lunes, 29 de octubre de 2012

Una tragedia humanitaria


En busca del sueño americano
Desatiende el Estado la tragedia que viven migrantes en el país: ONG
Son extorsionados por policías, quienes los entregan al crimen organizado, afirma el director de la Casa Nicolás, en Monterrey
De las decenas de miles que cruzan México al año, cada vez menos usan la ruta noreste, por la inseguridad y falta de solidaridad
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La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, en conferencia de prensa en el Distrito FederalFoto María Luisa Severiano
Sanjuana Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 28 de octubre de 2012, p. 2
Lo abandonamos; lo dejamos gritando cuando empezaron a machetearlo. Saltamos del tren dejando al amigo sufriendo, muriendo, pues, dice llorando el hondureño Diego Guillermo Barajas, de 22 años, mientras lava su ropa en un fregadero del albergue católico Casa Nicolás Centro de Apostolado San Nicolás de Tolentino, el único en Monterrey y el noreste de México, una ruta de paso cada vez más peligrosa y solitaria hacia Estados Unidos.
Se seca las lágrimas; dice que la culpa no lo deja dormir. “Seguía yo, por eso no me quedé; no pude salvarlo, no pude. Éramos cuatro, nos conocimos en el camino. Llevábamos muchos días caminando y nos subimos a un vagón de tren para dormir. Extendí un plástico negro para acostarme cuando se subieron varios hombres armados con machetes; uno de ellos agarró a mi amigo y lo hincó. Le dijo: ‘¿con quién vienes? ¿Con esos tres? ¿Quién te mandó, hijo de puta?’, y vimos cómo le dieron los primeros dos machetazos, así nomás, sin razón. Él empezó a rogar: por mi madrecita, yo no he hecho nada. Luego corrimos a la montaña. Nos pasaron cosas bien gachas... de los cuatro sólo quedé yo”.
            El hondureño Diego Guillermo Barajas. Foto: Sanjuana Martínez 
¿Cuántos migrantes han muerto o desaparecido en su paso por México? Los números de las ONG hablan de una verdadera tragedia que no está siendo atendida por el Estado. El noreste es el trampolín y ya no hay migración masiva, sólo pequeños grupos. La mayoría de los que llegan es porque están bien conectados en la frontera, y si no, pues se quedan en Monterrey, una ciudad muy violenta y poco solidaria con la migración centroamericana, lo que ha provocado una baja considerable en el flujo migratorio en esta zona, dice Arelí Palomo, investigadora de campo para Idheas, Litigio Estratégico de Derechos Humanos, AC.
El trampolín
Fredy Mondragón lleva 19 días de viaje desde que salió de su natal Colón, Honduras. Es la primera vez que intenta cruzar a Estados Unidos; va a Los Ángeles, California, donde viven dos hermanas. Apenas se subió a La Bestia, en cuyo techo viajan hasta mil centroamericanos diariamente, fue testigo de cómo caían tres compatriotas: o mueres en accidente o te matan los mentados grupos del crimen organizado, dice sonriendo.
Está en el dormitorio de la Casa Nicolás; viste pantalón corto color café y camiseta blanca. El lugar está casi vacío, pero tiene la firme intención de llegar a Reynosa, donde lo espera un pollero para pasarlo. En Honduras trabajaba en la siembra de maíz, frijol y café. Ganaba 100 dólares al mes. Con eso no se vive, por eso me armé de valor para pasar por aquí y llegar al otro lado, donde dicen que puedo ganar hasta 2 mil 500 dólares a la semana.
Al lado están Erick Eduardo Rivas y el sobrino de éste, Juan José Rivas. Quieren ir a Carolina del Norte, donde trabajarán en un yonke si finalmente alcanzan su destino. Es una ruta muy peligrosa. Vimos cómo en Veracruz a un señor lo mataron a machetazos; le abrieron el estomago frente a todos. En Lechería vimos cuando un señor se cayó del tren y le partieron las piernas. También, cómo unos hombres con metralleta y puñal bajaron a cuatro muchachas y se las llevaron, dice Erick Eduardo.
               El dormitorio de Casa Nicolás. Foto: Sanjuana Martínez 
Su sobrino, Juan José, de 20 años, recién casado, dejó a su bebé para buscar progresar, porque como campesino no podía ni mantenerse solo: Con todo lo que he visto me dan ganas de regresarme. Es más, si me llegan a deportar, no vuelvo. Quiero llegar, pero a la vez me da miedo.
Lo más difícil de soportar, además del miedo –dice–, es el hambre. Es lo que más pesa, las ganas de comer. Son días enteros sin probar nada. Uno se siente desmayar, pero el recuerdo de tu gente te hace seguir.
Dice que le gustaría quedarse a trabajar en Monterrey, ya que tiene conocimientos en soldadura, aunque también de eso tiene miedo. El albergue tampoco es un lugar seguro. Hace tres meses secuestraron a tres migrantes hondureños: Jesús Olmos García, Moisés Javier Carrasco y Carlos Alfredo Álvarez, de 17, 20 y 29 años. Esperaban ingresar al centro ubicado en el municipio de Guadalupe cuando pasó una camioneta con hombres fuertemente armados y se los llevaron.
Los centroamericanos son secuestrados como negocio, para pedir rescate a sus familiares de Estados Unidos, o bien, para reclutarlos en los grupos del crimen organizado. Este es un corredor de paso a la frontera. Monterrey es una plaza dura, conflictiva, y el migrante olfatea, se comunican entre ellos. Cada vez llegan menos, ya que es un lugar con poca solidaridad para los migrantes. Los policías los detienen para extorsionarlos y luego los entregan a los grupos del crimen organizado, afirma el presbítero Luis Eduardo Villarreal Ríos, director de la Casa Nicolás, abierta en 2008 con cupo para 75 personas.

El sacerdote Luis Eduardo Villarreal con Rosy García Ita y Alejandro Ramírez.Foto:Sanjuana Martínez
Está sentado en un comedor amplio y vacío; apenas hay tres indocumentados en la estancia, tres más en el cuarto de hombres y una mujer en la otra sección.Mientras a Saltillo, Coahuila, llegan oleadas de más de 100 al día, aquí apenas tenemos a 15. Hay mucho miedo. Nos acaban de secuestrar a tres chavos. Seguramente para reclutarlos para trabajo forzado o de sicarios. Incluso, a veces sentimos que tenemos la casa cercada.
Heidi Marisela, de 20 años, dejó San Lorenzo Valle, Honduras, hace 20 días. En la travesía ha padecido todo tipo de abusos. Los garroteros que cuidan el tren le quitaron los 700 pesos que traía y la golpearon. Están acostumbrados a abusar de las mujeres migrantes a cambio de permitirles subir al tren.
Se estima que seis de cada 10 son violadas. Según estadísticas de la Secretaría de Gobernación, anualmente ingresan a México más de 150 mil indocumentados, pero según las organizaciones no gubernamentales, en realidad son alrededor de 400 mil, de los cuales 30 por ciento son mujeres.
  Heidi Marisela ha vivido un calvario en su camino a USA. Foto: Sanjuana Martínez
El coyote, a quien le pagó mil 500 dólares, la abandonó. Su meta ahora es llegar a Piedras Negras, donde la espera doña Lourdes, el enlace con el pollero,quien finalmente cobrará 3 mil dólares, que serán pagados por su hermana, quien vive en Virginia.
“Policía, migración y crimen organizado lucran con los indocumentados. Los agreden los grupos del hampa, luego los garroteros, el chofer y los coyotes, y siguen siendo invisibles, sólo se percatan de ellos cuando encuentran sus cadáveres”, dice el sacerdote Villarreal.
Heidi Marisela sonríe. Cuenta que vivía con su hermana en Virginia y trabajaba en un restaurante lavando platos, pero las autoridades migratorias de Estados Unidos la deportaron el pasado 17 de abril. Estuvo presa tres meses y medio vestida con uniforme naranja. Compartía celda con una argentina que continuamente abusaba sexualmente de ella con la amenaza de asesinarla: Aun así, quiero volver. Cuando uno pasa para el otro lado siente una vida nueva; algo maravilloso, dice convencida.
Está sola en el dormitorio de mujeres de la Casa Nicolás. Tiene los ojos color miel y una sonrisa que deja ver la pérdida de varios dientes frontales. Dice que en Honduras trabajaba en una empacadora de melones y camarón. Le pagaban dos lempiras por libra, con lo cual no podía vivir. Los mareros la perseguían constantemente e intentaron violarla: Fue horrible. Vida solo hay una. No vale la pena volver a Honduras. Prefiero arriesgarme.

lunes, 22 de octubre de 2012

También hay finales felices


Al rescate de Indocumentados
Con los migrantes, estamos haciendo trabajo del gobierno
Lleva 67 rencuentros la caravana de madres centroamericanas
Hay unos 70 mil desaparecidos en este sexenio, dice Solalinde
Fray Tomás: ya nos hemos profesionalizado en la búsqueda
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Integrantes de la caravana de madres centroamericanas durante sus recorridosFoto Sanjuana Martínez
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Integrantes de la caravana de madres centroamericanasFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 21 de octubre de 2012, p. 2
A Felipe Calderón no le importan los vivos ni los muertos, dice de entrada el sacerdote Alejandro Solalinde al calcular la desaparición de 70 mil migrantes en México y considerar que todo el norte del país es un cementerio lleno de fosas clandestinas en la ruta de estados gobernados por el PRI, donde han muerto, dice, la mayoría de migrantes.
Y el próximo gobierno de Enrique Peña Nieto menos va a invertir en la cuestión forense ni en la localización de miles de personas. ¿Le van a descubrir a Fidel Herrera todos los muertos en su periodo o ahora a Javier Duarte, Egidio Torre, Rodrigo Medina, los Moreira... y a los demás gobernadores?... No, no lo van a hacer, lo van a tapar, lo van a seguir tapando. No van a buscar a los desaparecidos, al menos, no en esta generación, dice de manera estoica el sacerdote, integrante de la Pastoral Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, que ha entregado su vida a la defensa de los migrantes.
Para el sacerdote Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, la caravana de madres centroamericanas es la expresión de un drama que intenta interpelar las conciencias de autoridades y ciudadanos: Estas mujeres tan pobres, salen con muchos sacrificios para buscar a sus hijos, que según cálculos nuestros son 10 mil, pero la cifra se eleva a 70 mil con los números de otras organizaciones.
A su paso por Monterrey, la octava caravana de madres centroamericanas está formada por 53 mujeres, de entre 30 y 77 años. Recorrerán 4 mil 600 kilómetros en 14 estados y 32 localidades de la República.
Los rencuentros
Caminan despacio, con la mirada triste y la foto de sus hijos al cuello. Las huellas de tanto trabajo se reflejan en sus manos, en su rostro avejentado prematuramente por la extrema pobreza. Van en silencio, reivindicando la localización de sus hijos desaparecidos. Saben que el milagro puede ocurrir. Las caravanas han empezado a dar sus frutos: 67 migrantes se han rencontrado con sus madres. En días recientes, van cuatro localizaciones. Y esta vez, el nombre del recorrido lo dice todo: Liberando la esperanza.
Siento pesar y alegría en mi corazón, dice con humildad Silveria Campos Rivera, originaria del departamento de Lempira, en Honduras. Estoy alegre porque por fin pude ver a mi hijo, que hacía nueve años que lo había perdido. Me alegro porque lo encontré. Pero me siento triste por mis compañeras que aún buscan a sus hijos.
             Silviera Campos, con pesar y alegría. Foto: Sanjuana Martínez 
Cervelio Mateo Campos no ha cambiado mucho a pesar de los nueve años transcurridos. Un día se despidió de Silveria para irse a Estados Unidos, pero elsueño americano quedó frustrado. Al no poder pasar la frontera, decidió quedarse en México y perdió definitivamente el contacto con su familia.
Hace dos meses, Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, le llamó para darle la noticia: Hemos encontrado a tu hijo. Está en Jalapa, Tabasco, le dijo mientras Silveria soltaba un profundo llanto contenido de alegría.
Desde ese día, esperó pacientemente a que llegara el rencuentro. Nerviosa, con la incertidumbre de reconocer su rostro después de tanto tiempo; reteniendo el anhelo de abrazarlo, se llevó una gran sorpresa cuando lo vio finalmente aparecer por la puerta del albergue La 72: Venía con dos niños chiquitos, con mis nietos, mis nietos mexicanos. Se casó con una muchacha de aquí. No lo podía creer. ¿Será cierto?
Silveria está sentada en una mesa del albergue Casa Nicolás, dirigido por el sacerdote Luis Eduardo Villarreal Ríos, dedicado a la defensa de los grupos más vulnerables, quien les da la bienvenida. Aún no se repone del feliz impacto emocional del rencuentro: Nosotros somos muy pobres, en esos años no había celulares. Mi hijo perdió la comunicación porque no tenía cómo llamarnos y luego perdió el contacto. No me importa, estoy en paz porque ya lo encontré. Eso es lo importante, dice al comentar que, por solidaridad, continuará acompañando a sus compañeras centroamericanas que buscan a sus hijos.
Milagros anunciados
Estamos encontrando a los migrantes, estamos haciendo el trabajo del gobierno, dice fray Tomás González, director del albergue La 72 y del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, mientras acompaña a las madres centroamericanas en la caravana. Antes veníamos a la buena de Dios y encontrábamos lo que cayera. Ahora nos estamos profesionalizando más en los sistemas de búsqueda, gracias a las tareas de los albergues en el país.
Este fraile, de 38 años, ha recibido hostigamiento y amenazas de muerte de las autoridades migratorias, el crimen organizado y el Ejército, por su férrea defensa de los migrantes: Algún día vamos a juzgar a Felipe Calderón por todos los crímenes, este es el peor sexenio en la historia de México en cuanto a migración. Y va de mal en peor. Por eso hemos decidido, nosotros mismos, buscar a los migrantes.
Una búsqueda que ha dado verdaderos milagros, como el de Gabriel Salmerón Hernández, de 30 años, originario de San Pedro Sula, Honduras, quien después de seis años se rencontró con su madre.
Gabriel Salmerón con su madre Olga Marina. Foto: Sanjuana Martínez 
Ambos están sentados comiendo un plato de frijoles y papas con huevo. Sobre la mesa hay un ramo de rosas, en tanto que Olga Marina Hernández acaricia a su hijo. La última vez que le pasó la mano por el cabello fue en la estación de autobuses de Congolón, Honduras, al darle la bendición antes de iniciar su viaje rumbo al sueño americano.
Después de eso, cruzó la frontera de Guatemala por El Naranjo y la última vez que llamó a su madre fue desde Tenosique, Tabasco, donde tomó La Bestia, el famoso tren repleto de centroamericanos: Me dejaron tirado en un rancho y me fui caminando durante tres días, hasta que se me hicieron unas ampollotas en los pies y ya no podía seguir. Por allí van cientos de migrantes caminando en la noche y en la madrugada y me ayudaron a seguir.
En Tamaulipas, contactó un coyote, que finalmente se negó a pasarlo debido a las recientes redadas. Fue entonces cuando decidió quedarse a trabajar en Nuevo Laredo, apoyado por una trabajadora sexual. Conoció la vida nocturna, las drogas y el alcohol. Así vivió durante meses, hasta que decidió irse a vivir al Distrito Federal, viajando como polizón en un tren de mercancías, que finalmente lo dejó en Monterrey.
Eran las cuatro y media de la mañana. Me bajaron en Lincoln, cerca del municipio de Escobedo, y aquí me quedé, dice mientras enrolla una tortilla caliente que se lleva a la boca. Durante tres años bajó a los submundos de la droga:El día en que llegué me encontré a unos chavos locos en la calle y me invitaron a vivir en una choza, donde tenían una Santa Muerte. No tenía de otra, me quedé con ellos y empecé a trabajar de albañil. Siempre teníamos que andar bien drogados para aguantar. Me hice drogadicto. Consumía de todo: mariguana, cocaína, piedra... de todo.
Hace tres años, caminaba drogado por las calles de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, una zona marginada de Escobedo, cuando unos chicos lo invitaron a pasar a la iglesia Cristo Vive. “Me dijeron: ‘dale una oportunidad a Cristo para que haga un milagro en tu vida’. Yo les dije que yo no podía pedir nada a alguien en quien yo no creía. Hicieron una oración y empecé a ser corregido por él y me hizo el milagro, por eso yo voy a hacer realidad el sueño de Dios: voy a implantar este ministerio en Honduras”, dice utilizando un tono de nuevo pastor cristiano que ofrece testimonio.
Fue por medio de la iglesia con un albergue para migrantes en Escobedo como se enteró, en diciembre pasado, que su madre lo buscaba. Ahora la abraza, la besa y ambos lloran sin importar el bullicio de celebración por el rencuentro. Alrededor de la mesa hay jóvenes que portan camisetas con la leyenda Adictos a Cristo; sirven comida, mientras Olga Marina Hernández es felicitada por las demás madres: Cristo hizo el milagro. Yo sentía que él estaba vivo. Ahora lo dejo en manos de Dios. Voy a seguir con mis compañeras, con ellas vine, con ellas me voy. Ahora tenemos más esperanza.

lunes, 15 de octubre de 2012

¿Será mi hija?... una bolsa con 166 fragmentos


Autoridades entregan restos a familiares, sin datos que confirmen su identidad
Hay intentos oficiales de dar carpetazo a casos de desaparecidos: activistas
No me mostraron fotos ni las pruebas de ADN, expone en Nuevo León madre de una víctima
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Familiares de Brenda Damaris, durante una manifestación en Nuevo LeónFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 14 de octubre de 2012, p. 15
Juana Solís Barrios no sabía qué hacer cuando la Procuraduría de Justicia de Nuevo León le dijo que había encontrado a su hija, Brenda Damaris González, desaparecida el 31 de julio del año pasado. Está muerta, la encontramos hace un año, pero hasta ahora tenemos las pruebas de ADN, dijo la jefa del Laboratorio de Genética Forense.
¿Dónde la tienen?, preguntó ella a punto de desvanecerse por el impacto emocional. Está en una bolsa. ¿Para qué la quiere ver? Mejor conserve su recuerdo de cuando vivió con ella, porque se va a llevar un fuerte impacto, le contestó la funcionaria de la procuraduría de Nuevo León y le entregó solamente una acta donde se le notificaba la entrega de 166 fragmentos.
No me enseñaron ni las fotos de los restos, tampoco me permitieron ver la bolsa, mucho menos abrirla. ¿Qué hacía? ¿Era o no mi hija? Pensé que cualquier ser humano merecía una santa sepultura. Decidimos enterrarla, aunque no sea mi hija. No me entregaron el expediente con las supuestas pruebas de ADN, ni me dijeron la forma en que murió, ni cómo la encontraron, nada... Mi corazón de madre me dice que mi hija no está en esa bolsa.
Con la mirada perdida, Juana Solís permanece rodeada de su familia. Dice que no puede llorar. Vive en una diminuta casa de interés social, en un cerro desértico del municipio de García, Nuevo León, una zona controlada por Los Zetas y donde han desaparecido decenas de mujeres jóvenes, como su hija, quien tenía 25 años. Su familia acudió al llamado por el supuesto hallazgo de Brenda Damaris. Están sentados afuera de la vivienda y en la sala. Todos en fila, en silencio, desconcertados; sin saber si lloran o no.
No siento que sea mi hija, mi corazón me lo dice. Yo voy a seguir buscándola, comenta con seriedad mientras espera en el anfiteatro la llegada de los restos. Su hermana, Irma, recibe la pequeña bolsa negra de plástico, cuyo contenido es extendido en una plancha de acero inoxidable: Son puros huesos llenos de tierra y sólo la parte de atrás del cráneo. ¿Cómo es posible que la hayan encontrado tres meses después de desaparecida y no me entreguen su ropa o su cabello?... No les creo nada.

Voy a enterrarla aunque no sea mi hija
Dos días antes, Juana Solís se había enfrentado verbalmente a un grupo de militares que descubrieron una fosa clandestina en La Huasteca, donde había varios cuerpos: “Llevaba mi manta con la foto de Brenda Damaris y me detuvieron y me dijeron que me iban a arrestar porque llevaba una narcomanta, y que eso era delito. Es muy sospechoso que dos días después me digan que encontraron a mi hija”.

En el cementerio de García los familiares de la joven van llegando con la misma confusión. Fue un breve servicio, con prisas, sin funeral, ni flores. El Ministerio Público obligó a la funeraria a llevar el féretro directamente al panteón:Voy a enterrarla aunque no sea mi hija. Pero a mí no me van a callar; soy muy terca y no me dejo de nadie. Voy a seguir luchando hasta encontrar a mi hija, me tope con quien me tope.
Carpetazos
Recientemente, este tipo de entrega de restos a familiares de desaparecidos ha llamado la atención de Ana María Talavera, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: En este fin de sexenio están queriendo dar carpetazo a los asuntos. Estas resoluciones sobre entrega de restos es totalmente absurda, incongruente y cínica. No tienen escrúpulo alguno de entregar restos con tal de callar a las víctimas.
Esta profesora de literatura inglesa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que también perdió un hijo de forma trágica, se unió a la búsqueda de la verdad con el movimiento dirigido por Javier Sicilia y ha recorrido el país exigiendo justicia para los miles de desaparecidos y asesinados de la guerra.
La forma en que la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, a cargo de Adrián de la Garza, ha entregado los supuestos restos de Brenda Damaris González Solís le ha causado una profunda indignación: La encontraron supuestamente tres meses después de desaparecer. ¿Por qué no le dieron aviso a la familia? Si sacaron fotos, ¿por qué no las muestran?; si analizaron el ADN de los restos, ¿por qué no está el parte médico forense? Ni siquiera les han dicho la causa de la muerte.
En México no existe un banco nacional de datos para cruzar pruebas de ADN con los más de 10 mil cadáveres sin identificar que hay en el país. Y la organización no gubernamental critica la falta de protocolos de las autoridades para conducirse en términos de identificación de desaparecidos: Evidentemente esta entrega de restos es una mentira, no podemos tragarnos una cosa así. A todas luces es mentira.
En este caso, Juana Solís hizo todos los trámites, pero sin ningún representante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), que confirmó y aceptó la versión de la procuraduría de que habían encontrado los restos de tres personas desaparecidas.
Además de Brenda Damaris, su amigo Julio César Santos Domínguez, y Perfecto Guzmán Campos: Es terrible. Hay muchas incongruencias. Cadhac no está ayudando a todas las víctimas. A la desaparición del hijo hay que añadir la respuesta cínica de las autoridades y luego esta mentira. ¿A dónde van a ir a dar todas las víctimas? Es indignante. Hay muchas incongruencias.
Feminicidios sin alerta
El 31 de julio del año pasado, Brenda Damaris volvía con un amigo en una camioneta y tuvieron un accidente en Santa Catarina, Nuevo León. La joven habló a su madre comunicándole lo sucedido y le explicó que ya había agentes de tránsito de ese municipio y que pronto llegaría a casa. Pero nunca llegó. La camioneta fue encontrada con cinco impactos de bala, llevada a un corralón y luego desapareció al igual que sus ocupantes.
Juana Solís está segura que en la desaparición de su hija están involucradas autoridades de Santa Catarina, vinculadas con un grupo criminal que ha sido identificado en la red de trata de mujeres en distintos municipios y en estados del norte de la República.
Nuevo León es uno de los centros neurálgicos de trata de mujeres, feminicidiosy desaparecidas, según comenta Irma Alma Ochoa, directora de Artemisas por la Equidad, organización que ha contabilizado 118 feminicidios durante 2012, de los cuales 50 por ciento fue en Monterrey.
Los ciudadanos tenemos la percepción de que las autoridades quieren archivar los expedientes por la sobrecarga de casos, ante el aumento de la violencia contra las mujeres, dice Irma Alma Ochoa al señalar que de los 118 feminicidios, 40 siguen sin ser identificadas, lo cual hace pensar que se trata de desaparecidas; migrantes en tránsito o bien mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual o laboral.
El incremento de asesinatos de mujeres y desaparecidas es alarmante, mientras el gobierno de Rodrigo Medina se niega a aceptar la alerta de género y existe un amparo federal para conseguirla: Hay además una cifra negra de casos que no salen a la luz pública. Es muy grave. De los 118 crímenes de mujeres, a más de 75 se les infligieron lesiones infamantes y mutilaciones; fueron torturadas, apedreadas, baleadas, apuñaladas, violadas, calcinadas, decapitadas o descuartizadas. La mayoría fueron secuestradas y sus cuerpos expuestos en la vía pública. Aunque el gobierno la rechace, la alerta de género es urgente y conviene a todos. Al final, son las mujeres asesinadas y desaparecidas las que están moviendo al sistema.

En tanto, Juana Solís prepara ya los complicados trámites para la exhumación de los restos que acaba de enterrar, a fin de conseguir una segunda prueba de ADN, en un laboratorio privado para determinar de manera contundente si realmente es Brenda Damaris: Estoy destrozada, pero esto sólo acaba de empezar, sentencia.

viernes, 12 de octubre de 2012

La tortura como sistema

Calderón: no combatió seriamente la tortura:
Amnistía Internacional 

Por: Sanjuana Martínez 
Sinembargo.mx


“Yo fui, yo fui… confieso lo que ustedes quieran”, les dijo a sus torturadores Marcelo Laguarda Dávila luego de tres días de cautiverio. Eran como 20 agentes de la policía ministerial los que se presentaron en su casa y lo secuestraron con armas largas: “Somos de Los Zetas”, le dijeron al subirlo al coche. 
                                       Marcelo Laguarda Dávila condenado bajo tortura. 
        
Luego lo llevaron a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) a cargo de Adrián de la Garza, procurador general de Justicia de Nuevo León. El tormento inició desde el principio: aturdido, aterrorizado por los golpes y las amenazas, fue llevado sin orden de detención al auditorio de la AEI donde había decenas de detenidos también bajo tortura. 
Uno de los policías le empezó a vendar la cara, excepto la nariz, y a continuación le lanzó agua para intentar ahogarlo. Allí supo de que lo acusaban: “Confiesa, di que fuiste tu, que lo mandaste matar”. Inmovilizado, sin poder respirar, Marcelo sentía el peso de otro policía encima de su pecho y otro más sujetándole las piernas. 
Además de la cabeza vendada, método utilizado para torturar denominado “la momia”, le aplicaron toques eléctricos, le reventaron un oído, lo patearon en las costillas y en el tórax, fingieron ejecutarlo tomándolo de los pies y sacándolo por la ventana boca abajo desde un tercer piso, le colocaron reiteradamente una bolsa negra en la cara para asfixiarlo y le colocaron varias veces una pistola en la cabeza para amenazarlo de muerte.
“Yo no fui. No se nada, no entiendo nada”, les decía. Después de tres días de cautiverio empezó a flaquear. El dolor en todo el cuerpo era más intenso, no lo dejaban dormir, no le daban de comer ni de beber. Le empezaron a vendar la cabeza para lanzarle nuevamente agua e intentar ahogarlo, lo hicieron tres veces, hasta que por fin les dijo: “Ya, ya, por favor, lo que sea, yo confieso lo que ustedes quieran… Yo fui, yo fui”. 
A Marcelo se le llenan los ojos de lágrimas. Han pasado dos años de su detención y no se recupera aún de las huellas psicológicas y físicas de la tortura. Está en el Penal del Topo Chico, una cárcel de Monterrey controlada por Los Zetas. Por aquella declaración bajo tortura fue sentenciado a 42 años de cárcel: “Aún no puedo creer que este aquí, no puedo creer que me hayan condenado siendo inocente. A todos les dije que fui torturado y a nadie le importó”. 
Luego de aceptar bajo tortura firmar una confesión, supo de que lo acusaban: de haber mandado asesinar a Víctor Castillo Santillán, compañero de estudios de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y originario de Ramos Arizpe, Coahuila. 
La historia que le inventaron era verdaderamente cinematográfica: él había contratado a dos Zetas para matarlo el 20 de abril de 2010 y les pagó 2 mil pesos por adelantado. El resto del dinero jamás fue cobrado por los asesinos que, además, nunca fueron detenidos. El móvil eran los celos por una compañera francesa que estaba de intercambio en la misma universidad y que ambos conocían. 
La versión de los ministeriales fue que Marcelo presentó tres declaraciones: en las dos primeras negó los hechos, pero en la tercera confesó. Más aún, señalaron que él había decidido ir por su cuenta a confesar su crimen, observó a unos policías ministeriales en la calle los detuvo y les dijo espontáneamente mandó ejecutar a su amigo. Marcelo se frota las manos, aún tiene las cicatrices de la tortura en sus dedos. 
Después de su cautiverio fue llevado al Hospital Universitario para ser atendido. Le tomaron fotos de las huellas de la tortura, imágenes que posteriormente desaparecieron del expediente y luego del largo arraigo lo presentaron ante un juez a quien le dijo lo sucedido: “Tu ya te chingaste”, le dijo el policía ministerial que lo llevó ante el juez, “Ya dijiste que fuiste tu. Ahora tienes que firmar”. 
Marcelo comunicó al juez que todo había sido bajo tortura, pero no le hizo caso. Los dedos de las manos le dolían y no podía ni siquiera tomar la pluma para firmar, pero el policía ministerial le colocó un encendedor para quemarle las manos: “Ves como si puedes firmar”, le dijo. Los padres de Marcelo buscaron otro médico que se encargo de certificar las huellas de la tortura. Hay pruebas de un “puntilleo hemorrágico de forma lineal”, como cuando se reciben descargas eléctricas, y graves contusiones en la mandíbula, el cuello, el tórax y los dedos de las manos. 
De nada sirvió. Los policías ministeriales adscritos a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) a cargo del procurador Adrián de la Garza, forman parte de la policía más torturadora con 20 de 23 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) en los últimos seis meses. Ninguna autoridad atendió debidamente las denuncias de tortura, ni siquiera la CEDH. Un año después, Marcelo Laguarda Dávila fue sentenciado a 42 años de cárcel por un delito que no cometió. 

LA TORTURA, EN AUMENTO 



El informe de Amnistía Internacional Amnistía Internacional, cuyo director ejecutivo en México es Alberto Herrera Aragón, presentará este jueves el informe titulado: “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: tortura y maltrato en México”, un documento que muestra el incremento alarmante de la tortura durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y la impunidad imperante: “Amnistía Internacional publica el presente documento para ilustrar el hecho evidente de que el gobierno del presidente Felipe Calderón no ha combatido seriamente la tortura y para poner de relieve los retos a que deberá hacer frente el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando entre en funciones en diciembre, para poner fin a la tortura y los malos tratos. 
La organización presentará este material al Comité de la ONU contra la Tortura, que en noviembre de 2012 someterá a examen el cumplimiento por parte de México de la obligación de poner fin a la tortura”. Añade: “Los datos disponibles indican que las políticas de seguridad pública adoptadas por el gobierno en los últimos cinco años han coincidido con un alarmante aumento del uso de la tortura y los malos tratos a escala federal, estatal y municipal. 
Como consecuencia de ello, quienes cometen tortura saben que no hay prácticamente ninguna probabilidad de que los hagan comparecer ante la justicia. Además, la información y las pruebas obtenidas mediante tortura siguen siendo aceptadas con frecuencia en los procedimientos judiciales, lo que fomenta su uso continuo”. Y sentencia: “Es hora de reconocer la verdadera magnitud de la tortura y establecer políticas y prácticas de ámbito federal, estatal y municipal que aborden esta realidad”. 

La magnitud de la tortura y otros malos tratos se exhibe primeramente a través de las denuncias ante la CNDH. De 2007 a 2011 fueron 4 mil 841. Un elemento importante para la permanencia de la tortura es la impunidad: La falta de actas de acusación, juicios y sentencias condenatorias por tortura y otros malos tratos es reflejo de la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos e imparciales de los casos. Por ejemplo, el creciente número de denuncias presentadas ante la CNDH no da dado lugar a un aumento de las actas de acusación ni de las sentencias condenatorias”. 
En cuanto a la violencia contra las mujeres, la situación es alarmante: “La violencia contra las mujeres sigue siendo práctica generalizada en México. Los responsables de tortura, incluida violación, asesinato o secuestro de mujeres y niñas raras veces son llevados ante la justicia”. 
El documento se basa en testimonios, informes, estadísticas y pruebas diversas para demostrar el incremento considerable de la tortura: “Amnistía Internacional lleva años expresando su preocupación por las denuncias de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la policía a escala federal, estatal y municipal. Las denuncias son generalizadas, y los responsables disfrutan de casi total impunidad”. 
Los casos son escalofriantes: 

Miriam Isaura López, detenida por militares en febrero de 2011: “Escuché muchos gritos de una persona de sexo masculino, a lo cual le preguntaban “donde están las armas y donde está la droga”, rato después se escucha “llévatelo y tráeme al que sigue”, escucho que abren la puerta .. me [sic] un trapo mojado en la cara, cuando respiré, sentía la mojada que estaba, se me complicaba respirar, después sentía un chorro de agua sobre mi nariz, trato de incorporarme, pero no podía levantarme porque me sujetaban de los hombros, piernas y … alguien oprimía mi estómago, eso lo hicieron en repetidas ocasiones, mientras me preguntaban lo mismo”. 

Israel Arzate : Fue detenido arbitrariamente por militares en relación con la matanza de 15 jóvenes en Villas de Salvacar, Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, en febrero de 2010. Pese a existir una serie de irregularidades en torno a su detención, se determinó que ésta era legal. 
                                                    Israel Arzate
Su interrogatorio y tortura hicieron posible una confesión en vídeo de su supuesta participación en el delito, hecha en un cuartel militar y delante de un agente del ministerio público y un defensor público. Cuando Israel Arzate compareció ante un juez se retractó ante él de la confesión en vídeo y le informó de que los militares lo habían torturado reiteradamente para obligarlo a hacerla. Sin embargo, el juez no ordenó una investigación, a pesar de sus lesiones físicas causadas por tortura, y admitió la confesión en vídeo como prueba. Posteriormente, en una investigación de la CNDH se determinó que Israel Arzate había sufrido durante varios días tortura a manos de los militares, incluidas palizas, descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, colocación de una bolsa de plástico en la cabeza, amenazas de muerte y amenazas de violación de su esposa, y que tras dictarse acta de acusación formal contra él, los militares lo habían sacado de la prisión civil y lo habían sometido a nuevas torturas. A pesar de ello, el juez justificó la decisión de admitir la declaración en vídeo con el argumento de que la confesión debía ser cierta, pues contenía más datos sobre el delito de los conocería un acusado que fuera inocente”. 

Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Ramiro López y Orlando Santaolaya: El 16 de junio de 2009 fueron detenidos por militares mexicanos cuatro hombres en Playas de Rosarito, Baja California. Según los hombres, no los detuvieron cerca del lugar del delito, como afirmaron los militares; además, los torturaron a fin de que se auto inculparan. Luego los presentaron a los medios de comunicación delante de un alijo de armas y los sometieron a arraigo en la base militar del 28 Batallón de la II Zona Militar en Tijuana. Tras pasar 41 días en arraigo en esa base, los acusaron formalmente de tenencia de armas y secuestro y los enviaron a la prisión federal de Tepic, donde continúan en espera del resultado de la causa abierta contra ellos. Durante el arraigo, estuvieron incomunicados, sin acceso a abogados ni a sus familias, durante dos semanas. Los detenidos dijeron a sus familiares que los habían sometido a palizas, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ejecución y privación del sueño a fin de que se inculparan unos a otros y firmaran confesiones falsas. No había más personal médico que unos médicos militares que supervisaban la tortura y reanimaban a los detenidos cuando perdían el conocimiento”. Shohn Huckabee y Carlos Quijos: En diciembre de 2009, miembros del Ejército mexicano detuvieron a Shohn Huckabee y Carlos Quijos en Ciudad Juárez, Chihuahua, cerca del paso fronterizo con Estados Unidos. Según Shohn Huckabee, los soldados les pusieron droga en su vehículo y los llevaron a un cuartel militar, donde los sometieron a palizas, descargas eléctricas y simulacros de ejecución para conseguir de ellos información sobre su supuesta vinculación con bandas de narcotráfico. Shohn Huckabee dijo que no tenían ninguna relación con tales bandas y que se enteraron por primera vez de la existencia de la droga cuando los obligaron a fotografiarse con dos maletas de marihuana al día siguiente. Ambos hombres fueron entregados al ministerio público federal en virtud de las pruebas presentadas por los soldados. Ni el ministerio público ni los jueces cuestionaron jamás seriamente la versión de lo ocurrido ofrecida por el ejército. Se hizo caso omiso de relatos de testigos presenciales que contradecían la versión militar, y también murieron o desaparecieron testigos presenciales en circunstancias no aclaradas. Los indicios de tortura no se han investigado jamás de manera efectiva. Ambos hombres fueron condenados a cinco años de prisión. A Shohn Huckabee se le permitió regresar a Estados Unidos para cumplir su condena, pero al final de 2011 fue excarcelado a instancias de una junta de libertad condicional que tuvo en cuenta los convincentes datos que probaban su tortura”. 

Gerardo Torres Pérez: Fue detenido por la policía federal y la policía judicial y estatal de Guerrero, junto con más de 41 personas más, tras disparar y matar los agentes a dos manifestantes durante una protesta de alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Chilpancingo, estado de Guerrero, el 12 de diciembre de 2011. De camino a la comisaría, él y otros 23 detenidos recibieron golpes y patadas. Tras vendarle los ojos, seis agentes de la policía judicial del estado lo llevaron a un lugar aislado, a las afueras de la ciudad. Lo amenazaron de muerte y le propinaron puñetazos en el estómago, las costillas y los brazos para obligarlo a apretar el gatillo de un arma automática y poner sus huellas dactilares en casquillos de bala usados, a fin de culparlo falsamente de los disparos efectuados previamente. Luego lo pusieron de nuevo bajo custodia y presentaron cargos contra él sobre la base de estas pruebas falsas. A raíz de la preocupación suscitada dentro y fuera del país ante la evidencia de la responsabilidad policial de la muerte por disparos de manifestantes desarmados y de los malos tratos infligidos a detenidos, el 13 de diciembre de 2011 Gerardo Torres Pérez quedó en libertad, junto con los otros 23 manifestantes sometidos a malos tratos, como golpes y patadas, durante su detención. Las conclusiones de la CNDH, basadas en un examen médico y otros datos, confirmaron la tortura y la falsificación de pruebas por parte de la policía judicial.62 Se ha presentado una denuncia por tortura, y en el momento de redactar el presente documento continuaban las investigaciones”. 

José Manuel Esqueda Nieto y Gustavo Fuentes Moreno: Fueron detenidos el 27 de diciembre de 2011 por personal militar en un restaurante cerca de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, en relación con un vehículo que contenía, presuntamente, armas. Según el relato de Gustavo Fuentes Moreno, llevaron a los dos a un solar vacío y los golpearon brutalmente para obligarlos a confesar que eran propietarios del vehículo y a proporcionar información sobre sus supuestos contactos con delincuentes. Josué Manuel Esqueda Nieto murió ese mismo día debido a las lesiones causadas por las palizas, y Gustavo Fuentes Moreno necesitó atención hospitalaria por ellas.67 En junio, la CNDH publicó la recomendación 29/2012 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por la tortura y homicidio de Josué Manuel Esqueda Nieto. La Sedena aceptó la recomendación y abrió una investigación, pero en septiembre no había informado a los familiares de las víctimas de ningún avance”. 

                                          Jethro Ramsés Sánchez Santana

Jethro Ramsés Sánchez Santana: El 1 de mayo de 2011, la policía municipal de Cuernavaca, estado de Morelos, detuvo a Jethro Ramsés Sánchez Santana, estudiante, y a un amigo suyo. Según el amigo, que quedó después en libertad, ambos fueron entregados primeramente a la policía federal, que los dejó luego en manos de militares. De acuerdo con la información disponible, Jethro Sánchez fue torturado. Cuando su familia quiso buscarlo y presentó una denuncia, los militares negaron tener conocimiento de su detención. Sólo después de que la policía declarara que ambos hombres habían sido entregados a personal militar inició el sistema de justicia militar una investigación. Ante la clara evidencia de la entrega y la decidida campaña de la familia, los militares arrestaron a varios soldados, gracias a lo cual se localizaron los restos de Jethro Ramsés Sánchez Santana y se practicó una autopsia que indicó que había sido enterrado vivo. Se han presentado cargos contra tres militares en relación con la tortura y homicidio del estudiante, pero no contra otros presuntamente implicados también en el delito, incluidos los que intentaron ocultarlo. En agosto, la CNDH formuló la recomendación 38/2012 contra la Sedena por la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y homicidio de Jethro Ramsés Sánchez Santana. Ese mismo mes, la Suprema Corte de Justicia determinó que el asunto debía verse en el sistema de justicia civil”. 

COMISIONES SIN INDEPENDENCIA 

La ineficiencia de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y de la Nacional (CNDH) a la hora de denunciar, reparar y hacer justicia en los casos de tortura y otras violaciones, queda de manifiesto en el informe de Amnistía Internacional. Por falta de independencia, estas instituciones funcionan bajo el mando del gobierno en turno, sometidas al arbitrio de gobernadores, alcaldes o presidentes, sin concluir eficazmente su trabajo otorgando el acceso a la justicia a la víctima y la posibilidad de recibir una reparación del daño ocasionado. 
“Los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas de los agentes de policía, el personal militar, los peritos técnicos, los forenses o los jueces, así como los abogados defensores y los representantes de las comisiones de derechos humanos nacional y estatales, siguen siendo inadecuados, y las reformas judiciales no han abordado apenas la impunidad resultante de esta falta de rendición de cuentas”, dice el informe. 
Añade: “Amnistía Internacional no conoce ningún caso de ámbito federal ni estatal en el que se hayan entablado acciones disciplinarias contra militares, agentes de policía, abogados defensores o jueces por no haber tomado medidas adecuadas al recibir información que indicaba que el acusado era víctima de tortura y otros malos tratos. Esta falta de rendición de cuentas supone que no hay todavía elementos de disuasión suficientes para impedir que los funcionarios del sistema judicial y legal incumplan su deber de tomar medidas adecuadas ante la evidencia de tortura y otros malos tratos. Al mismo tiempo, el hecho de que se sigan admitiendo en los procedimientos judiciales pruebas obtenidas mediante tortura y malos tratos genera incentivos para continuar dependiendo de la tortura como medio de llevar a cabo investigaciones criminales”. 
El informe ofrece la magnitud de la tortura en México, la impunidad existente,  los abusos contra migrantes, las desapariciones forzadas y secuestros. Analiza las deficiencias de la legislación que no otorgan la posibilidad del debido proceso a los acusados bajo tortura. En cuanto a las confesiones obtenidas con coacción, Amnistía Internacional considera que el sistema no protege los derechos de los ciudadanos: “En el sistema de justicia federal y en los 21 estados donde continúa en vigor el antiguo sistema procesal, sigue aplicándose la norma de la “inmediatez procesal”. 
En virtud de ella, se concede más importancia a las declaraciones iniciales hechas bajo custodia del ministerio público que a la declaración posterior hecha ante el juez. De este modo se fomenta el uso de la tortura para obtener confesiones y se impide a los acusados defenderse de manera efectiva de los cargos basados en ellas. Este principio debería invalidarse en el nuevo sistema procesal, pero los jueces continúan aplicándolo a fin de admitir pruebas obtenidas mediante tortura antes de la comparecencia ante el tribunal”. En cuanto al arraigo, el informe exhibe una crítica contundente que exhibe mediante estadísticas el abuso de este método: “El ministerio público puede recluir al presunto delincuente en un centro especial o establecido al efecto por un periodo de 40 días, prorrogables a 80, por orden de un juez. Durante el arraigo, los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos a sus familias, a abogados y a servicios médicos independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la dificultad de presentar denuncias de malos tratos y documentarlas. 
La CNDH dijo haber recibido más de mil denuncias relacionadas con órdenes de arraigo ejecutadas por la PGR entre 2009 y 2011.55 Durante la administración de Calderón, el número de órdenes de arraigo concedidas al ministerio público federal aumentó considerablemente: de 542 en 2006 a mil 896 en 2010”. 
Las detenciones ilegales son practicadas por la mayoría de las autoridades, sin ordenes: El ejercicio indebido de las atribuciones de detención sigue siendo generalizado y continúa facilitando la tortura y los malos tratos. Las leyes que regulan la detención sin orden judicial, particularmente la detención en flagrante delito, siguen siendo excesivamente amplias. Por ejemplo, se puede detener a un presunto delincuente sin indicios razonables de vinculación directa e inmediata con el delito. Se suponía que las reformas de justicia penal iban a poner fin al ejercicio indebido de estas atribuciones de detención tan ampliamente definidas, pero hasta ahora no ha sido así”. 

TORTURA DEL EJÉRCITO Y LA MARINA 

El Ejército es una de las instituciones más denunciada por violaciones a los derechos humanos. Entre enero de 2006 y enero de 2012, el Ejército detuvo a 43.778 de presuntos delincuentes: “los cuales fueron llevados a cuarteles militares o sometidos, si no, a interrogatorio, en vez de ser puestos inmediatamente a disposición del ministerio público, como exige la ley. 
Asimismo, como indican algunos de los casos mencionados en este documento, los agentes del ministerio público civil pueden entrevistar a los detenidos en cuarteles militares, en vez de asumir su custodia, como exige la ley, o poner a las personas bajo orden de arraigo bajo custodia militar. Estas detenciones militares carecen en gran medida de supervisión, pues no hay más funcionarios civiles presentes y sólo se dispone de médicos militares para tratar o registrar las lesiones, lo que crea un clima propicio para la tortura y otros malos tratos”. 
El gran problema en este apartado, es según Amnistía Internacional la jurisdicción militar, un sistema que otorga impunidad a los torturadores o militares acusados de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales: “Existen convincentes datos que muestran que el sistema de justicia militar ha desestimado denuncias de abusos sin llevar a cabo una investigación efectiva o imparcial y que raras veces se han tomado medidas contra los responsables de la tortura o los malos tratos”. 
Señala que la Sedena afirmó haber recibido o iniciado mil 060 denuncias contra militares por delitos contra civiles en 2010 y 449 denuncias en 2011,  lo cual dio lugar a un total de 118 investigaciones criminales iniciales, entre ellas las de 17 soldados implicados en casos de tortura: “De los militares afectados, 98 se enfrentaban a cargos penales, algunos por violencia contra personas causante de muerte, y al menos 9 se enfrentaban a cargos de tortura. Durante 2010 y 2011 se condenó a 9 militares en relación con delitos contra civiles. 
Según la Sedena, durante la administración de Calderón se ha condenado ante tribunales militares por abusos contra los derechos humanos a 38 soldados. Sin embargo, 11 de estas sentencias condenatorias corresponden a casos ocurridos antes de la administración de Calderón, y al menos 19 de las 27 restantes están en proceso de ser recurridos. Por consiguiente, sólo hay confirmadas ocho sentencias condenatorias de militares por delitos de derechos humanos –ninguno de tortura– cometidos durante la administración del presidente Calderón, cuando se han presentado más de 7 mil denuncias de delitos de derechos humanos contra las fuerzas armadas”. 
La Sedena y la Semar son las instituciones con mayor número de denuncias por violaciones a derechos humanos. La Marina va por la senda del Ejército: “Por ejemplo, en junio de 2011, Amnistía Internacional documentó una serie de detenciones y desapariciones forzadas que afectaban al menos a seis hombres, llevadas a cabo por miembros de la marina en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, y de las que habían sido testigos familiares de las víctimas. 
La Semar negó toda responsabilidad, pero posteriormente reconoció que había habido “contacto” con las víctimas. La PGR informó en noviembre de 2011 a Amnistía Internacional de que la marina había llevado a esas personas a una estación de autobuses, donde habían quedado en libertad. Por consiguiente, la PGR había cerrado su investigación sin aclarar más la actuación de los miembros de la marina ni determinar el paradero de las personas que continuaban desaparecidas y, por ello, más expuestas aún a sufrir tortura o malos tratos.73 
En agosto de 2012, la CNDH formuló la recomendación 39/2012 contra la Semar por la detención arbitraria y desaparición forzada de seis hombres. Sin embargo, en el momento de redactar el presente documento se seguía negando a los familiares de los hombres desaparecidos información creíble sobre su paradero y no había tampoco nueva información sobre la adopción de medidas para hacer rendir cuentas a los responsables”. El informe recomienda: “Es también esencial que todos los casos que se encuentran actualmente bajo la jurisdicción militar se transfieran de inmediato al sistema de justicia civil. Asimismo, todos los casos sometidos al sistema de justicia militar en que hayan concluido los procedimientos judiciales deben ser objeto de una revisión completa en el sistema de justicia civil. Es esencial que todas las sentencias judiciales sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas, incluidas tortura y otros malos tratos, estén basadas en investigaciones completas, imparciales e independientes y en procedimientos judiciales que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos que protegen los derechos de la víctimas y los acusados”. 

SÓLO 10 POR CIENTO 

El mayor problema con el uso de la tortura y su permanencia en México es la impunidad y el miedo a denunciar. Solo un 10% de los casos son denunciados, señala Javier Enriquez Sam, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad que presento su informe: “En nombre de la guerra, contra la delincuencia: un estudio del fenómeno de la tortura en México”, realizado en colaboración con ACAT-France. 
Sam Enriquez señala en entrevista que la tortura es una de las violaciones más frecuentes, particularmente durante arrestos y detenciones arbitrarias, que pretenden arrancar confesiones de culpabilidad que lamentablemente siguen constituyendo la prueba principal en los procedimientos judiciales. El incremento es alarmante, coincide en señalar al igual que Amnistía Internacional. 
En principio, durante 2010, sólo la CNDH hizo mil 161 recomendaciones por este motivo frente a las 330 de 2006, lo que muestra un aumento muy alto. “En el sexenio de Felipe Calderón son muy altos los índices de tortura, particularmente en el norte del país como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila; y también Guadalajara, Michoacán, Estado de México y Distrito Federal; y como una constante Oaxaca, Chiapas y otros estados. 
“Queda muy evidenciado que los estados del Norte es donde el Ejército desplegó más sus unidades, se movilizó a las fuerzas armadas hacia esta parte. Esto ubica quienes fueron los principales responsables de los casos de tortura: Ejército y Marina, eso no excluye a la policía federal, las estatales o municipales”. 
El incremento tiene que ver con la llamada guerra contra el crimen organizado: “La tortura se fue para arriba, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”. En la mayoría de los casos de tortura se da contra gente inocente, particularmente jóvenes que se les detiene sin orden de aprehensión o en un operativo e incluso los sacan de sus casas y se les acusa de vender droga o estar vinculado a un grupo de la delincuencia organizada: “En el proceso de traslado empiezan a torturarlos para generar las condiciones para que se declaren culpables de delitos que ni siquiera saben. A veces piensan que se les esta secuestrando o que son delincuentes, pero en realidad, se trata de policías, militares o marinos”. 
Dentro del modus operandi de la tortura, los secuestrados son trasladados a varios puntos: “primero llegan a una sede de policía, luego a otro cuartel y así los llevan de un lado a otro y son torturados en los diferentes momentos y lugares por donde van pasando, hasta que los entregan”. 
Lo más común, comenta Enriquez Sam es la fabricación de delincuentes. Además de la tortura institucionalizada en todo México, existe además la indefensión de los detenidos que son presentados ante los medios de comunicación como culpables: “Es un show que violenta el derecho a la presunción de inocencia. Realmente no saben si son o no responsables. Es una marca, un estigma que le queda a la gente de ser presentada ante los medios”. 
Lo que se ha visto, según testimonios de personas torturadas es que han sido tableados con las tablas que las policías o las fuerzas armadas le confiscan a los delincuentes: “Los métodos de tortura son diversas, antiguamente era muy evidente la manifestación de las lesiones, pero hoy han tratado de esconderlas más, aunque a partir del sexenio de Felipe Calderón la tortura se vuelve brutal y visible, dejan huellas por todos lados: golpes, los cuerpos con hematomas por todos lados, tortura sexual en hombres y mujeres con el arma, con las manos, botellas… de muchas maneras”, dice. 
La tortura aplicada por las policías y las fuerzas armadas inicia con vendar al secuestrado o detenido, para después desnudarlo: “Es una manera de afectar la psique de la persona porque al desnudarlo quedan a la deriva de cualquier cosa que quieran hacerte. El trauma psicológico se presenta rápidamente”. 
Enriquez Sam afirma que en el proceso de tortura participan varias personas de la cadena institucional: el policía, militar o marino; los funcionarios de esas instituciones que son testigos de la tortura, los ministerios públicos, los jueces e incluso los abogados de oficio. “Los jueces no valoran la inocencia de la persona, más bien, piensan que son delincuentes y se merecían ser torturados. Es una actitud autoritaria, sin iniciar un proceso para valorar su inocencia. Los jueces se prestan para no ser imparciales. Deberían de rechazar la forma en la que los presentan todos golpeados, pero no”. 
Por tanto, existe una normalización de la tortura: “Al haber demasiada policía en las calles, demasiado Ejército y demasiada Marina, la gente tiene miedo y se somete. Hay una confusión de la población que dice: qué bueno que están para protegernos, pero cuando ven que están también para golpearlos e ir a la cárcel por una declaración falsa bajo tortura”. 
Añade: “En el caso de la tortura está en la impunidad. Mientras no haya sanciones a los torturadores será imposible que se detenga. Nunca se ha enjuiciado a nadie por torturar, por lo tanto los policías saben que no les va a pasar nada y siguen torturando. El futuro en México tampoco es bueno, no se ve un cambio de estrategia con Enrique Peña Nieto. Si su asesor va a ser el general Oscar Naranjo pensamos que la tortura se va a mantener e incluso puede empeorar”. 
Mientras tanto en el temible Penal del Topo Chico, Marcelo Laguarda Dávila condenado a 42 años de prisión por firmar una confesión bajo tortura por un delito que no cometió, tiente la esperanza de conseguir su libertad. Su caso ha sido denunciado por Human Rights Watch y algunas cadenas norteamericanas como HBO y National Public Radio, también el periódico The Washington Post han expuesto su caso paradigmático. Ha encontrado una nueva forma de sobrevivir. En la cárcel ha creado un grupo literario y se encarga de apoyar a otros presos con la lectura y la cultura, fomenta clases de pintura, canto y los invita a escribir. Sus heridas no han sanado: “La tortura es lo peor que hay. Yo sentí que me iba a morir, pero me aferré a la vida y firmé. Y aquí estoy esperando un milagro, esperando mi libertad. Soy inocente, soy inocente”. 


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