lunes, 27 de agosto de 2012

Juicio a Felipe Calderon


Calderón se va como criminal; incumplió su misión con el país
¿A dónde va a ir sin ser perseguido por lo que hizo?, pregunta
Será recordado como el presidente de la obstinación. Ganó un gran capital político con los diálogos de Chapultepec y lo tiró a la basura con su lógica de violencia. Congeló la ley para la atención de víctimas y no quiere un memorial porque eso implicaría saber quién los mató y las circunstancias en que fallecieron
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El poeta Javier Sicilia en entrevista con La JornadaFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
 
Periódico La Jornada
Domingo 26 de agosto de 2012, p. 13
Llevar encima el peso de la reivindicación de la dignidad de las víctimas es su misión. Con ese capital que le han otorgado los que más sufren: heridos de guerra, huérfanos, viudas, desplazados, mutilados, los familiares de los desaparecidos y los muertos, Javier Sicilia alza su voz para exigir justicia y condenar la impunidad que cubre este gobierno: Felipe Calderón se va como un criminal.
En los estertores de este sexenio, que ha manchado de sangre a México con miles de muertos y desaparecidos, el hombre que encabeza la Caravana por la Paz en Estados Unidos y ha recorrido la República mexicana convocando en el consuelo y el amor a las víctimas, hace recuento: Felipe Calderón será recordado como el presidente de la violencia, como el presidente de una guerra inútil, una guerra perdida; como el presidente de la obstinación de la violencia y de la negación de la vida humana.
“¿Qué le paso a Felipe Calderón? –se pregunta el poeta– ¿Por qué ese desprecio hacia las víctimas? ¿Por qué no cumplió los acuerdos del castillo de Chapultepec? ¿Por qué limitó y anuló el auténtico proyecto de ley para la atención de las víctimas?”
Y se responde: Él ganó un gran capital jurídico en los diálogos del castillo y lo tiró a la basura, bajo su lógica de violencia. Felipe Calderón sólo tiene imaginación para la violencia. Congeló la ley y ahora quiere hacer una ley sobre la pobre cosa que es ProVíctima, y no que sea una norma que eleve y dé rostro y recursos a ProVíctima para hacerla una procuraduría para el país.
Sicilia decidió ofrecer su nueva vida de activista como un tributo a la memoria de su hijo Juanelo. Está seguro de que su dolor es el mismo de miles de víctimas y reconoce que la dimensión del problema es tal que México necesita una secretaría para atender debidamente sus reclamos.
Felipe Calderón era la representación de un jefe de Estado, cuya misión era cuidar, proteger, hacer justicia y dignificar a una nación. Y no lo hizo. Por eso se va como un criminal, como lo que él no quiere ser, pero es.
La memoria
Javier Sicilia con Consuelo Morales, el obispo Raúl Vera y Emilio Alvárez Icaza 
Foto: Sanjuana Martínez
Durante años, Sicilia ha asumido el espíritu de Mahatma Gandhi que reivindica la búsqueda de la paz y la renuncia a cualquier tipo de poder. La tragedia le llegó y aún el duelo está pendiente, por eso considera que necesita un espacio de silencio, introspección y reflexión, que se dará después de que termine la Caravana de la Paz, el 12 de septiembre en Washington.
La lucha por las víctimas –dice– pasa también por la recuperación de la memoria, por las historias de vida de la guerra que enlutó a México. Y, por tanto, anuncia que seguirá luchando para que el memorial de víctimas de la violencia que las autoridades federales pretenden construir en el Campo Marte no se haga.
Ese sería el monumento de la ignominia. Un memorial no es un monumento, y menos en el campo militar. Eso que pretenden hacer es un insulto. Están haciendo el elogio de la guerra y el señalamiento de que debajo de esa guerra sólo hay una fosa común sin nombres, con un gran desprecio hacia las víctimas.
Indignado, el autor de El fondo de la noche señala que el gobierno de Felipe Calderón no ha entendido ni quiere entender lo que significa un memorial: un proceso de memoria no es una piedra, no son unas placas de metal, es la memoria del horror que está debajo de la ruina de esta guerra. La memoria es rescatar de la tragedia y de la ruina lo que antes había de vida allí.
Usa su sombrero de Indiana Jones, personaje que admira, y también un montón de amuletos colgados al cuello y en las muñecas, símbolos de la lucha, obsequiados por las víctimas a las que abraza y quiere. Camina al lado de decenas de mujeres que portan fotografías de sus muertos y desaparecidos, y las consuela.
Señala que el verdadero concepto de un memorial ya fue reivindicado por Simeón, el personaje bíblico: “Él estaba una noche cenando con un amigo y un demonio le dice que tiene que salir inmediatamente porque hay un peligro inminente. Sale y luego viene un terremoto y la casa donde estaba queda en ruinas; su amigo y otros más mueren; llegan los deudos y los cadáveres están irreconocibles, entonces el poeta vuelve –los jueces entonces eran los dueños de la memoria, porque había una tradición oral–; él pudo reconocer y nombrar los cadáveres y entregárselos a sus seres queridos. Esa es la memoria.
Un proceso de memoria implica un trabajo de reconciliación, porque esta tragedia es la memoria. Un trabajo hacia la paz, un trabajo a la justicia, y lo que queda de quienes estuvieron aquí con nosotros y fueron destrozados por la tragedia también son el recuerdo de lo que les debemos y de lo que no debe volver a suceder. Eso es un memorial, no lo que quiere hacer el gobierno.
Comisión de la verdad
                                    Javier Sicilia   Foto: Sanjuana Martínez
Para el poeta, la única forma de hacer justicia y lograr la reparación para las víctimas es creando una comisión de la verdad que investigue y determine lo que sucedió durante estos últimos seis años de guerra.
¿Dónde están los 40 mil desaparecidos? ¿Que se hará con los más de 100 mil o 250 mil muertos? Sicilia tiene la respuesta: Necesitamos una comisión de la verdad. Y el gobierno no quiere la ley y no quiere un verdadero memorial porque eso implicaría no sólo rescatar los nombres, sino sus historias: de dónde venían, quién los mató, en qué circunstancias fallecieron... ¿Por qué los inocentes? ¿Qué le debe el Estado a esta nación?.
Está convencido de que Calderón rechaza la memoria por razones poderosas:eso implicaría saber quiénes son las víctimas del Estado, del Ejército, de la Marina, de las policías, de funcionarios corruptos... No hay un proceso de recuperación, porque tienen mucho miedo. El problema es que tarde o temprano vamos a tener que hacerlo, tarde o temprano vamos a tener que formar una comisión de la verdad.
Sicilia enciende un cigarro, fuma de manera continua, toma aire y continúa:con su negativa, lo que hace Felipe Calderón es mancharse más de impunidad y prolongar el horror. ¿Qué hará cuando deje el poder? ¿A dónde va a ir sin ser perseguido por lo que hizo?
Exilio y futuro
Ante el anuncio de que Felipe Calderón se irá a vivir a Austin, Texas, donde trabajaría en la universidad, Sicilia afirma que de nada le servirá el exilio forzoso:Felipe Calderón no puede olvidar su condición de cristiano. Allí en su conciencia estaremos las víctimas, los muertos, los desaparecidos; estaremos para no dejarlo dormir. Aunque se vaya del poder, aunque pueda evitar el juicio jurídico, las víctimas allí estaremos en su conciencia, para su desgracia. Nadie puede vivir sabiendo que trae a sus espaldas tantos muertos a los que no hizo justicia. Son su responsabilidad.
Ante la incertidumbre política del país, el poeta calificó las pasadas elecciones como las de la ignominia. Todo es una ignominia. El crimen cada vez peor, la fragmentación política ahondando en la violencia. Y las víctimas aquí, tratando de llenar ese hueco con contenido de dignidad. Y mientras tanto, lo que parece es que van a imponer a Peña Nieto, por desgracia.
Pero alerta al candidato del PRI a la Presidencia: nadie puede gobernar con mayoría relativa ni para minorías. Allí están los 15 millones de votantes de Andrés Manuel López Obrador, y los millones de Josefina Vázquez Mota. ¿Cómo van a gobernar? Tienen que gobernar para todos. Tienen que poner por delante la realidad del país y no la búsqueda del poder.

lunes, 20 de agosto de 2012

La corrupción de los casinos


No detienen a Raúl Rocha porque tendrían que apresar a cada funcionario involucrado
Casino Royale: a un año de la matanza, el dueño sigue impune y el dolor ahogado
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Preparativos para homenajear a los fallecidos en el Casino Royale, ayer en la capital neoleonesaFoto Gabriela Pérez Montiel /cuartoscuro.com
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 19 de agosto de 2012, p. 8
Monterrey, NL. Como cada jueves, van llegando al Casino Royale con flores y agua; algunos no traen nada, sólo tienen la mirada suspendida en el tiempo. Todos padecen los estragos del duelo interminable. A un año de la tragedia, el dueño del lugar, Raúl Rocha Cantú, sigue libre. Y continúan esperando justicia y reparación. Cumplen con el ritual de cada semana: limpian los jarrones, acarician las 52 cruces, colocan la ofrenda. Platican, se desahogan.
La habitación de Brad Xavier Muraira, de 18 años, sigue intacta. Su madre, Samara Pérez Muñiz, sobreviviente del atentado, no ha podido cambiarla, sólo sacó su ropa para dársela a su hijo menor. Apenas pudo depositar sus cenizas en el cementerio: No podía, no quería desprenderme de él, pero con la ayuda de Dios y mi terapeuta lo hice.
Edmundo Jiménez Ramírez, en cambio, no ha podido volver a la casa que compartía con su esposa, Rosa María Ramírez: Todavía no me puedo quedar a dormir. Tengo la casa sola, me vine a rentar un departamento. No puedo vivir allí. Me gana el sentimiento y me salgo, ni siquiera puedo estar un rato, me da mucha tristeza.
Abatido, llorando con un sollozo profundo, Alejandro Morales cuenta que durmió anoche en la recámara que compartía con su hijo Rubén Morales Castillo, de 19 años: “Veo su cama vacía y me dice: ‘ya no estoy, papá, pero te quiero’. Diario tengo dinámicas con Rubén. Platico con él, me río, lloro, lo siento. Sé que no está físicamente, pero en espíritu me acompaña. Mire, yo finalmente ya no espero justicia, no espero nada. De hecho, lo que quiero es morirme e irme con mi hijo”.
A un año del atentado, los familiares de las víctimas del casino preparan una campaña denominada Voltear a ver, para involucrar a la ciudadanía en esta causa. También recaban firmas para el proyecto Ni un casino más, que se propone evitar la apertura de estos negocios plagados de irregularidades, cuyos dueños son funcionarios estatales o federales y empresarios.
El 25 de agosto de 2011, Rubén se levantó temprano. Era su primer día de trabajo como mesero del Royale. Cuando ocurrió el atentado, el joven ayudó a decenas de personas a salir del lugar, según los testimonios recabados. En cuclillas, se colocó de banquito para que la gente saliera por la parte trasera, aguantando en su espalda, los tacones de las señoras y el peso, hasta que los gases tóxicos lo mataron: Mi hijo es un héroe anónimo. Era tan jovencito mi niño, que pudo haber escapado, corrido, pudo haber salido indemne de ese atentado. Sin embargo, ofrendó su vida por los demás, dice Alejandro, de 59 años, quien desde entonces ha sufrido dos infartos, perdió los dientes y padece una profunda depresión.
Rubén estudiaba la preparatoria, era su primer día de trabajo y los que sacaron su cuerpo le robaron la cartera e hicieron uso posterior de sus tarjetas. El Casino Royale le iba a pagar mil 50 pesos por quincena, pero no lo quiso reconocer como su trabajador: Nunca quisieron reconocerlo, a pesar de que hay testigos que han declarado. En este hecho, los culpables tienen nombre y apellido y están libres. ¿Dónde está la justicia? ¿O tenemos que esperar a la justicia de Dios?
Sin justicia, ni olvido
Amara Pedroza, economista de 26 años, dejó Playa del Carmen, donde trabajaba, cuando se enteró de la muerte de su madre, Amalia Terrazas, víctima en el Royale. Desde entonces, empezó una nueva vida de lucha para que se haga justicia. Ha emprendido sola los trámites interminables de la burocracia del gobierno de Nuevo León, que sólo le entregó 20 mil pesos para gastos funerarios. Ha seguido de cerca las investigaciones de las autoridades y ha asistido con espanto a la impunidad que cubre a funcionarios del gobierno y a los dueños del centro de apuestas, unidos por un pacto de corrupción para no hacer justicia: Vivimos en un país donde no existen responsables. Los funcionarios y autoridades no son responsables de sus actos, nadie les hace nada. Buscan intereses propios y no la justicia. Ellos son juez y parte. Lo más increíble es que no se detenga a Raúl Rocha Cantú, a quien ni siquiera la PGR ha llamado a declarar.
       Familiares de las víctimas del Casino Royale.  Foto: Sanjuana Martínez 
La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León detuvo a 10 perpetradores, pero no a los autores intelectuales del atentado, ni a los responsables de que el club funcionara sin salida de emergencia operativa, ni a los funcionarios que permitieron todas las anomalías de apertura por corrupción, ni a los de Protección Civil que tardaron horas en rescatar a la gente: No sé si puedo hacer el duelo. Entiendo la muerte, entiendo que esto nos llega a todos, pero un atentado de esta manera significa vidas cortadas. Son vidas que no tuvieron que terminar. No llegaron a un fin por causas naturales. Esto lo hace más difícil. Saber que pudo haber sido evitado por muchas razones. Pienso: ¿Por qué mi mamá estaba allí? ¿Por qué estaba en el momento equivocado?
Cuenta que su madre, de 56 años, era una mujer feliz, plena, muy dinámica, a quien le gustaban mucho las plantas; una mujer muy solidaria: Mi mamá siempre unía a toda la familia por medio de la comida. En todos los eventos hay un lugar vacío.
Desde hace un año no ha podido vivir en la casa materna. Desde aquel día la cerró: Estoy limpiando e intentando desalojar; estoy viendo qué me quedo y qué cosas doy, qué muebles dono. Obviamente me quiero quedar con todo, pero no puedo. Es como cerrar una parte de ella. Y estoy decidida a quedarme con lo menos posible. En esta vida viajar ligero es más fácil.
El limbo
Paradójicamente, las dos investigaciones sobre el atentado del Casino Royale, la federal y la estatal, no están coordinadas, por lo cual, los familiares consideran que se encuentran en el limbo jurídico.
Ana Velia Rodríguez sabe lo que significan los vacíos legales. Margarita Zavala la visitó después de la tragedia y le prometió ayuda, pero no cumplió. Nunca llegaron las indemnizaciones, ni las becas para sus dos nietas, de dos y cuatro años; menos los empleos para la familia y ni siquiera el apoyo médico y sicológico. Sólo se hizo la foto y después nada.
Es madre de Sara Aurora Ramírez, quien murió en el atentado, madre soltera, de 27 años: Desgraciadamente ese día llegó una amiga y la invitó. Allí murieron las dos, su amiga Irma estaba embarazada. Mi hija era muy amorosa. La siento todos los días, como si aún viviera conmigo. No lo puedo creer aún, pienso que va a llegar en cualquier momento. Pienso que esto es una pesadilla.
Hace unos meses apareció por primera vez el padre biológico de las niñas:Ahora me las quiere quitar. Nunca se acordó de ellas. Las niñas se criaron conmigo. Voy a luchar por ellas y por hacer justicia a mi hija.
También Yolanda Rocha Delgado era madre soltera y dejó en la orfandad un hijo adolescente. Era trabajadora de limpieza del Royale. La empresa sólo le pagó la catorcena, pero nunca quiso liquidar la indemnización: El casino nos quería dar 3 mil pesos. Una burla. Nos dieron cuatro despensas básicas. ¡Es una burla!... No hay justicia todavía. Queda una sensación de impotencia de no creer en las autoridades. No han hecho nada por la misma corrupción, están todos metidos. No detienen a Rocha Cantú porque entonces tendrían que meter a la cárcel a todos los funcionarios involucrados.
Me da mucha tristeza que no haya justicia
Patricia Sáenz se enjuga las lágrimas. Acaba de llegar con un ramo de flores. Aquel día contó su historia a La JornadaYa no puedo, mi reina, no puedo respirar, le dijo su esposo Eduardo Enrique Martínez Cavazos por teléfono luego de que ella pudo salvarse y se soltó accidentalmente de su mano, debido a la estampida y el tumulto de gente.
No he podido cambiar la recámara. Duermo en la misma cama. No he podido quitar su ropa del clóset. Todo está igual. No puedo hacer el duelo, dice sin poder contener el llanto.
Su vida cambió totalmente. Acostumbrada a vivir con el sustento de su esposo, ahora padece graves problemas económicos ante la indiferencia de las autoridades. Tiene tres hijos, cuates de 18 años estudiando la universidad y Alejandro de 14, afectado con atrofia muscular espinal infantil: Me quedé en el desamparo. Mi niño necesita todo tipo de cuidados, desde pañales, toallitas húmedas, comida especial; pero nadie nos hace caso. Sólo pido ayuda para mi criatura.
Ha encabezado la lucha por las víctimas del Casino Royale para reivindicar la memoria de su marido, cuya foto gigantesca cubre el altar en el lugar de la tragedia que aún está como quedó aquel día: Eduardo era un hombre muy dedicado. A mí no me faltaba nada. Él era el mejor, siempre pendiente de nosotros. Nos hace mucha falta. Me da mucha tristeza que no haya justicia, que nadie nos haga caso.

domingo, 12 de agosto de 2012

La corrupción del Poder Judicial


El domicilio de las facturas de proveedores no corresponde con sitios registrados
Aflora corrupción en el Poder Judicial de Nuevo León mediante empresas fantasma
Pese a diversas denuncias, la magistrada presidenta no ha ordenado ninguna investigación
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 12 de agosto de 2012, p. 37

El Poder Judicial del estado de Nuevo León, a cargo de la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, ha utilizado empresas fantasma para el desvío de recursos, bajo el concepto de suministro e instalación de sistemas de control de accesos de los seis pisos de la controvertida Torre Meridiano, cuya renta mensual asciende a tres millones de pesos obligados a 54 meses en favor de un particular.
La empresa fantasma beneficiada con siete millones 375 mil pesos se llama SM Telcom (Servicios Monterrey Telecomunicaciones, SA de CV) ubicada en Matamoros, Tamaulipas, en la avenida Las Plazas, Número 80, en el Fraccionamiento Las Arboledas, una zona residencial de clase media.

De acuerdo con vecinos, en esta casa sin habitar no ha existido nunca una empresa o negocio que incluya movimiento comercial. El inmueble marcado con el número 80 colinda con la casa del 82 con el nombre de Constructora Lazo, SA de RL de CV, según consta en el directorio. Ambas casas están intercomunicadas, recibieron créditos del Infonavit y carecen de rótulo o anuncio que las identifique como giros comerciales.
El pago de más de 7 millones de pesos se realizó en tres exhibiciones, según consta en las facturas 5686, 5932 y 6043 a las que ha tenido acceso La Jornada,con sus respectivas órdenes de compra y polizas de transferencia del dinero. La orden de suministro fue elaborada con fecha 2 de mayo de 2011, con el número de requisición 27021 y rápidamente al día siguiente entregó la factura al Poder Judicial, según consta en el sello del documento.

Seis días después, el Poder Judicial por conducto de Francisco Medrano Guerrero, Sergio Morales Alanís y Reyvel Medina Reyes, este último director de Administración y Tesorería, capturan, ejecutan y aplican en favor de la supuesta empresa Servicios Monterrey Telecomunicaciones, SA de CV, a través de una transferencia de Banorte, la cantidad de 3 millones 346 mil 444 pesos, como 50 por ciento de anticipo, por el suministro de cámaras de circuito cerrado.
La primera operación y la segunda por valor de 682 mil 123 pesos se hizo durante el mandato del magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez, pero la tercera, por más de 3 millones de pesos, fue realizada el 15 de agosto, cuando ya había tomado posesión Graciela Buchanan, actual presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, quien debió autorizar el pago.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios en el artículo 82, fracción II, la dirección de Administración o bien la Oficialía Mayor debieron haber realizado visitas a las instalaciones de la supuesta empresa, para solicitar muestras o realizar pruebas de las diversas compras.

La salida del magistrado Mancillas Ramírez, ex presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, quedó marcada por la sombra de la corrupción, luego que se reveló en los medios que a seis meses de dejar su puesto estrenó una residencia valorada en más de un millón de dólares en el exclusivo sector Colonial San Agustín, de San Pedro Garza García: Yo no tengo ningún tema de corrupción. Es mentira lo de la casa. Yo no sé nada, dijo en entrevista con La Jornada.

La actual presidenta Graciela Guadalupe Buchanan Ortega tenía como fecha límite el 1º de agosto para ordenar a la contraloría interna investigar el caso, pero no lo hizo: No tengo por qué investigarlo... Yo no sé si se sacó la lotería, comentó al término de su primer informe de labores donde aseguró que el sello de su mandato es precisamente la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial.
Cuestionada sobre las facturas de empresas fantasma para desvío de recursos del erario a través del Poder Judicial, lo cual significa la existencia de una red de corrupción, se defendió, visiblemente nerviosa, diciendo que ella vivía modestamente: Obviamente si me las traen, es la Contraloría Interna la que investiga. Ustedes pueden ir a ver mi casa... He pedido que quienes cometan actos de corrupción los denuncien... No debemos tolerar que haya corrupción.
Denuncia necesaria
La magistrada aclaró que no puede actuar con base en reportes periodísticos, sino en denuncias concretas ante la autoridad correspondiente: Si no llega la denuncia no podemos actuar. A nosotros lo que nos corresponde es investigar la corrupción en alguna actuación judicial, no sobre ningún tipo de enriquecimiento de miembros del Poder Judicial, eso le corresponde al servicio de la Contraloría. Yo no me puedo poner a investigar a ningún magistrado, ni a ningún juez por enriquecimiento, si no hay de por medio una denuncia que sea propia de asuntos del Poder Judicial.
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Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, presidenta del Poder Judicial del estado de Nuevo LeónFoto Sanjuana Martínez


No obstante sus declaraciones sobre el supuesto combate a la corrupción, Buchanan ha sido seriamente cuestionada por las irregularidades y excesos en el traslado de 24 juzgados a seis pisos del edificio de la Torre Meridiano, un inmueble ubicado en el número 731 de la calle de doctor Coss, en el centro de Monterrey, por el cual el Poder Judicial paga 3 millones de pesos de renta mensual obligados a 54 meses.

En una carta interna a la que ha tenido acceso La Jornada, los arrendadores, Raúl Garza Garza y Tomas Loyola Patiño, explican que la cantidad de 3 mil 400 visitas diarias al inmueble excede lo previsto en el lobby y en otras áreas: Es evidente que en el caso del nivel 12, donde se ubica el archivo, unidad de medios, oficialía de partes, la densidad de personas, hasta 250, es muy superior a los parámetros de diseño y excede lo especificado y comprometido, dice el documento fechado el 4 de agosto del año pasado, durante el inicio del mandato de la magistrada Buchanan.

El problema es que con la centralización, los 24 juzgados civiles, de menores y de jurisdicción concurrente ahora comparten el personal de oficialía de partes y actuarios, cuando antes cada juzgado tenía su propio personal.
El contrato de arrendamiento fue realizado por el ex presidente del Poder Judicial, Mancillas Ramírez cuatro meses antes de dejar su cargo. La renta de 3 millones es una de las más costosas y triplica, por ejemplo, la del edificio de la Procuraduría de Justicia que paga un millón 64 mil pesos al mes.
Junto al magistrado Mancillas, los magistrados Raúl Gracia Guzmán, Francisco Javier Gutiérrez Villarreal y Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, dieron su aprobación al inicio del proyecto de la controvertida Torre Meridiano y autorizaron la celebración del contrato de arrendamiento, sin realizar una visita de campo, según consta en el acta del Pleno 11/2011 del 15 de marzo del año pasado a la que ha tenido acceso La Jornada.
También autorizaron el arrendamiento de elegante mobiliario de Herman Miller para la mencionada torre, por 513 mil 728 pesos, según la orden 18401 de la empresa Value Arrendadora, lo cual significa el pago de 30 millones de pesos en los próximos cinco años. Por el arrendamiento de fotocopiadoras y multifuncionales pagan 394 mil 591 pesos, según consta en la factura 5234 de Máquinas, Información y Tencología Avanzada, SA de CV.

El expediente con facturas de dudosa procedencia en poder de esta reportera incluye los servicios de supuestas empresas ubicadas en Ciudad Mante y Reynosa, Tamaulipas, a pesar de que en Nuevo León existen suficientes firmas de estos giros.
Por ejemplo, contrataron el enlace de fibra óptica para la torre por 228 mil 32 pesos a Nueva Consultoría de Negocios, SA de CV ubicada en la colonia Circulo de Reynosa, Tamaulipas, según orden de compra de la dirección de Administración y Tesorería del Poder Judicial y autorizaron también el pago de 114 mil 16 pesos por concepto del finiquito de 50 por ciento para el mencionadoenlace, según consta en la factura 0622 de la misma empresa ubicada en Reynosa.
Otro gasto realizado un día después de que Graciela Buchanan llegara a su puesto como presidenta del Poder Judicial, fue la realización de edición y producción de un video sobre la Torre Meridiano por 20 mil 300 pesos, con un recibo escrito a mano presentada por José Carlos Filemón Pineda Wong, con domicilio en calle Encino 103 Colonia Fovissste número 1, en Ciudad Mante, Tamaulipas.
La magistrada Buchanan insiste: Desde el primer día de mi mandato he pedido que quienes hayan cometido actos de corrupción sean denunciados. Por eso le exijo a la ciudadanía que lo diga, porque todo mundo se dice uno a otro... pero si no llega la denuncia, no podemos actuar. La justicia es igual para todos: sea pobre, sea rico, sea influyente.

domingo, 5 de agosto de 2012

Las víctimas del carbón


A José Ismael una lámpara le salvó la vida, tras el derrumbe del viernes
Sobrevino la explosión y ahí quedaron mis 6 compañeros
En la región carbonífera de Coahuila, 150 muertos desde Pasta de Conchos
Sanjuana Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 5 de agosto de 2012, p. 27
Múzquiz, Coah., 4 de agosto. A José Ismael Franco Delgado le salvó la vida una lámpara. A cien metros bajo tierra en el pocito de carbón Quintanilla de la Florida,se le acabó la luz después de una hora de estar picando la pared. Subió a la superficie montado en un tambo de acero tirado por el malacatero. Eran como las ocho de la mañana y mientras buscaba una batería de repuesto para la lámpara de su casco lo sorprendió una explosión seguida de la llamarada tornasol: Tronó y coloreo. Allí quedaron mis siete compañeros.
En 15 días, 15 mineros muertos. Los últimos seis, en la mina 7 de la Unidad Mimosa del municipio de Progreso del Grupo Acerero del Norte (GAN), propiedad de la compañía Altos Hornos de México (AHMSA) del empresario Alfonso Ancira Hernández, uno de los 10 hombres más ricos de México. La veta carece de condiciones de seguridad laboral
En esta región carbonífera de donde se extrae 90 por ciento de la producción nacional, hay un interminable camino de mineros muertos: 150 desde pasta de Conchos.
  El carbonero sobreviviente José Ismael Franco Delgado  Foto: Sanjuana Martínez  
José Ismael es carbonero, el último eslabón de la cadena de explotación. Los números de la minería del carbón hablan por sí solos. Gana de 900 a mil 200 pesos a la semana, cantidad que se puede elevar siempre y cuando incremente su producción de tonelaje y el patrón le otorgue un generoso bono de 200 a 500 pesos. Cada mil kilos de carbón se los pagan a 30 pesos, pero el cuerpo sólo le permite 20 toneladas a la semana trabajando de 8 a 10 horas diarias. Su patrón, el ex alcalde priísta Federico Lico Quintanilla Rojas se lleva en cambio, 100 mil pesos a la semana, vendiendo el mineral a grandes empresas como AHMSA o Grupo México y al gobierno que funge como intermediario ante la Comisión Federal de Electricidad.
En realidad, a José Ismael que bajó a la mina a los 15 años, le gustaría sacar más toneladas de carbón para llevarle más comida a sus cinco hijos y su esposa, pero las condiciones laborales no se lo permiten. El pozo vertical de cien metros en el que trabaja tiene cuatro cañones de 20 metros y apenas metro y medio de alto, lo cual le obliga a sacar el carbón, hincado o encorvado, lo que le provoca fuertes dolores de cadera y espalda. No lleva mascarilla, ni faja; mucho menos lentes, tapones para los oídos o guantes; tampoco usa un yelmo nuevo porque le cuesta mil pesos. Apenas pudo conseguir de segunda un viejo casco azul de plástico a cien pesos. De hecho, en el llamado material de desecho, compró también unas botas ajadas y un cincho raído para amarrar la carretilla a su cintura y tirar con su cuerpo, carbón hasta la plataforma buscando sumar toneladas.
Sus condiciones de salud tampoco le ayudan. Apenas tiene 37 años pero sus pulmones trabajan a un porcentaje inferior del debido, al igual que el oído. Lleva 18 años trabajando de minero y no tiene Seguro Social, Infonavit, ni ninguno de los beneficios que marca la Ley Federal del Trabajo. No conoce las vacaciones, los bonos de despensa, el aguinaldo o las utilidades: ¿Por qué trabajo así?... Por lo mismo que todos: para vivir. No hay de otra. Dos veces me ha querido tumbar el gas. Esta vez, me salvé. Fue un milagro, pero tengo que regresar porque tengo familia, le voy a seguir, hasta que Dios diga.
Pocitos de la muerte
Recorrer la región carbonífera de Coahuila es caminar por un campo minado lleno de agujeros. En esta zona, el termómetro sube hasta 54 grados. Los mineros que trabajan en los cientos de pocitos de carbón perforados sin control y bajo la cómplice mirada del gobierno priísta de Rubén Moreira, aguantan durante horas hasta 80 o 90 grados de temperatura sin ningún tipo de ventilación.
 El pocito Quintanilla propiedad de Lico Quintanilla del PRI Foto: Sanjuana Martínez
Barroterán es el centro neurálgico de la minería clandestina auspiciada por los grandes grupos empresariales del carbón. Aquí en todas las familias hay mineros. Los niños empiezan a bajar a los pozos a los 13 años. Los padres mueren jóvenes, por enfermedad, a los 50 o 60 años; o antes en una mina, por un golpe de gas, un derrumbamiento o una inundación; o en otros casos, quedan mutilados o lisiados el resto de sus días.
La cadena de producción de la nueva esclavitud del siglo XXI se extiende por toda la región: 50 mil hombres trabajan oficialmente en las minas y otros 30 mil en los pocitos clandestinos de carbón. La extracción sin control, la voracidad de los poceros, la ambición desmedida de los grandes empresarios y la indiferencia de la Secretaria del Trabajo, han provocado que esto se haya convertido en una zona de desastre recurrentemente de luto. Cada semana, hay siniestros, heridos, mutilados, muertos y otros eventos que son silenciados por los patrones bajo amenaza y lospocitos siguen funcionando, incluso después de las desgracias.
Ser minero es un destino. No me hallo trabajando acá en la superficie. Sabemos que bajamos, pero nomás Dios sabe si vamos a salir, dice en entrevista José Ismael, el carbonero sobreviviente al derrumbe en la mina 7 de Progreso, el pasado viernesFoto Sanjuana Martínez

Inspeccionespero no cierres
“El pocito Quintanilla fue inspeccionado 16 veces antes de que explotara, pero nunca clausurado. Ahora esta cerrado por la muerte de los siete mineros, pero sabemos que puede reabrirse en cualquier momento. Las inspecciones resultan ineficientes porque no muerden. La peor multa es de un millón de pesos: eso no significa nada para un pocero que gana 25 millones de pesos al mes”, dice Cristina Auerbach Benavides, dirigente de la organización defensora de los mineros, Familia Pasta de Conchos.
La zona está acordonada por listones amarillos. Los restos de la tragedia se aprecian aún: una mascarilla colgada de un hilo, mecates tirados por el suelo, pedazos de madera y acero:
           El malacatero Raul López Robles Foto: Sanjuana Martínez 
“Aquel día llegaron todos muy contentos. Borrado, me gritaron desde lejos y empezaron a bromear muy bonito. Los abaje (sic) de dos en dos. Luego zumbó, tronó y salió la llama. A las tres horas me los sacaron todos quemados”, dice Raúl López Robles, malacatero del pocito Quintanilla, convertido ahora en vigilante. Está sentado en una banca de madera y recuerda que ese día no había un gaseroencargado de vigilar los niveles de gas, sencillamente porque los patrones no los contratan. Las lágrimas y los sollozos no le permiten seguir hablando. Se talla los ojos azules con la mano y muestra la inversión del pocero, un equipo rudimentario, con el que operan los pocitos de manera medieval, que consiste sólo en un malacate, un cable de acero, un mecate de ixtle y un motor de una camioneta Ford de los años 60.
En un pozo nunca he jalado, y en las minas siempre he estado arriba de malacatero. Yo nunca quise bajar, ni bajaré. Está muy feo, dice Raúl López elBorrado, de 55 años y 30 de minero, mientras se acerca al pozo para mostrar el gorgoteo del agua que aún persiste por las bolsas de gas grisú, el enemigo silencioso e invisible de los mineros.
Es gas que no se ve y no se huele y sólo avisa con el golpe del minero que cae de manera instantánea al respirarlo. “Antes bajaban a los canarios para ver si había gas. Si salían quería decir que no había. Ahora los canarios son los mineros. Estepocito está cerrado, pero al rato lo abren otra vez”, dice con una leve sonrisa de resignación.
El martirologio minero aumenta de manera inexorable ante la indiferencia del gobierno federal: en el pocito Binsa, 14 muertos, y un niño de 14 años mutilado; en la mina Lulú, dos; en La Encantada, uno; en la Siderúrgica II murieron dos; en el pocito Agujita, uno; en la carboeléctrica José López Portillo de la CFE murieron cuatro trabajadores, uno de ellos, menor de edad.
Las empresas son las mismas: Minera Díaz, MINSA/AHMSA, PEMSA/AHMSA, AlvaRam, El Sabino SA de C., Minería y Acarreos de Carbón SA de CV y Beneficios Internacionales del Norte SA de CV (BINSA), Compañía Minera El Progreso, SA de CV, Industrial Minera México (IMMSA) del Grupo México.
Cristina Auerbach líder de Familia Pasta de Conchos. Foto: Sanjuana Martínez
Este es un negocio de caciques locales priístas, ex presidentes municipales, ex gobernadores, entre otros políticos y empresarios, advierte Auebarch, teóloga y miembro del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) comprometida con la defensa de los derechos laborales de los mineros.
Y ofrece la lista de los responsables dueños del negocio minero: “Alfonso González Garza y Jesús María Montemayor Seguy, padre del actual presidente municipal de Sabinas y hermano de Rogelio Montemayor, ex gobernador del estado de Coahuila y funcionario de Pemex inhabilitado por mal manejo de recursos. También está el ex gobernador Enrique Martínez; el ex alcalde de Progreso, Jesús Montemayor, presidente municipal de Sabina; su tío es el concesionario de Binsa; Nerio, presidente municipal de San Juan de Sabinas, Nueva Rosita: su papá es contratista en tajos y empresas mineras. Antonio Gutiérrez, con cadena de supermercados, tiene pocitos de carbón; Salvador Kamar Apur, dueño del periódico La Voz, es propietario de la mina Lulú donde han muerto cuatro.
Los medios de comunicación son de ellos junto con las minas de carbón. Las tiendas también son de ellos, junto con los pocitos. Hay un control absoluto”.
El carbonero sobreviviente, José Ismael, está sentado afuera de su casa ubicada en el poblado de La Florida. Su hijo de cinco años se mece en un columpio hecho con una llanta de trailer, colgado a un árbol Rompe Vientos. Dice que sabe albañilería aunque prefiere seguir siendo minero pese a todo: Es un destino. Mi padre fue minero. Ya me impusé a andar abajo. No me halló trabajando acá en la superficie. Sabemos que bajamos, pero nomás Dios sabe si vamos a salir.