el 12, uno en Allende y otro en Los Herreras; el 21, un descuartizado fue dejado en una camioneta en el municipio de Cadereyta.

Los asesinos no siempre colocan juntas las piezas de cada persona: Eso dificulta más la labor. A la hora de armar, nos fijamos en el color de la piel, en los cortes, porque se trata de unir y si embona se va armando el rompecabezas. De cualquier forma, siempre se les toman pruebas de ADN para tener la certeza que cada pedazo, mano, brazo o cabeza corresponden al mismo tronco.

El 16 de abril aparecieron tres cabezas frente a la iglesia de Hualahuises: Luego los cuerpos los dejaron en Los Ramones. Ese caso fue resuelto relativamente rápido porque se encontró el resto y pudimos colocar cada pieza en su lugar.

Sin embargo, no siempre es igual; por el contrario, las piezas van llegando poco a poco o sencillamente no aparecen todas. A veces nos llega sólo la cabeza o viceversa. Cuando nos llega la pura cabeza se estudia y se hace la apertura de la cavidad craneal para ver si trae algún tipo de lesión. Si es el puro tronco abrimos el tórax y el abdomen para ver qué lesiones traía.

A cada pieza se le toman muestras para luego hacer el comparativo. Cuando luego nos llegan las cabezas o los troncos sacamos las otras piezas ya estudiadas para hacer el comparativo y tener la certeza jurídica de que corresponde a esa persona.

Los casos en los que no tienen los cuerpos completos, el agente del Ministerio Público es quien decide si se entregan incompletos a sus familiares después de las pruebas respectivas. A pesar de todo se puede identificar a las personas cuando traen tatuajes, cicatrices o alguna deformidad. Si el familiar lo reclama, lo puede recoger aun sin que no tenga cabeza, aunque normalmente el agente del Ministerio Público se espera para ver si aparece la cabeza o el tronco.

En otros casos, como el de un famoso ladrón de coches apodado La Gata, no ha sido posible. De él nos llegó la pura cabeza, nunca se encontró el cuerpo. Dejaron la cabeza arriba de un coche en la zona de Cumbres. Esperamos unos meses y finalmente entregamos a su mamá sólo la cabeza.

El 10 de junio dejaron una cabeza de mujer sobre la avenida Gonzalitos, junto al restaurante El gran pastor. Todavía no nos llega el cuerpo. El día que nos llegue lo estudiaremos. Son bastantes y tenemos que revisar las fotos, las autopsias, para determinar la identidad.

El número de decapitaciones ha sorprendido al personal forense y la facilidad del método: Usan cuchillos, sierras o serruchos. A veces los cortes no son muy claros, cuando sí, nos damos cuenta que usaron algo muy filoso como un machete. Se ha incrementado en las últimas dos semanas. Antes nos llegaba de repente uno desmembrado allá a las 500, en cambio ahora es frecuente. Y decapitar es relativamente fácil. En el caso del cuello son vértebras que se desarticulan. Nada más con separarlas pueden hacer el corte y se desprende la cabeza del cuerpo. El resto son estructuras blandas, la piel, el tejido celular, la grasa. La vía aérea que es la tráquea, el esófago, todo eso y las arterias, las venas, son estructuras muy blandas que con un cuchillo lo pueden cortar.

Sobrecargados

En el municipio de Guadalupe la violencia se ha incrementado considerablemente debido a la pugna por la plaza entre Los Zetas y el cártel del Golfo; este último culpa a la alcaldesa de pactar con los primeros. Durante el mes pasado hubo seis descuartizados. Los cadáveres fueron dejados frente a la plaza o de las instalaciones de la policía municipal.

Pero el mes más violento ha sido junio. El día primero apareció un decapitado frente al edificio de la policía en Guadalupe; al día siguiente, un descuartizado en Cadereyta; tres días después, otro fue tirado en calles de La Estanzuela; luego, uno más frente a la estación de policía de Guadalupe, y el 7 de junio fueron encontrados cuatro decapitados en Juárez.

Estamos viviendo una cosa nunca vista. Nunca esperábamos que esto aumentara. Ahora están cambiando la modalidad, lo hacen con sierra y en partes... ¿pues cómo?... La mayoría son jóvenes y adictos. Andan matándose bajo el influjo de las drogas.

El doctor Villagómez Jasso ha tenido que incrementar su personal. En los estudios y pruebas pueden ver claramente cómo las personas son torturadas antes de asesinarlas. En la mayoría de los casos les cortan partes pequeñas como dedos, manos, brazos o piernas para mantenerlas con vida. Hay cadáveres que nos han llegado con celulares en las manos... eso quiere decir que estaban pasando información, o con los dedos cortados, lo que significa que apuntaron a otras personas. Son símbolos que hay que traducir en su lenguaje.

Más anfiteatros

Los médicos forenses han tenido este año un aumento considerable de trabajo. En un solo día, el 15 de junio, recibieron 32 cadáveres. Hubo cinco descuartizados, una decapitada y tres mutilados; un día antes encontraron una mujer decapitada y otro descuartizado y el día anterior cuatro más.

Ante el incremento de cuerpos el doctor Villagómez Jasso ha solicitado un nuevo cuarto frío. Desde hace unos meses funciona el anfiteatro de Melchor Ocampo, en el centro de Monterrey, donde actualmente hay más de 50 cadáveres. Son muchos. Teníamos programada la inhumación para el día de hoy, pero hubo un problema con el municipio de Monterrey.

En lo que va del año han requerido de dos fosas comunes para sepultar a los no identificados. Ahora tienen 63 cuerpos sin reclamar, y donarán cinco a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La mayor parte de los muertos no son reclamados. Es por la migración de delincuentes. No se identifican. La mayor parte de ellos no son de aquí. Igual le pasa a otros estados. Tal vez los de Monterrey andan metidos en Sinaloa o en Chihuahua y viceversa.

Uno de los problemas es que hay familiares de desaparecidos que no se han tomado las muestras para el ADN, y el otro y más importante es la falta de infraestructura del Estado que carece de un registro nacional de identificación de cadáveres. El pasado 9 de junio los procuradores aprobaron la creación de bancos de identificación genética y un registro de personas reportadas como desaparecidas. La Procuraduría General de la República se comprometió a iniciar, con más de 10 mil 500 muestras genéticas, el banco de datos de personas presuntamente asesinadas por el crimen organizado que no han sido reclamadas por sus familiares.

Los cuerpos encontrados en las narcofosas tienen un grado de dificultad para su identificación por el tiempo transcurrido. En San Fernando, Tamaulipas, han encontrado 47 fosas con 236 cadáveres; otras siete con 234, en Durango; una con cuatro cuerpos, en Michoacán; dos con cinco, en Jalisco; tres con siete, en Nuevo León, y ocho con 14, en Acapulco: “En este caso se batalla más porque los cuerpos casi no están reconocibles.

“Hay que esperar para la identificación por las muestras de ADN; el odontograma, por algún defecto, ropa o tatuajes. Son demasiadas narcofosas en el país. Apenas ahora se están empezando a sentar las bases para un registro nacional de identificación. Obviamente, el Estado debe tener la infraestructura para procesar las pruebas. En el país hay mucha disparidad de recursos. En Chiapas, por ejemplo, están muy mal. Es urgente una base nacional de datos, para darle seguimiento a los cuerpos no reclamados y cruzar información.”

Piden suspensión de garantías...

La militarización avanza en Nuevo León

Foto: Carlos Ramos Mamahua

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Sábado 5 de febrero de 2011, p. 36

Camilo Cantú sabe que puede morir en cualquier momento. Duerme pocas horas al día y en cinco casas diferentes. Cambia diariamente su camino para ir al trabajo, modifica los horarios, hace rotación de escoltas y coches. Conoce su trabajo, lleva 45 años como policía. Dice estar viviendo el peor momento de su vida. Lo han encañonado, baleado, rafagueado: De milagro sigo aquí. Será porque tengo varias vidas.

Es director de Policía y Tránsito de San Pedro Garza García, en Nuevo León, un estado donde asesinaron a 21 policías y agentes de tránsito durante enero pasado y ejecutaron a más de 100 personas. La caza de elementos de seguridad sigue siendo uno de los objetivos del crimen organizado: 13 municipios se han quedado sin policía por las renuncias masivas.

El déficit policiaco alcanza hasta 30 por ciento en el estado, según datos oficiales. La militarización avanza. Seguridad Pública ha integrado a más de 300 soldados para realizar funciones policiacas vistiendo el uniforme azul, patrullando en unidades de la corporación, pero usando armas largas de uso exclusivo del Ejército.

Los militares también participan en las Bases de Operación Mixta, los 43 retenes policiacos llamados filtros de seguridad, el operativo del blindaje carretero y los grupos antibloqueos.

Las voces en contra de la suplantación surgen: “Jamás se justifica que alguien se quite la cachucha de militar para disfrazarse y ponerse otra, entonces cualquiera lo puede hacer. Así como se disfrazan unos de policías, otros lo hacen de zetas. No porque son autoridad tienen derecho a disfrazarse de lo que les dé la gana”, señala en entrevista Tatiana Clouthier, quien lidera el movimiento ciudadano Evolución Mexicana.

La militarización de Nuevo León la encabeza ahora el nuevo secretario de Seguridad Pública, el general de división Jaime Castañeda Bravo, quien sustituyó a Luis Carlos Treviño Berchelmann. Es el tercero en el cargo en 16 meses del gobierno de Rodrigo Medina.

Los abusos cometidos por militares en la entidad y denunciados por organismos de derechos humanos no han sido atendidos por el gobernador, según el reciente informe de Human Rights Watch, que investigóejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones por parte del Ejército, las policías y la Marina.

Cada vez más, militares y ex militares son integrados a las corporaciones e instituciones, realizan labores de escoltas con funcionarios y conforman las llamadas guardias blancas del empresariado regiomontano. Camilo Cantú lo justifica. Reconoce que su grupo rudo está formado por 20 hombres que antes fueron soldados: Todos mis escoltas han sido militares, son gente de honor. Están equipados con lo mejor, traen láser, armas largas, chalecos antibalas. Todos han sido miembros del Ejército y necesitamos más y más equipo. Ahora quiero 2 mil cámaras para vigilar las calles.

El ambiente marcial ha crecido tanto que los sectores que piden la aplicación del estado de excepción aumentan: Queremos la suspensión de garantías. No pasa nada. La población lo necesita e incluso ya lo está aplicando. ¿Ha salido a las 9 de la noche? No hay nadie en las calles. El Estado está rebasado, dice en entrevista Ervey Sergio Cuéllar Adame, presidente de la Comisión Ciudadana de Tránsito.

Más de 20 organizaciones de la sociedad civil se han reunido en varias ocasiones para intentar un consenso:Hay dos posturas: unos dicen que la sociedad debe tomarse de la mano del Ejército para declarar el estado de excepción, porque el gobierno está hecho un caos. Y otros piden que Felipe Calderón declare el fin de la guerra. Pero ante la ausencia de autoridad, el exceso de corrupción y la falta de estado de derecho, la gente pide un estado de excepción, comenta Clouthier.

La cacería

Ser policía lleva un riesgo latente ahora más que nunca. Es miércoles 2 de febrero y Camilo está acuartelado desde hace unas horas. Hay balazos en la calle. La Marina acaba de matar a cuatro supuestos narcos. Tiene un rifle 223 al lado de su escritorio y una pistola encima: “Hemos decidido replegarnos todos los días cambiando rutinas. Cuando hacemos operativos,una patrulla es seguida por otras más a 15 o 20 metros. Estamos viviendo una cacería de policías”.

Las fuerzas de seguridad han enfrentado la disyuntiva impuesta por los cárteles de la droga de plata o plomo (aceptar dinero del narco o la muerte). La plaza cambia de control. El enfrentamiento entre los Zetas y elcártel del Golfo ha dejado un reguero de sangre. Las estrategias para la caza de elementos de seguridad van desde las emboscadas con base en llamadas de auxilio que resultan falsas, seguimiento, persecución en las calles mientras patrullan, granadazos y los llamados levantones.

Camilo patrulla en un auto blindado. Uno de sus objetivos es preparar a 26 policías para las armas largas de uso exclusivo de los militares: “Estamos avalados. El Ejército está de acuerdo. Esta matazón de policías lo que busca es bajarle la guardia al gobierno federal. Si antes los policías estaban comprados por unos y llegaron otros a hacer una limpia, desconozco. La policía ha sido utilizada, no digo que no haya infiltración, pero también faltó la motivación para que esa policía no fuera distraída de sus funciones”.

Estampida policial

Hasta hace unos meses el sueldo de los policías oscilaba entre los 5 mil pesos. Ahora, la corporación estatal ofrece más de 12 mil y prestaciones para estimular la entrada de nuevos elementos, ante las constantes bajas producto de los asesinatos que afectan también a la seguridad vial.

Los últimos elementos ejecutadosfueron dos motociclistas regiomontanos cuando iban a multar a un conductor. El Ayuntamiento de Monterrey decidió entonces dotar de chalecos antibalas a sus agentes de tránsito: “Son 50 chalecos y queremos 100. Sabemos que esto no resuelve el problema, porque la seguridad debe ser resuelta por el Estado, pero el Estado está rebasado. Y lo que está claro es que losnarcos tienen mejor armamento y mejor sistema de inteligencia”, afirma Cuéllar Adame.

Ante la ola de ejecuciones, los agentes de tránsito son acuartelados por la noche y a partir de las ocho ya no patrullan las calles, sólo atienden las llamadas de accidentes viales:Estamos viviendo una especie de guerra de guerrillas. La gente vive en la zozobra. Hay mucho maleante y tenemos que restringir la actividad, comenta.

A la narcoviolencia se han unido los delitos del fuero común. Monterrey tiene el primer lugar a nivel nacional en robo de coches según un estudio de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA). El año pasado se robaron 5 mil 618 vehículos, 40 por ciento más que en 2009, lo cual significa un promedio de 15 autos robados al día. También han aumentado los secuestros, los robos a mano armada en la calle y a casas habitación.

La seguridad se le fue de las manos al gobierno porque, dice Clouthier, crearon al monstruo y ahora no pueden pararlo: “Es como Frankenstein, ya no saben cómo resolverlo, pensaron que tenían el control, pensaron que jugar alnarquito o al narcopolítico iba a ser más fácil y ahora resulta que ya no saben cómo meter la reversa. Se metieron a jugar un juego que no conocen y ahora no saben cómo salirse. El estado ya no tiene tiempo.”

La sociedad civil intenta implicarse de una forma u otra. Decenas de madres de familia han decidido inscribirse en el programa Alto, mamás vigilando para hacer labores de tránsito en zonas escolares solo por las mañanas. El toque de queda ya existe, dice Cuéllar Adame, ahora falta una estructura de seguridad que incluya a los militares: Las armas no van a arreglar la seguridad si no se tiene un sistema de inteligencia.

Sin candidatos

Los asesinatos, amenazas y agresiones a las corporaciones policiacas han provocado una baja considerable en el reclutamiento de efectivos a pesar de que la oferta laboral pueda resultar más atractiva con aumento de sueldo y prestaciones.

En el país existe un total de 135 mil 555 personas que ejercen tareas de seguridad pública en los 2 mil 440 municipios y 16 delegaciones del país, lo cual equivale a que un policía debe velar por la seguridad de 960 personas, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La meta del gobierno de Nuevo León es reclutar mil 700 policías cada año, objetivo difícil de cumplir ante la actual situación: Es algo muy difícil. Tenemos un déficit de policía muy grande. Se necesitan muchos y cada vez hay menos candidatos. Hay quien dice claramente prefiero hacer otra cosa que vivir en riesgo. Y sí, evidentemente todos sabemos que es un trabajo riesgoso; ahora más, comenta en entrevista Leonor Castillo Treviño, instructora de policía con 11 años de servicio.

Su misión actualmente es preparar a los elementos que pretenden acceder a la entrega de una arma larga de uso exclusivo del Ejército: Tomamos en cuenta su expediente, antigüedad, comportamiento, exámenes de confianza, el nivel físico y mental, para poderles dar una arma larga. Se necesita mucha vocación de querer servir y proteger a la comunidad. No cualquiera la tiene.