domingo, 11 de diciembre de 2011

Ser activista por los derechos humanos en tiempos de Felipe Calderón

Violencia en la frontera
El gobierno de Calderón inyecta miedo a través del asesinato, acusa activista
Los luchadores sociales somos la última resistencia, afirma el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo

Lo más grave, la impunidad
Familiares de víctimas de desaparición forzada fuera de las oficinas de la ONGFoto Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial
Periódico La Jornada
Domingo 11 de diciembre de 2011, p. 2
Nuevo Laredo, Tamps. Lo intentaron matar, lo secuestraron e incluso estuvo a punto de ir a la cárcel, pero Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de esta ciudad, continúa su lucha a favor de la justicia social, aferrado a la única autoridad que, afirma, puede brindarle protección durante este sexenio:Dios. Es quien me protege. Me encomiendo a Dios. Si no fuera por la fe, ya me hubiera rajado.
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, 63 defensores de derechos humanos han sido asesinados y cuatro permanecen desaparecidos. Ningún caso ha sido resuelto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 158 medidas cautelares para 200 defensores que trabajan bajo peligro de muerte.
El gobierno de Felipe Calderón inyecta miedo a través del asesinato de defensores de derechos humanos, dice Raymundo Ramos mientras atiende a unas víctimas en su oficina. Es una forma de tener oprimido a un pueblo. Cuando el gobierno ofrece terror, impunidad y miedo, controla un pueblo. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Los luchadores sociales somos la última resistencia.
La lista de los defensores de derechos humanos asesinados aumenta cada día. Los últimos: Trinidad de la Cruz, Nepomuceno Moreno, Pedro Leyva Domínguez, y la reciente desaparición de los líderes campesinos Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz.
La mayoría de los asesinatos son perpetrados por fuerzas de seguridad, Ejército y grupos paramilitares. Raymundo Ramos no tiene duda al respecto: son crímenes de Estado. Si hay impunidad es porque desde las más altas esferas del gobierno no solamente se permiten los crímenes, sino que se ordenan.
Los enemigos
En Ciudad Juárez las activistas están siendo amenazadas y asesinadas: Josefina Reyes, miembros de su familia y Marisela Escobedo. El caso más reciente es el de Norma Andrade, atacada a balazos hace unos días y quien permanece hospitalizada.
Cada vez que surge un nuevo caso de agresión, Raymundo Ramos vive momentos de profunda tristeza y zozobra. Como miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia, ha sufrido los recientes asesinatos de sus compañeros: es muy triste y difícil porque estamos en medio de dos fuegos: el del gobierno y el de los delincuentes. Igual que en el periodismo. Lo más grave de todo esto es la impunidad de los gobiernos priístas y panistas. La impunidad es la madre de todos estos crímenes contra defensores de derechos humanos.
Raymundo se desempeñaba como periodista en El Mañana de Nuevo Laredo hasta que Arturo Solís, presidente del Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos en Reynosa, lo invitó a abrir una representación en Nuevo Laredo. No sé nada de derechos humanos, pero si me enseñas con mucho gusto, porque son mis temas periodísticos, dijo.
Desde que cubrió el alzamiento zapatista en Chiapas decidió especializarse en cobertura de derechos humanos. Recuerda que luego como defensor ha vivido de todo, desde el descrédito propagado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la vulnerabilidad a partir del asesinato de Digna Ochoa: “a los activistas de derechos humanos se nos desacredita con una frase que aún permea: ‘los derechos humanos sirven para defender delincuentes’. Nada más grande que esa mentira”.
Su labor en Nuevo Laredo desde hace 15 años ha pasado también por todo tipo de casos: defendemos de todo: enfermeras que denuncian acoso sexual y venta de plazas, familias de desaparecidos, periodistas agredidos por el Ejército, maestros reprimidos por su sindicato, obreros expoliados en sus derechos laborales, empresarios secuestrados...
A diferencia de otras instancias que mantienen un silencio cómplice, estos defensores siguen luchando: “no estamos dispuestos a estar callados; por eso la represión, la persecución, el descrédito. Ante tanto desaparecido, muerto, desplazado, huérfano y torturado, quedan pocos que denuncian, ya ni siquiera la jerarquía católica, que ahora mantiene un silencio muy fuerte, aun cuando ellos mismos se han visto afectados por la narcoguerra”.
Las amenazas de muerte que Raymundo Ramos recibe pueden venir de cualquiera: “mi trabajo hace enemigos; unos pequeños, otros grandes; unos ocultos, otros visibles. Y siempre tengo que estarme cuidando de ellos, de ambos lados: el Estado y el narco. Ahorita no sabría diferenciar quiénes son más malos y más desalmados. La amenaza viene igualmente de ambos”.
Añade: intento aprender a vivir con el miedo, trato de superarlo. Hay que tener mucha fe para controlar el miedo. Si no fuera por la fe sería muy difícil vencerlo; si no fuera por eso estaría paralizado, pero la sed de justicia, el acompañar a las víctimas en su dolor, el creer en la justicia me da valor. La fe me protege. Por eso sigo adelante.
La presión del Estado sobre estos activistas se vive de muy distintas formas; en su caso, la Procuraduría General de la República ha intentado procesarlo en cinco ocasiones y la procuraduría de Tamaulipas tres más.
Antes, Hacienda; ahora, balas
Entre los defensores asesinados recientemente se encuentran Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán; el activista Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, dedicado a la defensa de los derechos de los homosexuales y lesbianas en Guerrero, y el joven estudiante Carlos Sinohé Cuevas, miembro del movimiento de resistencia del Sindicato de Electricistas, asesinado con 16 balazos fuera de su casa, ubicada en Topilejo, Distrito Federal, el pasado 26 de octubre.
Para Raymundo Ramos, estos crímenes demuestran la vulnerabilidad con la que trabajamos y la falta de solidaridad que esperamos encontrar en otros sectores de la sociedad. Si no fuera porque nos damos fuerza espiritualmente a distancia, si no fuera porque creemos en nuestro trabajo, muchos habríamos abandonado esta lucha. Finalmente, si no nos atrevemos a luchar por un cambio, nuestros hijos van a sufrir las consecuencias. Por eso estamos luchando.
El Centro de Comunicación Social reportó 68 agresiones a defensores de los derechos humanos en lo que va del año: desde amenazas hasta el asesinato. El gobierno de Felipe Calderón ha sido insensible al dolor del pueblo. Su sello serán 50 mil muertos. Ha sido un sexenio de sangre, represor, de impunidad, asevera.
¿Por qué el Estado reprime y asesina a los luchadores sociales?... Para Ramos, la respuesta es muy sencilla: porque exhibimos sus excesos. Cuando el gobierno se equivoca en sus acciones y la sociedad civil le reclama y le hace ver sus errores, se siente ofendido y nos reprime. Antes nos reprimían con auditorías, con Hacienda; ahora te reprimen con balas, desapariciones o cárcel. Así de directo.
Añade: “tratan de arrinconarnos y arrodillarnos con homicidios, secuestros y desapariciones, pero seguimos luchando porque creemos que podemos ganar esta lucha desde abajo. La guerra contra el narco sirvió para dejar evidencia ante el mundo que las leyes mexicanas no funcionan. En México no hay un estado de derecho. No hay región del país en donde se aplique la ley. La guerra contra elnarco ha destrozado el país”.
Ramos camina por las calles de Nuevo Laredo, territorio zeta, donde han aparecido cuerpos decapitados, descuartizados y colgados de los puentes; los familiares de desaparecidos lo esperan fuera de su oficina. Admite que piensa en la muerte y vive con miedo, pero insiste con admirable entereza: seguiré siendo defensor de derechos humanos hasta que Dios me permita seguir.

domingo, 4 de diciembre de 2011

Sexo y dinero, por una plaza en el IMSS

Por destapar la corrupción, tres enfermeras de Nuevo Laredo están amenazadas de muerte
Denuncian venta de plazas en el IMSS a cambio de dinero y favores sexuales
Líderes sindicales piden de 25 mil a 80 mil pesos y aceptar unavisita en algún hotel
Sagrario Asunción Ortiz Cervantes, María de Lourdes Reséndez Olvera y Guillermina Sánchez Bustos. Foto: Sanjuana Martínez
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 4 de diciembre de 2011, p. 10
Ya denunciaron. Váyanse y a ver si llegan a sus casas, les dijo Francisco Crisanto Colunga, secretario general de la sección 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social a tres enfermeras del Hospital de Zona número 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que ofrecieron pruebas de la venta de plazas en esa institución de salud y la exigencia de favores sexuales.
Sagrario Asunción Ortiz Cervantes, Guillermina Sánchez Bustos y María de Lourdes Reséndez Olvera regresaron a sus viviendas con miedo por haberse atrevido a denunciar lo que todo mundo sabía y era público. Desconcertadas decidieron después interponer una denuncia penal el 14 de agosto, cuya copia fue entregada a La Jornada, y entrevistarse con el líder nacional del sindicato, el diputado Valdemar Gutiérrez Fragoso, quien conoce los casos de la venta generalizada de plazas en el IMSS.
Desde entonces, sus vidas han cambiado, primero, porque siguen recibiendo mensajes bajo el cobarde anonimato con amenazas de muerte, y luego porque fueron inhabilitadas durante ocho días y se les suspendieron sus derechos sindicales por los siguientes 18 años. Concretamente, en el caso de Guillermina por 6 mil 205 días, a Sagrario por 6 mil 570 días y a María de Lourdes por 3 mil 285 días.
Las tres enfermeras han organizado plantones afuera del hospital, donde incluso llegaron a desangrarse para llamar la atención de las represalias en su contra de un sindicato que permite estas prácticas corruptas que suceden en todo el país.
Promesas incumplidas
Sagrario Asunción Ortiz Cervantes tiene 41 años y lleva 10 trabajando como enfermera en el IMSS allí. Desde 2005 intentó que su hijo ingresara a trabajar, pero fue recientemente que la enfermera María Elena Díaz Rodriguez, del sindicato, la sorprendió con una propuesta: Te quiero proponer un negocio. Estamos vendiendo las plazas del Seguro Social, le dijo y le pidió 25 mil pesos en efectivo, que finalmente le entregó con la esperanza de conseguir la plaza deseada.
Todos los trámites de acceso laboral tienen que hacerse en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El sindicato pide que las enfermeras vayan solas y que no sean acompañadas por familiares.
Cuando las tres enfermeras denunciaron la venta de plazas, otras compañeras se acercaron para comentarles la exigencia de favores sexuales para acceder a puestos laborales: “Dos chicas se acercaron a nosotros para denunciarlo. Y su versión coincide con la nuestra, con el hecho que nosotras vivimos. Los miembros del sindicato de allá ‘invitan’ a las enfermeras a quedarse en el hotel, pero nosotras no quisimos y nos regresamos a Nuevo Laredo. Esta aspirante si aceptó porque sus trámites se alargaron. Después de instalada en su habitación la llegaron a ‘visitar’. Le dijeron que debía tener relaciones con tres fulanos del sindicato si quería la plaza”.
Sagrario tiene una foto de las dos chicas denunciantes de los favores sexuales, ambas llevan el rostro cubierto para preservar su identidad. Se trata de tres casos de aspirantes a enfermeras que sufrieron el acoso sexual, uno de ellos consumado. La denuncia se ha hecho en Ciudad Victoria: Estas tres muchachitas son de Nuevo Laredo y finalmente no lograron la plaza para trabajar en el IMSS. No les cumplieron. Los líderes del sindicato están cometiendo toda una serie de atropellos con el poder que tienen.
               Las enfermeras afuera del Hospital de Zona 11 de Nuevo Laredo, Tamps. Foto: Sanjuana Martínez
Las pruebas
Las tres enfermeras van vestidas con sus respectivos uniformes. Son mujeres que disfrutan su trabajo y el servicio a los demás, por lo cual han recibido el apoyo de algunos pacientes.
Guillermina Sánchez Bustos tiene 36 años y 10 años de haber entrado al IMSS. Desde 2003 empezó a cumplir los trámites para conseguirle una plaza de enfermera a su hermana. Tiene toda la papelería que lo demuestra, pero fue hasta hace unos meses que finalmente accedió a darle el dinero a la emfermera María Elena Díaz Rodríguez, encargada por el sindicato de recaudar los sobornos
En total le pagó 80 mil pesos en cinco entregas: Le dimos el dinero con la esperanza de tener la plaza, pero luego no cumplieron y encima quería 50 mil pesos más. Fue cuando decidimos denunciarla.
Guillermina grabó sus conversaciones con la enfermera del sindicato que vende las plazas y se las entregó al juez que sigue la demanda penal. Una copia de dichas grabaciones fue entregada a La Jornada. En estas se oye la voz de Díaz Rodríguez solicitándole las cantidades de dinero y asegurando las plazas: Ella es la que trabaja en complicidad con los demás vendiendo las plazas, pero quien realmente dirige todo es el líder Francisco Crisanto Colunga. Estamos pidiendo el cese del secretario delegacional; del secretario de Honor y Justicia, José Gabriel Bujano, regidor en Ciudad Mante, y del dirigente Eduardo Ochoa. Ellos son los que manejan la venta de plazas. Las grabaciones también demuestran su participación.
Luego de interponer la denuncia en agosto pasado, las tres enfermeras decidieron ir a entregarle el documento y las grabaciones personalmente al líder nacional Valdemar Gutiérrez Fregoso, quien les prometió que no habría ninguna sanción, ni represalias por haber tenido el valor de denunciar la corrupción y continuar con los trámites para el puesto de sus familiares, algo que no cumplió.
Las amenazas
Sagrario y enfermeras, van a ver sangre de verdad. Cuiden su vida. Ya cállense, dice el mensaje anónimo que la enfermera recibió en su casa, una hoja en blanco tamaño carta con letras recortadas de periódico y revistas que fue introducido por la puerta de la vivienda.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas se ha hecho cargo del caso de las tres enfermeras: Estas son las consecuencias por denunciar la corrupción. Responsabilizamos directamente a esos líderes sindicales de lo que les pueda ocurrir a las tres enfermeras, dice Raymundo Ramos.
El apoyo legal que les ha brindado ha sido fundamental para continuar con la demanda en busca de justicia: Nos esta ayudando desinteresadamente. Y tenemos mucho miedo, porque ya estamos recibiendo amenazas, dice María de Lourdes Reséndez Olvera, 48 años, con 19 años de antigüedad en el IMSS.
Intentó que su hija, licenciada en administración de empresas, pudiera ingresar al IMSS y pagó 25 mil pesos: Los pagué, luego le dijeron que no era apta para ocupar un puesto, que tenía muchos estudios.
Comenta que ya no sólo las amenazan, sino también las siguen coches diversos y las espían. En una ocasión a Sagrario, un vehículo se le cerró y la sacó de la avenida: A mi también me han echado carros encima. Tenemos mucho miedo, dice María de Lourdes.
Mostrando una enorme entereza y valor, las tres están decididas a continuar, a pesar de que en las grabaciones que tienen los que cobran las plazas laborales hablan de la muerte del doctor Carcini, a quien supuestamente lo mandaron matar los líderes de la sección 10 del sindicato del IMSS: “La enfermera María Elena me dijo claramente que la ‘la lana está buena” pero que ya habían matado a alguien. Yo le pregunté si fue a Carcini y ella dijo que sí. Es una mafia. Queremos que los investiguen, que se les destituya de entrada, que se les juzgue. Queremos que se abra la bolsa de trabajo. Queremos justicia”.