La ley de la cárcel: mirar y callar

Bandas rivales del narco amenazan, secuestran, promueven suicidios

Penales del norte: hacinamiento, miedo, golpes, muerte y silencio

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 26 de junio de 2011, p. 7

Los presos saben quién manda actualmente en las cárceles. Aquel día los llevaron al pabellón siquiátrico. Eran 14. Y eran rivales. Unos zetas, los otros del cártel del Golfo. Tan seguros estaban de lo que iba a suceder que el diácono platicó con ellos a modo de confesión y les dio la extremaunción. Esperaron la noche para golpearlos con tablas, bates, fierros. Los torturaron. Al final, ya en la madrugada, los rociaron con gasolina y el fuego hizo lo demás.

En el penal de Apodaca, Nuevo León, todos sabían lo que iba a ocurrir el 20 de mayo pasado. Nadie hizo nada para evitarlo. Es la ley de la cárcel: mirar y callar. La primera versión de lo sucedido fue que un corto circuito provocó el incendio. Pero los testigos eran muchos y no les quedó más remedio que aceptar la intencionalidad del brutal ataque.

A un mes de lo ocurrido, hay un celador y cuatro reos detenidos. El mando de la cárcel, sin embargo, quedó en las mismas manos criminales; sólo cambiaron al director.

Entrar a este penal es adentrarse en el microcosmos de una ciudad. Aquí la guerra por el territorio es igual o más despiadada que en las calles. Los halconesadivinan a los fuereños. Hay droga, armas, prostitución, privilegios, asesinatos, torturas, extorsiones, secuestros y fiestas los fines de semana, donde abundan whisky, mujeres y coca.

Nada de prensa

Las autoridades no aceptan la entrada de periodistas. Hay que ingresar con los familiares. Los controles de revisión de la visita diaria son estrictos. No se puede introducir más que mandado y comida preparada. Las celadoras toquetean los cuerpos rutinariamente. Los pasillos cubiertos de alambradas con púas conducen a los cuatro edificios: Alfa, Bravo, Beta y Delta.

Un gran patio aparece en la zona central. Hay puestos de comida, frutas, verduras y dulces. Aquí todo se vende. Los presos conviven con sus familiares sentados a la mesa o paseando por el patio. El que tiene dinero vive mejor; el que no, le toca asumir las miserias del sistema penitenciario mexicano.

Hay cabinas telefónicas y celulares rentados. Los cuartos de visita conyugal también se alquilan. Hay una larga lista. En verano es difícil conseguir un lugar. Hay Internet, Nextel, Iphones o Blackberrys. Se vende todo tipo de droga: piedra, crystal, coca, mariguana, pastillas, inhalantes. También armas. Las deudas están anotadas con sangre. No pagarlas significa la muerte.

Los jefes tienen sus privilegios: celdas acondicionadas, televisores de plasma, computadoras, cocina propia... Entran y salen del penal cuando quieren. Muchos viven mejor aquí que afuera. A base de dinero compran voluntades. El binomioplata o plomo funciona. Los jefes del cártel en turno son los que mandan y los que dan el visto bueno a la contratación o el despido de celadores y directores.

El típico método del suicidio abunda. Varios directores han renunciado o fueron cesados. Casi un centenar de internos, celadores y encargados de la seguridad de las cárceles de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas fueron asesinados en lo que va del año por el crimen organizado que controla las prisiones ante la atenta mirada de los estados y la Federación. La narcoguerra ha sobrepoblado las 429 cárceles que hay en México dominadas por la pax del narco.

El miedo es la constante, el hacinamiento la rutina. Pocos reos quieren contar lo que sufren. Paradójicamente algunos son secuestrados y sus familiares deben pagar el rescate que les permita vivir en paz dentro de la prisión. Padecen tortura, violaciones, amenazas. El poder seduce y algunos aceptan ser reclutados para aumentar las filas del crimen organizado. La indefensión va unida a la impunidad. No hay salida. Sólo tienen el consuelo de la evangelización cristiana.

La palabra

Los asesinatos de trabajadores de las tres cárceles de Nuevo León –Topo Chico, Cadereyta y Apodaca– han provocado terror. Los granadazos contra sus instalaciones, pánico. Y la matazón de internos angustia permanente a los familiares.

Es un mugrero, dice sin rodeos el diácono Víctor Manuel Treviño Sosa, coordinador arquidiocesano de la Pastoral Penitenciaria de Monterrey, que desde hace ocho años acude varias veces a la semana a los penales para llevar la palabra de Dios y evangelizar a los reos.

Cada semana organiza misas y comidas. A los internos del pabellón siquiátrico del penal de Apodaca les ofrecen asesoría legal, ayuda económica, ropa... justo donde ocurrió el asesinato de 14 reos. Sí nos duele. Los que murieron son hermanos con los que convivimos. Me contaron sus problemas. Los enfermos no sufrieron ningún rasguño; los demás se murieron por un corto circuito en una televisión... ¿No?

Treviño Sosa es abogado y dice que no está autorizado a hablar de la mala situación de los penales. Asegura que ellos se dedican exclusivamente a las labores de la Iglesia. Nosotros queremos creer que fue un accidente. Con eso nos quedamos. Confiamos en el amor de Dios y en su justicia. Si quiere que le digan la situación real de los penales, yo se la puedo decir, pero no estoy autorizado; apenas el cardenal. Aunque de nada serviría. Ya la sabe todo el mundo.

En el penal de Topo Chico el hacinamiento es endémico. Los reos duermen hasta en los pasillos. Las mujeres son utilizadas como esclavas sexuales. Las denuncias hablan de torturas mientras las violan, de abusos de todo tipo: Siempre se ha sabido. Ellas están allí por culpa de nosotros los hombres. Urge separarlas. Y también a los del fuero común. Urge un penal federal. Los presos ya no caben.

Al empezar el año, la primera celadora asesinada, Yaneth Esmeralda Hinojosa Santiago, de 32 años de edad, apareció descuartizada en una caja de cartón abandonada en una plaza comercial. Hay miedo, amenazas. Varios internos han sido asesinados, otros perdieron la vida en riñas, accidentes, suicidios.

El diácono insiste en que tal vez no haya rehabilitación, pero sí conversión: “Nosotros no podemos dejar de asistir allí, con miedo o sin miedo. No podemos dejarlos solos. Tenemos que llevarles una esperanza. Decirles: ‘mañana te vas a ir. Entrégate a Dios, cree en la Virgen”’.

Mayoría de jóvenes

En el país hay 223 mil 521 reos, de los cuales 128 mil 21 ya fueron sentenciados, según el estudio El sistema penitenciario mexicano, presentado ante el Senado hace unos días, donde se confirma el problema de la sobrepoblación. Las cárceles sólo tienen espacio para 172 mil 418 presos y hay 51 mil internos más. Si en 2007 el Estado gastaba 7 mil millones de pesos, el año pasado el gasto destinado a las prisiones fue de 32 mil millones, donde 75 por ciento de los presos son jóvenes de 18 a 26 años.

Por otra parte, en los penales de Coahuila la situación es similar a la de Nuevo León. Actualmente esas cárceles están controladas por Los Zetas. Gustavo Hernández Zertuche, coordinador diocesano de Pastoral Penitenciaria, trabaja desde hace siete años asistiendo a los presos: Estamos en una posición muy delicada; ni siquiera los medios locales nos hacen caso.

En las cárceles de Torreón, Monclova, Piedras Negras y Saltillo existe unautogobierno del crimen organizado. Tenemos informes de que en todas ellas grupos del crimen organizado son los que controlan y tienen el poder de decisión. Es muy grave.

La inseguridad en las prisiones está a la orden del día. Todo lo que entra se convierte en un productivo negocio: Hay todo tipo de privilegios y facilidades para que los presos poderosos entren y salgan, como en el penal de Durango. Es una mezcla no sólo de la corrupción de las autoridades, sino también del miedo. Se doblegan las voluntades y aceptan. Los que no, simplemente los desaparecen, como fue el caso del jefe de custodios del Cereso de Saltillo, Esteban Acosta Rodríguez, quien se negó a aceptar las órdenes del crimen organizado y desapareció en Ramos Arizpe, Coahuila, en agosto de 2009, junto con sus dos hermanos y su hijo de ocho años.

El número de suicidios con tintes violentos abunda: No podemos decir oficialmente que son asesinatos, porque es la autoridad la que da fe, como sucedió en el penal de Apodaca, Nuevo León, donde los presos sabían que iban a morir y hasta se les dio la confesión. El miedo se siente y los apoyamos. Lo que hacemos es poquito, pero es mejor que nada.

Nadie hace nada

Doña Amalia Espinoza Padilla tiene 25 años asistiendo en materia religiosa a los presos de penales de Matamoros, Tamaulipas, controlados por Los Zetas y elcártel del Golfo. Actualmente está preparando a cinco jóvenes para que hagan su primera comunión, e incluso a uno de los jefecillos, quien quiere casarse con su novia, presa en el penal: Traía una Santa Muerte de oro al cuello. Por eso estamos como estamos, por tanto culto que le rinden. Espero que el matrimonio sea el principio de su conversión.

La más reciente fuga masiva ocurrió en marzo de 2010, cuando los celadores permitieron la huida de 40 presos. Hay mil 800 hombres y 60 mujeres. Son comunes la venta de drogas, la prostitución y el secuestro: Son muy sádicos para golpearlos y mutilarlos. A los recién llegados los agreden a golpes, los ponen a hablar con la familia para pedirle dinero. Y la gente con la desesperación vende lo que tiene y da para que se los dejen en paz. Nadie hace nada. Los custodios los dejan actuar; si matan o lo que sea, no meten las manos.

Los privilegios de los jefes se ven como cosa normal: “El otro día vi cajas y cajas de un vino americano muy costoso que se llama Buchanan’s. Pasan todo lo que quieren sin ninguna dificultad. Tienen sus fiestas y hasta una alberca. Están mejor adentro que afuera. Más protegidos”.

Hace unos días le sorprendió ver una riña en el patio: Había llovido, se golpeaban con desarmadores, bates, herramienta. Los charcos de agua estaban teñidos de rojo. Era un sangrerío. Actuaban como animales. A los desmayados o muertos se los llevaban arrastrando. Yo nomás me pegué a la pared y dije: Señor, ten misericordia de estas criaturas.

Historias de horror en tiempos de la guerra contra el narco...

Ya casi es una especialidad armar rompecabezas con cuerpos descuartizados o mutilados

La medicina forense: historias de horror en tiempos de la guerra contra el narco

Difícil y espantosa tarea: hallar extremidades que correspondan a torsos desmembrados

Personal del forense de Monterrey levanta el cuerpo de un agente de la Policía Ministerial ejecutado cuando conducía su camioneta, cerca del río Santa CatarinaFoto Notimex

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 19 de junio de 2011

Qué se hace en un anfiteatro con 50 descuartizados?... Para los médicos forenses integrar las piezas de cada persona es una tarea difícil, casi imposible en algunos casos, tanto que algunos familiares deciden enterrar a sus muertos de manera incompleta.En lo que va del año, 50 personas han sido descuartizadas en Nuevo León, la mayoría con el uso de una sierra eléctrica, modalidad de exterminio utilizada en los últimos meses.

Es espantoso, dice el doctor Eduardo Villagómez Jasso, jamás habíamos visto algo igual. Es como si fuera una carnicería con cortes rectos. Ahora agarraron la modalidad de usar sierra eléctrica. Nos llegan pedazos. Unir las piezas es muy difícil. Las manos, los brazos, las piernas y la cabeza. A veces tenemos la mano izquierda, pero nos falta la otra; o sólo la pierna derecha, pero nos falta la cabeza; a veces tenemos la cabeza, pero nos falta el tronco.

La escalada de violencia se ha convertido en una barbarie cotidiana en Monterrey. Hasta el 15 de junio 743 personas fueron asesinadas: tres militares, 67 policías, 28 inocentes y 645 delincuentes, según las estadísticas.

La guerra contra el narco que emprendió Felipe Calderón ha derivado en una auténtica matanza con niveles insospechados de brutalidad y primitivismo, algo que parece no tener fin.

El primer descuartizado del año apareció el 14 de enero frente a las oficinas de Tránsito de San Nicolás; luego, el 21 del mismo mes, el lugar elegido para dejar al siguiente fue el Cedeco. El tercero apareció en calles de Monterrey.

Este método había sido utilizado esporádicamente en el pasado, pero se incrementó considerablemente en los últimos meses. De los 50 descuartizados, 10 eran mujeres. Un total de 12 en Monterrey, dos en San Nicolás, 11 en Guadalupe, seis en Cadereyta, cinco en China, tres en General Terán y cuatro en Hualahuises.

Rompecabezas sin cabeza

A veces los pedazos de los descuartizados son depositados en cubos, costales, bolsas de basura, hieleras... El 9 de marzo fueron encontrados en China dos hombres mutilados y decapitados; el 12, uno en Allende y otro en Los Herreras; el 21, un descuartizado fue dejado en una camioneta en el municipio de Cadereyta.

Los asesinos no siempre colocan juntas las piezas de cada persona: Eso dificulta más la labor. A la hora de armar, nos fijamos en el color de la piel, en los cortes, porque se trata de unir y si embona se va armando el rompecabezas. De cualquier forma, siempre se les toman pruebas de ADN para tener la certeza que cada pedazo, mano, brazo o cabeza corresponden al mismo tronco.

El 16 de abril aparecieron tres cabezas frente a la iglesia de Hualahuises: Luego los cuerpos los dejaron en Los Ramones. Ese caso fue resuelto relativamente rápido porque se encontró el resto y pudimos colocar cada pieza en su lugar.

Sin embargo, no siempre es igual; por el contrario, las piezas van llegando poco a poco o sencillamente no aparecen todas. A veces nos llega sólo la cabeza o viceversa. Cuando nos llega la pura cabeza se estudia y se hace la apertura de la cavidad craneal para ver si trae algún tipo de lesión. Si es el puro tronco abrimos el tórax y el abdomen para ver qué lesiones traía.

A cada pieza se le toman muestras para luego hacer el comparativo. Cuando luego nos llegan las cabezas o los troncos sacamos las otras piezas ya estudiadas para hacer el comparativo y tener la certeza jurídica de que corresponde a esa persona.

Los casos en los que no tienen los cuerpos completos, el agente del Ministerio Público es quien decide si se entregan incompletos a sus familiares después de las pruebas respectivas. A pesar de todo se puede identificar a las personas cuando traen tatuajes, cicatrices o alguna deformidad. Si el familiar lo reclama, lo puede recoger aun sin que no tenga cabeza, aunque normalmente el agente del Ministerio Público se espera para ver si aparece la cabeza o el tronco.

En otros casos, como el de un famoso ladrón de coches apodado La Gata, no ha sido posible. De él nos llegó la pura cabeza, nunca se encontró el cuerpo. Dejaron la cabeza arriba de un coche en la zona de Cumbres. Esperamos unos meses y finalmente entregamos a su mamá sólo la cabeza.

El 10 de junio dejaron una cabeza de mujer sobre la avenida Gonzalitos, junto al restaurante El gran pastor. Todavía no nos llega el cuerpo. El día que nos llegue lo estudiaremos. Son bastantes y tenemos que revisar las fotos, las autopsias, para determinar la identidad.

El número de decapitaciones ha sorprendido al personal forense y la facilidad del método: Usan cuchillos, sierras o serruchos. A veces los cortes no son muy claros, cuando sí, nos damos cuenta que usaron algo muy filoso como un machete. Se ha incrementado en las últimas dos semanas. Antes nos llegaba de repente uno desmembrado allá a las 500, en cambio ahora es frecuente. Y decapitar es relativamente fácil. En el caso del cuello son vértebras que se desarticulan. Nada más con separarlas pueden hacer el corte y se desprende la cabeza del cuerpo. El resto son estructuras blandas, la piel, el tejido celular, la grasa. La vía aérea que es la tráquea, el esófago, todo eso y las arterias, las venas, son estructuras muy blandas que con un cuchillo lo pueden cortar.

Sobrecargados

En el municipio de Guadalupe la violencia se ha incrementado considerablemente debido a la pugna por la plaza entre Los Zetas y el cártel del Golfo; este último culpa a la alcaldesa de pactar con los primeros. Durante el mes pasado hubo seis descuartizados. Los cadáveres fueron dejados frente a la plaza o de las instalaciones de la policía municipal.

Pero el mes más violento ha sido junio. El día primero apareció un decapitado frente al edificio de la policía en Guadalupe; al día siguiente, un descuartizado en Cadereyta; tres días después, otro fue tirado en calles de La Estanzuela; luego, uno más frente a la estación de policía de Guadalupe, y el 7 de junio fueron encontrados cuatro decapitados en Juárez.

Estamos viviendo una cosa nunca vista. Nunca esperábamos que esto aumentara. Ahora están cambiando la modalidad, lo hacen con sierra y en partes... ¿pues cómo?... La mayoría son jóvenes y adictos. Andan matándose bajo el influjo de las drogas.

El doctor Villagómez Jasso ha tenido que incrementar su personal. En los estudios y pruebas pueden ver claramente cómo las personas son torturadas antes de asesinarlas. En la mayoría de los casos les cortan partes pequeñas como dedos, manos, brazos o piernas para mantenerlas con vida. Hay cadáveres que nos han llegado con celulares en las manos... eso quiere decir que estaban pasando información, o con los dedos cortados, lo que significa que apuntaron a otras personas. Son símbolos que hay que traducir en su lenguaje.

Más anfiteatros

Los médicos forenses han tenido este año un aumento considerable de trabajo. En un solo día, el 15 de junio, recibieron 32 cadáveres. Hubo cinco descuartizados, una decapitada y tres mutilados; un día antes encontraron una mujer decapitada y otro descuartizado y el día anterior cuatro más.

Ante el incremento de cuerpos el doctor Villagómez Jasso ha solicitado un nuevo cuarto frío. Desde hace unos meses funciona el anfiteatro de Melchor Ocampo, en el centro de Monterrey, donde actualmente hay más de 50 cadáveres. Son muchos. Teníamos programada la inhumación para el día de hoy, pero hubo un problema con el municipio de Monterrey.

En lo que va del año han requerido de dos fosas comunes para sepultar a los no identificados. Ahora tienen 63 cuerpos sin reclamar, y donarán cinco a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La mayor parte de los muertos no son reclamados. Es por la migración de delincuentes. No se identifican. La mayor parte de ellos no son de aquí. Igual le pasa a otros estados. Tal vez los de Monterrey andan metidos en Sinaloa o en Chihuahua y viceversa.

Uno de los problemas es que hay familiares de desaparecidos que no se han tomado las muestras para el ADN, y el otro y más importante es la falta de infraestructura del Estado que carece de un registro nacional de identificación de cadáveres. El pasado 9 de junio los procuradores aprobaron la creación de bancos de identificación genética y un registro de personas reportadas como desaparecidas. La Procuraduría General de la República se comprometió a iniciar, con más de 10 mil 500 muestras genéticas, el banco de datos de personas presuntamente asesinadas por el crimen organizado que no han sido reclamadas por sus familiares.

Los cuerpos encontrados en las narcofosas tienen un grado de dificultad para su identificación por el tiempo transcurrido. En San Fernando, Tamaulipas, han encontrado 47 fosas con 236 cadáveres; otras siete con 234, en Durango; una con cuatro cuerpos, en Michoacán; dos con cinco, en Jalisco; tres con siete, en Nuevo León, y ocho con 14, en Acapulco: “En este caso se batalla más porque los cuerpos casi no están reconocibles.

“Hay que esperar para la identificación por las muestras de ADN; el odontograma, por algún defecto, ropa o tatuajes. Son demasiadas narcofosas en el país. Apenas ahora se están empezando a sentar las bases para un registro nacional de identificación. Obviamente, el Estado debe tener la infraestructura para procesar las pruebas. En el país hay mucha disparidad de recursos. En Chiapas, por ejemplo, están muy mal. Es urgente una base nacional de datos, para darle seguimiento a los cuerpos no reclamados y cruzar información.”

Los feminicidios de la guerra contra el narco

El cuerpo de las mujeres, botín de la narcoguerra

A la agresión sexual se une la saña, la inquina contra el origen, el desprecio y el odio al género

 

 

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 12 de junio de 2011, p. 11

 

Escenas de la narcoguerra feminicida en siete días: una, en el municipio de Cadereyta rumbo al Palmito, cuerpo de mujer destazado en seis partes en el interior de un baño de lámina galvanizada. Dos, una cabeza de mujer tirada en la avenida Gonzalitos y Francisco Rocha, en la esquina del restaurante El Gran Pastor. Tres, un taxi estacionado frente a Seguridad Pública del municipio de Guadalupe; en el asiento trasero, un bote de pintura de 19 litros con cabeza de mujer. Cuatro, dos costales de plástico tirados en una carretera de la Hacienda El Alamito con cinco pedazos de un cuerpo de mujer sin cabeza.

 

En lo que va del año, más de 65 mujeres, nueve de ellas menores de edad, han sido asesinadas en Nuevo León según métodos salvajes, primitivos; la mayoría, ultrajadas sexualmente. Se trata del feminicidio más cruel, el que va unido a la guerra contra el narco y está invisibilizado; el que mutila, destaza, cuece, descuartiza, desuella...

 

La narcoviolencia afecta más a las mujeres. Sus cuerpos, convertidos en botín de guerra son utilizados para la explotación sexual, amedrentar a los rivales, amenazar y ocasionar más daño a los enemigos. A la agresión sexual se une la saña, la inquina contra el origen, el desprecio y el odio al género.No es fácil monitorear el horror feminicida

 en estos tiempos de guerra y Alicia Leal, presidenta de Alternativas Pacíficas, lo sabe. Lleva 15 años combatiendo la violencia de género y sosteniendo dos albergues para mujeres maltratadas. Los casos que ahora recibe por la narcoviolencia son terribles. Nunca en su vida había visto lo que ahora sucede: El cuerpo de las mujeres está siendo un botín en esta guerra. Hay una mayor crueldad. Es una violencia extrema en cuanto a coerción y lesiones. Hay un sadismo impresionante. Las que no mueren y nos llegan heridas, traen huellas de violación tumultuaria, mujeres que mientras las están violando las queman con cigarrillos o las cortan con cuchillos. Es como una película de terror, pero es la realidad.

 

Historias de miedo

Se llamaba Perla Elizabeth Campos Garza, tenía apenas 22 años y trabajaba en un servicio de renta de vehículos ubicado en Cadereyta, a 40 kilómetros al oriente de Monterrey, un empleo donde es obligatorio usar blusa ceñida mostrando escote y shorts muy cortos ajustados. Su trabajo consistía en atraer a los clientes desde la puerta del negocio bailando con movimientos cadenciosos. Un sistema de promoción con dos o tres muchachas, utilizado en los depósitos de cerveza de Monterrey.

 

Perla tenía el cabello teñido de pelirrojo. Salió de trabajar a la medianoche y no llegó a su casa. A las 8:40 horas del primero de junio la policía recibió una llamada para avisar que una mujer mutilada había sido abandonada en una brecha. Los oficiales buscaron pero no encontraron el lugar. Luego a las 12 del día recibieron una segunda llamada donde precisaban el sitio. Se trataba de la comunidad Palmitos a tres kilómetros de Cadereyta.

 

Allí, en pleno monte, encontraron un baño de lámina galvanizada de 65 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura. Adentro estaba el cuerpo de Perla cercenado en seis pedazos. Tenía un mensaje escrito en un pedazo de cartón que decía: Pantera 6 lenón. El suceso fue atendido por policías locales, en lugar de agentes del grupo de homicidios. El asesinato de Perla ni siquiera fue comentado por las autoridades de la Procuraduría de Justicia estatal. Su caso no mereció una mención más en los medios de comunicación los días posteriores al hallazgo.

 

Alicia Leal explica que los crímenes horrorosos de la narcoguerra invisibilizan los de las mujeres: El crimen organizado está utilizando en las poblaciones semiurbanas mujeres para explotación sexual o prostitución forzada. Las mantienen amenazadas de que les van a matar a los hijos, esposos o padres. Y cuando ya no les sirven las están eliminando. Hemos recibido casos de mujeres forzadas a trabajar para el crimen organizado y también de mujeres obligadas a pasar droga por la frontera, incluso en los penales las presas son amenazadas cuando tienen hijos para forzarlas a la explotación sexual.

 

En Cadereyta, siete días después del asesinato de Perla, concretamente en la comunidad rural de Hacienda El Alamito, en el kilómetro 14 de la carretera a Allende, había dos costales de plástico tirados en la calle junto a un depósito de cerveza. Eran las seis de la mañana y los militares encontraron en el interior de los sacos un cuerpo de mujer desmembrado en cinco partes, sin incluir la cabeza.

 

Los casos como este provocan sentimientos de dolor para quienes como la activista feminista Irma Alma Ochoa, directora de Artemisas por la Equidad, se dedican a contabilizarlos. Lleva 11 años comprometida con el tema haciendo el recuento y está convencida de que el incremento de 168 por ciento de feminicidios registrado en Nuevo León en los primeros cinco meses de este año tiene que ver con la narcoviolencia: “Desde que empezamos a hacer este recuento, cuando nos encontramos con una mujer a la que asesinaron a batazos, otra a la que decapitaron y la cabeza la metieron debajo de la cama, con mujeres calcinadas, o heridas con ácido en la cara, nos dimos cuenta que son casos que demuestran que es mucha la saña, la misoginia, el odio al origen. Y con la narcoviolencia se exacerba el número de casos”.

 

Sin conmiseración

El 6 de junio el cadáver de una mujer asesinada a golpes fue encontrado en un terreno baldío de la colonia Jardines de Casa Blanca en Guadalupe. Estaba boca abajo con el dorso desnudo y con pantalón de mezclilla. La chica de unos 25 años de edad presentaba el rostro desfigurado por los golpes y tenía contusiones en la espalda. Estaba con los pies atados y un mensaje que las autoridades se negaron a hacer público.

 

Cinco días antes, en el mismo municipio, una mujer destazada fue encontrada en la cajuela de un taxi junto a su padre a unas calles del edificio de Policía y Tránsito. Se llamaba Azalia Vanesa Cervantes Arámbula y tenía 28 años de edad. Sobre los restos, había un mensaje contra la alcaldesa de ese municipio, Ivonne Álvarez, que decía: Puta traicionera.

 

A 100 metros del cuartel de la policía fue abandonado un taxi unos días antes. En el asiento trasero encontraron la cabeza de una mujer en un bote de pintura de 19 litros. Aún no la identifican.

El 4 de junio, el cuerpo de una mujer de entre 20 y 25 años fue encontrado. Había sido torturada, asesinada a golpes y posiblemente quemada viva. Tenía un alambre de púas alrededor del cuello. Eran las 10 de la mañana y en el kilómetro 17 del Libramiento Noroeste, en una brecha del municipio de Escobedo con los límites de García, en la colonia Portal del Fraile, cuando habitantes del lugar acudieron a cortar leña, la encontraron con restos de cinta canela, lo cual hace pensar que estaba maniatada cuando la arrojaron al lugar y le prendieron fuego. Sólo quedó una sandalia blanca.

 

“Cada vez hay mayor crueldad. La práctica de calcinar, por ejemplo, viene de años atrás. Es muy utilizado en sociedades donde el patriarcado es más fuerte y se demuestra el poder masculino cuando la primera persona que aparece colgada de un puente en Monterrey es una mujer (La Pelirroja)”, dice Irma Alma Ochoa.

 

La invisibilidad

El mes de mayo ha presentado igual crueldad en el asesinato de mujeres. El 23 de mayo encontraron en una camioneta con placas de Texas abandonada en una brecha de la carretera a Colombia a la altura de Salinas Victoria el cuerpo de una mujer brutalmente torturada y rematada con tiros de gracia. Estaba esposada y con la boca tapada con cinta adhesiva.

 

Son asesinatos cada vez más deshumanizantes, dice Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos, Hechos más salvajes, más lejanos de nosotros. Y cada vez son más mujeres. Ellas son las que sufren una peor violencia en esta guerra, al ser más vulnerables.

 

El 18 de mayo fue encontrado el cadáver de otra mujer, torturada y con heridas de arma de fuego. La tiraron en una calle de la colonia Morelos, en el municipio de Guadalupe, a las 4:30 de la madrugada.

 

La saña con la que actúan contra las mujeres quedó de manifiesto en el asesinato de Kitzia Rebeca Yuriditzia Cansino Ocañas, de 23 años de edad, quien tenía su domicilio en el barrio Paso Hondo del municipio de Allende. Estaba embarazada y tenía heridas en el costado izquierdo y en la parte baja de la cintura. Recibió más de cinco balazos.

 

Irma Alma Ochoa lo explica: Es el odio al origen, el odio a la madre. Quién sabe qué traigan estos asesinos para odiar incluso a aquellas que dan vida. Lo que hemos visto es que hay más saña en estas mujeres. El mayor grupo de mujeres asesinadas pertenece a la edad reproductiva. Algunas, incluso embarazadas. Y a muchas las golpean en el vientre.

 

El 20 de mayo a las 7:30 de la mañana apareció un cuerpo desmembrado de una mujer a pocos metros del palacio municipal de Guadalupe. Estaba decapitada y la cabeza fue colocada encima de una patrulla con un mensaje que los policías se negaron a hacer público.

 

Para Alicia Leal está claro que estos son feminicidios de la narcoguerra: Tienen un componente de género. En la mayoría de estas muertes hay violación, hay mutilación de tipo sexual. Eso es violencia de género. Punto. Aunque al Estado le conviene mantenerlo como algo generalizado, la realidad es otra.

 

Y es que en Nuevo León no está tipificado el feminicidio: El Estado sigue sin tener mecanismos para ofrecer a las mujeres respuestas inmediatas para casos de emergencia. Hay una clara falta de coordinación interinstitucional porque el gobierno mantiene un ejercicio monopólico de atención a las víctimas. Y esa no es la solución. En una semana hemos recibido tres casos de niñas violadas, algo que nunca habíamos visto en los 15 años de trabajo".

 

 

 

"Mataron a mi esposo, a mi papá y a mi hermano, y solo me dieron una despensa"

Familiares de cinco otomíes asesinados en Monterrey denuncian discriminación Sin justicia ni apoyo económico, las víctimas inocentes de la narcoguerra La ayuda que han recibido de autoridades es una despensa con galletas y pasta Anastasia González perdió a su padre, su esposo y su hermano, ahora teme por el futuro de sus hijos Anastasia González Juárez (izquierda) se enteró de las muertes de sus familiares por las noticias; pese a que todos portaban identificación ningún cuerpo policiaco les avisó de la tragedia Foto Sanjuana Martínez Sanjuana Martínez   Periódico La Jornada Domingo 5 de junio de 2011, p. 7      Nadie organizó una manifestación por su asesinato, ni siquiera una investigación criminal; la ejecución en Monterrey por accidente de cinco otomíes apenas ocupó un espacio en los medios de comunicación durante un par de días, luego el asunto pasó a la lista interminable y olvidada de víctimas inocentes de la guerra contra el narco. El componente de discriminación estuvo presente desde el principio. En lugar de trasladar los cuerpos en una ambulancia, fueron llevados al anfiteatro por la policía ministerial en una grúa que tiraba de la camioneta donde viajaban. Nadie supo si alguno aún respiraba. Eran pobres, indígenas y albañiles. Fueron acribillados por un grupo armado el pasado 11 de mayo en la avenida Churubusco, aparentementepor error. Andrés González Ramírez, de 52 años de edad; su hijo David González Juárez, de 20 años; su yerno Jacinto Hernández Gómez, de 35 años; Juan Marcial Genaro, de 23 años, y su sobrino Luis David Julián Marcial, de 16, regresaban de trabajar del aeropuerto en una camioneta Ford pick up cabina y media del año 2000, color arena, cuando un comando les disparó desde dos vehículos en movimiento a las cinco y media de la tarde. Anastasia González Juárez perdió a su esposo, a su hermano y a su padre. Vive en una casa de dos cuartos en la colonia Lomas Modelo, ampliación Norte, un asentamiento irregular colgado de un cerro, sin asfaltar y sin drenaje. Camina afanosamente entre cachivaches en el patio preparándose para salir. Después de tres semanas la policía podría regresarle la camioneta de su marido. Entre las pertenencias devueltas faltaba incluso el dinero de su cartera y nadie le dio razón. El día del asesinato se enteró en el noticiero de las nueve de la noche de lo ocurrido. A pesar de que todos traían identificación nadie les avisó de la tragedia. Fueron al anfiteatro del Hospital Universitario, de allí los enviaron al Hospital Metropolitano, luego a la Policía Ministerial. Allí les dijeron que todos habían fallecido: “Yo no podía creer aquello. Venían con ropa de trabajo. ¿Cómo es posible que los hayan confundido con sicarios? Nomás por la camioneta. En un principio en las noticias se dijo que los policías ministeriales fueron quienes los asesinaron. Luego nos dijeron que fueron los malos los que los mataron. ¿Quién fue? A estas alturas no sabemos, ni siquiera han investigado”. Anastasia sigue inconsolable. Al dolor de la pérdida se añade el desprecio y el racismo que han padecido. No entiende por qué ese día del suceso en menos de 10 minutos llegaron todas las patrullas y la grúa se llevó la camioneta con los cinco hombres, sin esperar la ambulancia, ni la atención médica que determinara si estaban vivos o muertos. Cuando fueron a buscarlos a la Policía Ministerial nadie quiso atenderlos. Les dijeron que volvieran al día siguiente a la siete de la mañana, y así lo hicieron, pero tuvieron que pasar 11 horas más yendo de una dependencia a otra, hasta que finalmente les entregaron los cuerpos. Desde el principio el trato fue discriminatorio, muy racista –dice María Eva Rodríguez Gómez, activista comunitaria de la zona–. Supimos que cuando los ministeriales se llevaron la camioneta con ellos arriba, uno todavía tenía signos vitales. Y no les interesó. Es un trato indigno. ¿Por qué esa falta de humanidad? Esto amerita una buena investigación. Los familiares tenían su dolor y tuvieron que lidiar con el maltrato, y al devolverle las pertenencias les faltó el dinero que llevaban en sus billeteras. ¿Por qué ese trato?” Si hay un fondo para víctimas de la violencia ¿por qué no les ayudan? Es gente humilde que no se sabe expresar. Sólo les dieron una despensa con galletas de animalitos, con unas pastas sin tomate, ni nada... ¡No es justo ese trato!” Sin ayuda Jacinto y Anastasia llegaron a Monterrey hace 30 años de su natal Santiago Mexquititlán, Querétaro, en busca de una vida mejor. Con dos hijos, después de 20 años de trabajo sólo tenían un tejabán. Fue cuando él decidió ir a trabajar a Estados Unidos, donde vivió 6 años hasta que logró construir dos cuartos de concreto a base de envíos mensuales de dinero. “Acababa de volver el 24 de diciembre pasado. Su sueño era que su hijo estudiara, que tuviera una carrera, porque él batallaba mucho en su trabajo de albañil, cuando hacía frío en el frío e igual con el calor. El me dijo: ‘yo no quiero que mis hijos pasen por esto, quiero que estudien’”. Efectivamente consiguió que su hijo de 17 años terminara la preparatoria y se matriculara en la licenciatura en educación de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Durante meses fue llenando los requisitos de regularización de vehículos y finalmente logró pasar su camioneta Ford: Nos cuestionaron el porqué si somos pobres teníamos una camioneta. Imagínese, es el trabajo de 6 años. La compró a plazos. Con la ayuda de Bienestar Social del DIF sepultaron a los cinco otomíes en su lugar de origen. Nuevo León cuenta con la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos, un presupuesto de apenas 4 millones de pesos que sin embargo no ha sido utilizado para ayudar a la familia de Anastasia. Tampoco existe un fondo nacional de ayuda a víctimas inocentes de la guerra contra el narco. El DIF únicamente me dio una despensa con un kilo de frijol, medio kilo de arroz, un kilo de maseca, una bolsa de galletas de animalitos y dos bolsas de pasta, pero estoy preocupada porque ya se acerca el pago del semestre de la facultad de mi muchacho. ¿Con qué lo voy a pagar? El abandono institucional de las víctimas es la constante. Anastasia perdió la fuente de ingreso de su familia con la muerte de su marido. Ha vuelto a trabajar en el servicio doméstico, donde le pagan 500 pesos a la semana, pero pronto tendrá que pagar el semestre de la carrera universitaria de su hijo. El licenciado del gobierno me dijo que iba a arreglar para que nos dieran un dinero, pero nada. Como yo no sé nada de eso, francamente no creo que me lleguen a dar dinero. Cuando fui a Bienestar Social del DIF vi a varias personas que me dijeron que llevan meses esperando luego de haber hecho toda la papelería y aún no les resuelven nada. Me di cuenta que les hacen nomás dar vueltas. Dice sentirse preocupada porque su único patrimonio es la camioneta. En el tiroteo quedó sin cristales: No me la han devuelto. Lo que quiero es que me regresen mi mueble. Es todo. Es el único patrimonio que tengo. La camioneta la tiene la Policía Ministerial. A la licenciada le di la factura original, pero no me ha hablado. Cuando fui a recoger a la Ministerial la bolsa de mi esposo donde traía su martillo y la lonchera, un señor me dijo que si no me movía iba a perder la camioneta. Es muy triste todo. Justicia divina Anastasia está abatida. Ya no se limpia las lágrimas que recorren sus definidas mejillas. Su hija Selene, de 14 años, está sentada a su lado, junto a su cuñada y una vecina: “En mi vida todo ha cambiado, todo es difícil. Ya nada es igual. Durante seis años mis hijos no tuvieron a su papá, sólo los últimos cuatro meses y ahora lo matan. Mi hijo dice que por lo menos antes estaba lejos pero todos los días les hablaba por teléfono ¿y ahora qué vamos a esperar? El pastor de la iglesia cristiana donde asiste le ha ayudado con los papeleos para la recuperación de la camioneta. Dice que no ha tenido acceso al expediente ministerial del asesinato de sus familiares: Hasta ahorita no me han dicho quién mató a mis familiares. No he preguntado, tampoco. Pienso que aunque me digan ¿yo que voy a hacer? Ellos no me van a regresar a mis seres queridos. La mera verdad, lo único que espero es que Dios haga justicia por todas las víctimas inocentes de esta guerra que están derramando su sangre. Anastasia se pregunta cuántas víctimas inocentes han muerto en esta guerra y la mayoría no obtiene justicia ni reparación: ¿Qué hacen con el dinero del presupuesto de apoyo a las víctimas? Sabrá Dios. ¿Justicia? Yo no creo que vaya a haber justicia. En la justicia del hombre ya no creo, ya no creo en las autoridades. El único que va a hacer justicia es Dios. Que Dios tenga misericordia de los asesinos, no sé si tienen corazón para hacer algo así. Acaso ellos no tienen hijos, esposas... me pasan muchas cosas por la mente. Igual que yo, ¿cuántas familias no están viviendo lo mismo?” Su cuñada, Rosa Martín Domingo, tiene 21 años. Llevaba casada dos años con su hermano David. Tiene sentado en el regazo a David Ariel, de 9 meses, que pide leche. Mientras lo amamanta sin levantar la mirada dice: Sólo me dieron una bolsa de pañales y dos botes de leche en polvo. Una infinita tristeza se refleja en sus ojos. La incertidumbre del futuro no le deja dormir. Trae en la mano la credencial del trabajo de su esposo que el bebé toma para jugar. Laboraba como albañil en OMA, Grupo Aeroportario Centro Norte, pero a través de un contratista: Su patrón me dio nomás dos semanas: 2 mil 200 pesos. No tenía seguro ni prestaciones. Galileo Hernández, presidente de Asociación de Justicia Étnica AC, ha acompañado a los familiares de las víctimas otomíes y está de pie junto a Anastasia, que se dice lista para ir a reclamar por enésima vez la camioneta de su esposo: El DIF prometió hacer el traspaso del vehículo a la esposa, algo que no se ha concretado. Les hemos dado atención legal, pero no nos han permitido acceso al expediente. Lo más lamentable, dice, es que existiendo supuestamente un fondo de ayuda a las víctimas de violencia de la guerra contra el narco, no sea aplicado en la realidad: No hay una dependencia que otorgue la ayuda. El DIF lo hace a través de despensas raquíticas, pero ni siquiera hay seguimiento. Se destina mucho dinero a las cuestiones de seguridad. ¿Y a las miles de víctimas inocentes quién las ayuda?