La impunidad endémica

A dos meses del ataque

No habrá justicia para vivos ni para muertos en el casino Royale

Es una burla de autoridades, coinciden deudos y trabajadores

Siguen libres dueños del sitio y capos; dudosas, las detenciones

                                               Foto: Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 6 de noviembre de 2011, p. 2

Monterrey, NL. Sin funcionarios públicos detenidos, sin peritajes concluyentes, sin detenciones de los dueños, sin arrestar a los grandes jefes del crimen organizado, sin desvelar los nombres de los operadores; a más de dos meses de uno de los mayores ataques contra la población civil perpetrado en México, las víctimas del casino Royale siguen en espera de justicia.

No hay justicia para vivos, ni para muertos, dice con tono de amargura Baldemar Villarreal, padre de dos trabajadores del casino Royale que lograron salvarse. Y lanza una frase lapidaria para rematar: La justicia en México es letra muerta.

Los familiares de las 52 víctimas de la casa de apuestas y los 180 trabajadores que laboraban en el casino Royale han visto con desolación la opacidad en las investigaciones sobre las responsabilidades de miembros de Protección Civil de Nuevo León que cubrieron el ataque, los enredos entre municipio, estado y Federación sobre los peritajes del siniestro, la protección a Raúl Rocha Cantú, dueño del negocio, la ocultación del resto de los propietarios, el manejo turbio para encubrir y proteger a funcionarios implicados de los tres niveles de gobierno, la inacción del gobierno federal para atraer por completo el caso y la falta de apoyo gubernamental a las víctimas para solventar las consecuencias de la tragedia.

También han visto con escepticismo la detención de 17 presuntos implicados, la mayoría de ellos jóvenes y menores de edad que son presentados comocabecillas de Los Zetas y en muchos casos ni siquiera forman parte de la lista revelada por la Procuraduría General de la República de 18 presuntos culpables de la masacre, de los cuales sólo se ha detenido a ocho personas.

Y finalmente han asistido al bochornoso espectáculo de impunidad ofrecido por autoridades policiacas y judiciales en torno a la protección de Jonás Larrazabal –hermano del alcalde panista de Monterrey–, Fernando Larrazabal; a quien se exhibió como extorsionador de varios casinos y está detenido bajo condiciones de privilegio y por cargos menores a los hechos, mientras el edil regiomontano es sostenido en su puesto por su partido y sin ser molestado por las autoridades correspondientes.

Todo ha sido una burla, la justicia nunca llegará, de eso estamos seguros, dice con desánimo María Teresa Salazar Ibarra, madre de un escolta del casino y esposa de un guardia de seguridad de la misma casa de apuestas.

Tapar el sol con un dedo

Afuera del casino Royale siguen llegando flores frescas. Los familiares y amigos de las víctimas mortales se reúnen con regularidad para orar por sus seres queridos y para seguir exigiendo justicia a autoridades de los tres niveles de gobierno. Colocan veladoras, mantas con las fotografías de los fallecidos: Te amamos por siempre: tu esposa y tus hijos.

Ante la falta de justicia, la sospecha y la simulación, los familiares han depositado su confianza en la religión y celebran misas y reuniones para rezar. Han colocado imágenes de la Virgen de Guadalupe y también de Jesucristo con una leyenda que dice: Jesús, en ti confío.

Samara Pérez Muñiz, madre de Brad Xavier Muraira Pérez, de 18 años, fue testigo de la rapiña de las autoridades judiciales de Nuevo León luego del ataque, ya que al entregarle las pertenencias de su hijo, se quedaron con la cartera. Ahora observa nuevamente la impunidad: Nos interesa que se castigue no sólo a quienes vinieron a quemar el lugar, sino a las autoridades que permitieron que este casino estuviera funcionando. Hay autoridades de la Secretaría de Gobernación, autoridades estatales y locales, hay muchos responsables por acción y omisión que no han sido detenidos.

En días recientes los familiares de las víctimas acudieron nuevamente al lugar para colocar un altar con 52 cruces que llevan inscrito el nombre de cada una de las personas que murieron en el ataque. Otra manta fue colocada en el exterior del casino: Señor Presidente: le pedimos que honre su palabra: caiga quien caiga.

Raúl Carlos Cavazos, hijo de Aída Cavazos, de 62 años, que murió en el atentado, es contundente: Es un llamado que hacemos a las autoridades para que asuman sus responsabilidades y nos permitan a los ciudadanos que estamos sufriendo aún esta pérdida, que podamos tener justicia y paz.

Unidos por la tragedia, los familiares coinciden en señalar que los tres niveles de gobierno se lanzan la pelotita para que no se detenga a ningún funcionario público implicado en el caso Royale y solicitaron la creación de un programa de atención a víctimas, que finalmente haga realidad los apoyos económicos funerarios, las becas educativas o la prometida ayuda sicológica.

A los trabajadores del casino tampoco se les ha hecho justicia. Karla Iveth Villarreal Niño, de 34 años, laboraba en el área de monitores y su hermano, Raúl Fernando, de 30 años, en seguridad; ambos recibieron solamente mil 600 pesos de indemnización: No se justifica lo poquito que les dieron y eso que ellos recibieron más, a otros sólo les dieron 400 o 100 pesos. Una vil burla. La justicia en este caso no tiene ni pies ni cabeza, está ciega por completo. El dueño sigue libre. Todos sabemos que los culpables son los que dieron la firma para abrir el casino, pero todos le quieren echar tierra a la tragedia y lo que siempre hacen: agachar la cabeza, y como el muerto no declara... Todos merecen justicia, no sólo los muertos, también los vivos, dice el taxista Baldemar Villarreal, de 58 años, padre de ambos trabajadores del Royale.

¿Por qué no le escarban al papá del gobernador?

Karla Iveth fue una de las rescatadas por otro de los trabajadores que sabía de antemano que en el casino las puertas de emergencia estaban clausuradas o eran falsas. Lo más triste para ellos fue ver cómo morían sus compañeros y los clientes.Por eso nos indigna que ahora las autoridades estén enmascarando cosas para proteger a los culpables. A ellos nadie les va a hacer nada, son gente del poder. ¿Quién está detrás del casino Royale y de todos los demás? ¿Quiénes les dieron los permisos? Nos siguen echando mentiras. Es aberrante. ¿Por qué no le escarban tantito al papá del gobernador Rodrigo Medina?.

Los deudos de las víctimas han visto también con indignación cómo el único dueño visible del casino, Raúl Rocha Cantú, huyó a Miami y hasta allí fueentrevistado por la PGR en lugar de ser detenido. Cuestionan que siga libre y que las autoridades le hayan permitido desmantelar las oficinas del casino ubicadas en la Torre América para rescatar computadoras y expedientes con toda la información de la operación de su casa de apuestas: A él nunca lo van a detener, es gente del poder; prestanombres de gente del gobierno, los dueños de los casinos son el poder por el poder, dice otro familiar.

La expedición de permisos de casinos sigue siendo la gran asignatura a resolver en el entramado de la procuración de justicia. A la clausura definitiva del casino Royale le sigue ahora la apertura de siete nuevas casas de apuestas, incluso algunas bajo la misma casa operadora del casino propiedad de Rocha Cantú, aunque la mayoría de los nuevos negocios están vinculados a Juan José Rojas Cardona, conocido mejor como el zar de los casinos.

En el ámbito judicial tampoco ha habido justicia, ni siquiera la suspensión de los implicados en la maraña de corrupción gubernamental que cubre al casino Royale. La presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo, Juana María Treviño, que dio las resoluciones en favor de la casa de apuestas atacada para que siguiera funcionando, ha dicho que ella no es culpable del ataque: Nosotros no tuvimos nada qué ver.

De visita en Monterrey, Olga Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acusó a los municipios de solapar a los casinos por corrupción, negligencia o falta de capacidad y pidió que se deslinden de una vez las responsabilidades en cada una de las esferas de competencia que permitieron la operación del Royale.

A más de dos meses del ataque, el peritaje a cargo de la procuradora Marisela Morales aún no ha sido entregado, por lo tanto, aún no se sabe las condiciones que tenía el inmueble cuando fue atacado.

Durante la conferencia de prensa para dar a conocer la detención de Jesús Rafael Torres Bautista, El Colitas, de 18 años, presunto jefe zeta, y de cuatro menores de 15, 16 y 17 años, implicados en el ataque al casino Royale, el gobernador Rodrigo Medina a pregunta expresa de La Jornada defendió la actuación de su gobierno y dijo que la percepción de impunidad en este caso es producto de los medios de comunicación:Es importante que los medios nos ayuden a que haya una percepción objetiva. La responsabilidad nuestra es dar con los culpables y lo estamos haciendo... los dictámenes periciales se están llevando a cabo y se va a llegar a una conclusión y si hay autoridades responsables se va a castigar, tiene que concluir el dictamen. No se resuelve de la noche a la mañana.

A más de dos meses de la tragedia y visto lo hecho, María Teresa Salazar Ibarra, madre de un guardia de seguridad del casino Royale, piensa lo contrario:No habrá justicia, hay muchos intereses.

Secuestros sin final feliz

Modalidad del crimen con ganancias multimillonarias: estudio

Sin límite, los narcosecuestros en estados del norte del país

En ningún caso se ha recuperado a la víctima; desaparecen, señala

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 30 de octubre de 2011, p. 10

Los privaron de su libertad, pidieron rescate y a ninguno regresaron: son losnarcosecuestrados-desaparecidos, modalidad de violencia que genera multimillonarias ganancias al crimen organizado y a las autoridades coludidas; con 45 delitos diarios y más de 16 mil 500 casos al año, la cifra coloca a México en primer lugar mundial en secuestros.

Llegaron a las cuatro y media de la tarde con camión de mudanza, desprendieron la reja de la cochera y lo sacaron. Se llevaron todo: camionetas, pantallas de plasma, computadoras, electrodomésticos, hasta los juguetes de los niños, dice Blanca Estela Flores, madre de Agnoldo Pavel Medina, de 33 años, secuestrado-desaparecido el 2 de agosto del año pasado; por él pagó un millonario rescate y nunca lo regresaron.

Blanca Estela Flores, madre de Agnoldo Pavel Medina secuestrado-desaparecido. Foto: Sanjuana Martínez

Tiene 69 años, viste de negro con una camiseta que dice: ¿Dónde están? La acompañan otras madres de familia, esposas, hermanas, abuelas, que en manifestación exigen resultados a las autoridades: “Dos días antes de entregar el rescate me lo pusieron en su Nextel. Escuché su voz. Me dijo: Hagan todo lo que les dicen, mamá, porque si no me van a matar. Y, efectivamente, se les dio todo lo que pidieron a los ocho días, pero nunca me lo devolvieron.

Blanca Estela acompaña a un grupo de mujeres por la calle, grita con todos sus fuerzas, cierra los puños y clama desde lo más profundo de su ser con un lamento de voz desgarrado, inundado de lágrimas: Pido un milagro sobrenatural, les pido a los que se lo llevaron, le pido al procurador, al Presidente, a Dios, que me lo regresen vivo; sus niños lo esperan, sus hermanos, su mujer... y yo, hijito de mi corazón.

No puede continuar, se desvanece, otras compañeras la ayudan, se sienta. Toma agua. Respira profundo y empieza a hablar sin parar. Cuenta que ese día llegaron cinco hombres, uno encapuchado, los otros con la cara descubierta. Era lunes de mercado, las calles estaban llenas. Y había patrullas de tránsito de Guadalupe, Nuevo León, cuidando a los secuestradores. Lo sacaron en pantalón corto, amenazando a su mujer, Claudia Verónica: Si lo denuncias, te vamos a matar con los niños. Y saquearon la casa.

Yo me sentía en un sueño. Así estuve dos meses, dice Blanca Estela, hasta que a los dos meses se decidieron a interponer una denuncia en el campo militar de la séptima zona de Monterrey: Nos sentimos vigilados, durante meses hemos tenido una patrulla en la esquina de la casa. Son los mismos, todos están de acuerdo.

Añade: Yo tengo fe, soy cristiana y por eso le pido al Señor un milagro sobrenatural para que me lo regrese, le digo: Padre, ¿por qué no me has contestado? No me dices nada, ¿por qué, Señor, no me contestas? Y comenta que siente que su hijo está vivo porque lo sueña con frecuencia: Es mi hijo menor; tengo ocho, pero él ha sido el más amado de todos sus hermanos. Buen padre, buen hijo.

Agnoldo tenía un negocio de autoclimas, era hogareño; del trabajo a la casa y con muchos amigos, alegre. Blanca Estela hace recuento y recuerda cómo le ha cambiado la vida a toda la familia. Tiene 19 nietos, su esposo está enfermo de depresión, ya no sale. Y les dice que hubiera sido mejor que lo secuestraran en lugar de su hijo: Yo rezo todo el día para que vuelva. Cuando como, pido por los secuestrados para que Dios les dé de comer, para que los alimente allí donde los tengan.

Próspera industria

Durante el presente año, sólo uno de cada 10 secuestros ha sido denunciados, según el Informe sobre secuestro en México del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, que sitúa a los estados del norte como los primeros en la estadística de este delito: En ningún caso se ha recuperado a la víctima, no se ha localizado su cuerpo, por lo que permanecen como desaparecidos, pese a que en muchos casos han pasado ya tres años de su captura. El 60 por ciento de los casos ocurren en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Nuevo León.

El estudio revela una evolución en el modus operandi de este delito cometido por autoridades y delincuentes, con 45 casos diarios: por una parte se ha detectado un notable incremento en la participación de policías, ex policías y militares. Participan en siete de cada 10 secuestros y aplican en contra de la sociedad los conocimientos adquiridos para protegerla. Cada intento del Estado por combatir al crimen organizado se ve superado por esa peligrosa sociedad de policías y delincuentes, dice el documento.

 Ricardo Rivera Hidalgo, hermando de Roy, secuestrado-desaparecido. Foto: Sanjuana Martínez

A Roy Rivera Hidalgo, de 18 años, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y trabajador, se lo llevaron el pasado 11 de enero; lo sacaron de su casa, una vivienda llamativa de dos pisos que seguramente fue elegida al azar. Un comando de hombres con armas largas, uniformados, con chalecos de la policía de Escobedo, desprendió el portón durante la madrugada, mientras la familia dormía. Uno de los encapuchados preguntó frente a los dos hijos del matrimonio: ¿Quién es el mayor?, Roy levantó la mano, mientras a Ricardo, su hermano menor, lo golpeaban: Se llevaron también las camionetas, joyas, todo lo de valor, cuenta Ricardo, a quien la culpa de haber sobrevivido, gracias al valor de su hermano, no lo deja vivir en paz.

Mi papá ya ni va al sicólogo; ahora le han recomendado ir al siquiatra, pero ni quiere, dice al señalar que se trató de un secuestro ahora convertido en desaparición: “Nos llamaron: ‘Queremos un millón de pesos, si no te entregaremos la cabeza de Roy’, dijeron. Y pagamos el rescate a los dos días. Llegamos a un acuerdo: les dimos 750 mil pesos. Vendimos todo lo que teníamos. Nos dijeron que lleváramos el dinero a una iglesia de San Nicolás de los Garza y así lo hicimos, pero desde hace nueve meses no hemos sabido nada de él. La policía ni nos hace caso. Fuimos con la PGR, Marina, Ejército y nada, sólo nos dan papeles.”

Finalmente detuvieron a unos cholos: Pero se apegaron al artículo 20 y no dijeron nada. Cuando detienen a un criminal lo primero que hacen es ponerle un abogado y nosotros, las víctimas, tenemos nueve meses sin ayuda legal. Es muy injusto.

La forma de actuar de los secuestradores, según el mismo estudio, ha ido cambiando, y en la era digital los delincuentes se valen de sistemas de espionaje para vigilar a sus próximas víctimas, como micrófonos GSM que permiten vigilancias desde cualquier lugar, y a través del tráfico de datos personales acceden a cuentas bancarias y registros de actividad telefónica de la víctima para determinar su nivel de vida.

A diferencia de la década anterior, donde el secuestro era particularmente de alto impacto, es decir, de personas con elevado poder adquisitivo y grandes fortunas, actualmente cualquier ciudadano puede ser secuestrado, no importa si es comerciante, obrero o desempleado. Hay casos registrados donde el rescate exigido por los delincuentes es una compra de supermercado que no rebasa los dos mil pesos: En los recientes tres años, la cantidad promedio es de 10 millones de pesos y el pago obtenido promedio es de 2.5 millones. En la década anterior el cautiverio de la víctima se prolongaba hasta un año; ahora se busca negociar en forma rápida y liberar o privar de la vida al secuestrado, en promedio, en 25 días.

Los narcosecuestros son cometidos para calentar la plaza en poder de grupos rivales, a fin de que el Estado envíe fuerzas federales y aumente la militarización de la zona: “profesores, jornaleros, comerciantes, desempleados, mujeres dedicas al hogar, cualquiera puede ser y ha sido blanco de estas acciones. El 75 por ciento lo componen hombres de 20 a 45 años de edad; 10 por ciento, mujeres de entre 20 y 35 años; 15 por ciento, jóvenes menores de 19 años de edad. El cobro de rescate es totalmente secundario y en la mayor parte de los casos sólo es una fachada. Éste fenómeno se agudizó con la presencia de grupos como La Familia Michoacana,Los Zetas, Los Pelones, La Línea, entre otros”, señala el estudio.

Los mismos

A Jocelyn Mabel Ibarra Buenrostro, Jose Ángel Mejía Martínez y Juan Manuel Sada Moreno se los llevaron el 15 de noviembre del año pasado. Estaban en un rancho en Cadereyta, mientras los padres de Jocelyn eran secuestrados y rescatados por el Ejército; José Angel es novio de Jocelyn y Juan Manuel era el chofer de la familia.

       José Ibarra, abuelo de Jocelyn Mabel y David Joab Ibarra Buenrostro. Foto: Sanjuana Martínez

El 18 de noviembre nos llamaron para pedir rescate. Mandamos a mi hijo mayor, David Joab, a entregar el dinero y ya no volvió. Se quedaron con el rescate y con mis dos hijos; con los cuatro, y hasta ahorita no hemos sabido nada, cuenta Virgina Buenrostro, de 52 años, madre de los hermanos.

A Virgina y a su esposo los habían secuestrado el 13 de noviembre en su rancho de Cadereyta. Los interceptaron en la calle, los encañonaron con armas largas y les pusieron un rayo láser. Se identificaron como policías ministeriales de Nuevo León, les dijeron que su rancho estaba reportado como lugar donde había droga y cosas robadas. Los metieron en las cajuelas de unas camionetas y allí los trajeron dando vueltas durante dos días, hasta que los delincuentes se toparon con un convoy militar: “Se armó la balacera y nos rescataron. Los secuestradores eran como 15 o 20, drogados, tomando todo el día, sin corazón ni entrañas. Yo los oía y vi cómo les daban un sobre con dinero a unos policías federales. Uno de los secuestradores le había dicho a mi marido: ‘¿cuánto quieres pagar de rescate por ustedes? Piensa bien la respuesta, porque si no nos gusta los vamos a matar, ustedes ya están viejos y no nos sirven para nada’”.

Hace poco, una de las esposas de los secuestradores fue sorprendida con la camioneta robada de Jocelyn Mabel; traía armas largas y la liberaron a los tres días con 8 mil pesos: Ahora hay once detenidos, la policía esta coludida porque los están protegiendo y seguro al rato salen.

Para Jorge Verástegui, representante de Fundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila) estos delitos no son secuestros, sino desapariciones forzadas: Estamos ante un nuevo delito que se está convirtiendo en una forma de extorsión: solicitan dinero, se les entrega y desaparecen a la persona. A veces los obligan a trabajar para ellos; los tienen en centros clandestinos de detención y obtienen un doble beneficio.

El Ejército rescató hace dos semanas a 61 personas secuestradas en Piedras Negras, Coahuila, de diversos estados, que eran obligadas a trabajar para la delincuencia organizada en esa zona: “Hay una colusión de las autoridades en todos sus niveles con los cárteles de la droga para cometer este nuevo delito que es la combinación del secuestro con la desaparición forzada.”

Anterior

Siguiente

Subir al inicio del texto

Los "daños colaterales" más pequeños

Generaciones en riesgo

Mil 400 niños asesinados en la guerra al narco; desinterés oficial frente a la tragedia

Descartado, aplicar protocolos de atención; Unicef no reconoce el conflicto

El Estado, incapaz de garantizar el derecho a la vida, señala el Redim

La Redim demanda al Estado mexicano que genere un sistema de información que permita conocer el impacto real que tiene la guerra en los niños.Foto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 9 de octubre de 2011, p. 2

Alfredo tiene pesadillas porque vio morir a su hermana de 17 años en una balacera; Jorge (7 años), hijo de un desaparecido, dibuja un militar y un encapuchado apuntando al coche de la familia; César (10) perdió a sus padres en una balacera; se niega a ir a la escuela y no quiere salir a la calle; Jaime (12) observó cómo asesinaban a cuatro miembros de su familia y está herido en el hospital... Son los daños colaterales más pequeños de la guerra contra el narcoque ha cobrado la vida de mil 400 menores de edad y ha generado múltiples trastornos sicológicos a miles de niños abandonados por el Estado.

No son considerados los impactos de la violencia armada en los niños. Son mil 400 homicidios y ninguna condena, dice Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que ha contabilizado 345 muertes de menores desde enero de 2010 y alerta sobre los estados con mayor número de homicidios infantiles, entre los que se encuentran Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.

Un total de 37 millones de niños viven en México, casi 37 por ciento de la población; de ellos, 20 millones padecen situación de pobreza y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 83 por ciento tienen algún tipo de carencia: En esta lógica se puede ver lo poco que hace el Estado mexicano con la infancia. Sólo destina menos de uno por ciento del PIB para proteger a los menores y permitir que cambie su situación. El Estado no ha sido capaz de garantizar el derecho de los niños a la vida, dice Pérez García.

Miedo y odio

No me dieron, dijo Wendy (17) a su primo que conducía el coche rafagueado con cuernos de chivo por un comando que salió de una vereda en la carretera a Cerralvo, rumbo a Doctor González, Nuevo León. Wendy viajaba también con una amiga, pero a los pocos minutos del ataque, notó una mancha de sangre que se extendía en su blusa: las balas le perforaron el estómago. Alcanzó a llegar a su casa, su madre la llevó al hospital más cercano en Monterrey, a 80 kilómetros, donde fue atendida, pero murió.

Como todos los días, Alfredo (9) le lleva flores al cementerio del pueblo. La tumba de tierra tiene una cruz de madera sin nombre. Está triste. No tiene ganas de comer. No llora, pero la extraña mucho; recuerda haberla visto sangrando en agonía y haberla visitado en el hospital donde estaba muy hinchada. Siente mucho coraje: Los malos le dispararon. Y repite: Los odio, los quiero matar. No ha recibido ayuda de ningún tipo. En la escuela rural donde estudia no saben cómo apoyarlo. Nadie le ha medido su nivel de estrés postraumático. El Unicef no reconoce que México viva en una guerra, por lo cual no hay organismos institucionales interesados en aplicar protocolos de atención; el DIF no se ha acercado a ofrecerle apoyo, las autoridades de Nuevo León ni siquiera han investigado el asesinato de su hermana, que tampoco ocupó un espacio en los medios de información.

Esa es la situación de miles de niños en las zonas rurales y urbanas. No están siendo atendidos, dice el sicólogo Rodolfo Salazar Gil, quien ha creado un programa de atención a menores víctimas de la violencia, en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, organización civil que también ofrece ayuda a las víctimas más pequeñas de la guerra contra el narco: A los niños y niñas de México les están quitando la infancia y los espacios para jugar. Esta guerra mete en su imaginario la violencia, el odio, la venganza, el rencor; y les desplaza la belleza y el disfrute de la vida, la solidaridad. Es el mundo al que han entrado a vivir, lamentablemente.

Los asesinatos de menores han aumentado vertiginosamente en el norte del país. Si antes el rango donde se registraban más homicidios era de 15 a 17 años, ahora el incremento se registra también en asesinatos de niños de cero a cuatro años.

El aumento de los homicidios y ataques a menores ha generado miedo y angustia en la población infantil: Los niños han perdido la seguridad, y cuando hay alguna agresión a la casa o algún familiar sienten que la seguridad que tenían ya no es real. Si además de la agresión a su entorno, le unimos toda la información que hay alrededor sobre la violencia y que está todo el tiempo y en todos lados, las fantasías se disparan. Los niños lo platican en las escuelas y eso les genera mucho miedo y una sensación de vulnerabilidad absoluta, dice Rodolfo Salazar.

Durante una protesta para exigir la entrega de un jefe de familia desaparecido.Foto Sanjuana Martínez

Los niños atendidos en este programa son huérfanos, hijos de desaparecidos, víctimas de algún ataque o testigos de la violencia armada que ha afectado directamente a su familia. Las consecuencias inmediatas de los estragos de la guerra se observan de manera inmediata, comenta el especialista: Llegan con depresión, sentimiento de culpa, impulsos de agresividad, coraje, enojo, odio; sentimientos que hay que sacar de alguna manera a través del dibujo, de juegos y de una terapia narrativa que estamos aplicando.

Las últimas semanas fueron asesinados en Monterrey seis menores de edad en distintos ataques. La Facultad de Sicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un programa especial de respuesta de urgencia en la clínica de atención sicológica donde están atendiendo a adultos y niños: La guerra está provocando mucha desconfianza entre los niños, que están muy asustados y sienten que deben esconderse. Lo poco que se está haciendo es después de los sucesos; no se está haciendo nada a escala preventiva. Hemos visto que cuando hay víctimas de balaceras o de un robo con violencia y la familia pide atención sicológica, no se les atiende; les niegan la atención por temor y para evitar problemas. Y porque se les estigmatiza, dice el sicoanalista Guillermo Rocha, encargado del programa.

Los casos que atienden en esta institución educativa afectan incluso a los mismos sicólogos que prestan el apoyo: Estamos viendo cosas que antes no veíamos, el dolor de los pacientes impacta mucho. Vemos casos de secuestros, de gente que vio cómo mataron a sus familiares, de niños que sólo dibujan armas, gente disparando, hombres encapuchados, militares. Todo ha cambiado.

Incubar la violencia

Era la 1:30 de la mañana del 3 de octubre pasado. El silencio se rompió en el Cerro de la Campana, en el sur de Monterrey, una de las zonas más pobres de la ciudad. Un comando irrumpió en la humilde vivienda de madera y disparó a las camas donde dormía la familia. Mataron a cuatro miembros: Jaime García Hernández (44), Claudia Leticia García Hernández (18), Virginia García Hernández (38) y Eduardo Ruiz García (2). El comando dejó un narcomensaje en la escena del crimen y secuestró a Jesús García (16), un menor que al día siguiente fue colgado vivo de un puente y luego asesinado a balazos. Sobrevivieron al ataque una niña de cinco años y un niño de 13 que posteriormente fue identificado por la mayoría de los medios de información como halcón y narcomenudista.

En los últimos meses grupos del crimen organizado han encontrado en los menores una forma cruel de enviar mensajes a los rivales, asesinando, mutilando o secuestrando niñas y niños en diferentes estados de la República: “La estigmatización de los menores es una de las constantes en esta guerra. Se etiqueta a los heridos a quienes se les relaciona con el crimen organizado. Y la etiqueta denarcohuérfano se ha extendido mucho y se ha convertido en un estigma. Los fondos para niños en orfandad por el narco no tienen éxito porque se convierten en un blanco. El crimen organizado ha comenzado a ver en los niños un vehículo para mandar mensajes a grupos contrarios”, comenta Juan Martín Pérez García, director de Redim.

La desatención y desprotección del Estado es tanta, que cuenta que los niños sobrevivientes de ataques que quedan huérfanos y son entregados a instituciones gubernamentales no están seguros: En varios estados donde les llevan niños los grupos contrarios llegan exigiendo la entrega de los menores y los empleados los tienen que entregar, porque no tienen medidas de protección o seguridad.

En México, la atención a la infancia padece un rezago de 50 años y con la violencia la poca institucionalidad que existe en ese campo se ha colapsado, por tanto, la Redim está exigiendo al Estado que genere un sistema de información que permita conocer el impacto real que está teniendo la guerra en los niños.

Actualmente las instituciones gubernamentales se niegan a dar estadísticas y ocultan información: El Estado mexicano se está negando a dar información sobre el número de niños heridos, asesinados y detenidos. Sencillamente no nos contestan. No hay un reconocimiento oficial del impacto que está teniendo la guerra en niños y niñas, pero mil 400 niños y niñas asesinados no se pueden esconder debajo de la alfombra.

Los Polizetas y la desaparición forzada

Funcionarios de la alcaldía también están implicados con el crimen organizado, acusan

Zetas y policías son los mismos, denuncian padres de 4 desaparecidos en Juárez, NL

Los secuestros cometidos por agentes y delincuentes son cotidianos y notorios, aseveran

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 2 de octubre de 2011, p. 8

Les pusimos unas cachetaditas, por eso no se los podemos entregar, le dijo el comandante a Luz María Durán Mota cuando ésta preguntó por su hijo Israel Arenas, de 17 años, detenido junto a tres amigos el pasado 17 de junio por un agente de tránsito de Juárez, Nuevo León, tras chocar accidentalmente con la patrulla número 131 de ese municipio.

                                  Las madres de los cuatro desaparecidos. Foto: Sanjuana Martínez

La historia de Israel y sus amigos muestra claramente la connivencia de las autoridades locales con el crimen organizado. El agente de tránsito Juan Eduardo de León Pérez reconoció ante el Ministerio Público (MP) que entregó a los cuatro jóvenes a Los Zetas luego de detenerlos. “¿Cómo los van a entregar a Los Zetas, siLos Zetas son ellos? Tránsitos, policías, ministeriales, funcionarios de la alcaldía, todos están de acuerdo”, expresa desconsolado José Emiliano Arenas Nicanor, quien desde hace más de tres meses no ha visto a su hijo Israel.

En Nuevo León se han incrementado 300 por ciento los asesinatos. En los primeros nueve meses del año se prepetraron unos mil 400. Y la vida del municipio de Juárez en especial fue cambiando en los últimos años. De ser un suburbio de trabajadores, una ciudad-dormitorio, se convirtió en uno de los lugares más violentos del estado, con un alto índice de homicidios, robos y secuestros. En cada esquina los halcones hacen su trabajo desde una aparente labor de limpiaparabrisas, informando puntualmente vía celular o Nextel de la llegada de forasteros, tomando el número de placas de los vehículos más nuevos.

El municipio está identificado como territorio zeta, donde prevalece el cobro de piso a negocios y empresas, los secuestros y asesinatos. La penetración en las instituciones es escandalosamente visible, aunque el alcalde Luis Alfredo García Garza insista en que su gobierno no ha quedado rebasado por el hampa.

Los polizetas

Con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que todos estuvieron de acuerdo con el secuestro y la desaparición de nuestros hijos, señala Luz María Durán Mota, sentada a la mesa junto a Carmen Álvarez Ladino, madre de Reynaldo y Javier García; y de Roberta Hilaria Cid Álvarez, mamá de Adrián Navas, todos detenidos por el mismo agente de tránsito, ahora confeso y encarcelado.

Las cuatro familias son originarias del municipio de Mariano Escobedo, Veracruz, y los muchachos trabajaban en el vivero propiedad de José Emiliano Arenas, padre de Israel. Habían ido a dejar unas plantas en una camioneta Fordpick up de reciente modelo, cuando al volver se detuvieron en el bar El California. Al no completar para pagar la cuenta, Israel llamó a su hermano Irving, de 15 años, para que le llevara dinero.

En compañía de Agustín Mencías, Irving se dirigió al bar. Mientras iba por la carretera se percató de que el vehículo de su hermano estaba parado en el carril contrario. Fue cuando vio claramente cómo dos agentes de tránsito llevaban esposado a su hermano y lo subían a una camioneta gris, donde ya estaban los otros tres amigos. Los alcanzó y les preguntó la razón de su arresto. Los llevamos detenidos porque abollaron la unidad 131, contestó uno.

        José Emiliano Arenas, muestra una foto de su hijo Israel junto a su hijo Irving. Foto: Sanjuana Martínez

Varios familiares se dirigieron entonces a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito para preguntar por los cuatro jóvenes, pero quien los atendió les dijo que no tenían ningún reporte, y los remitió al MP, que no los atendió hasta las cuatro de la tarde del 18 de junio. El comandante en jefe de los ministeriales se negó a proporcionar su nombre, pero afirmó que la camioneta Ford fue encontrada abandonada, lo cual refutó Irving, señalando que él fue testigo de la detención de los muchachos. Me dijo: ya no le busque, señora, ya ve cómo están las cosas, agrega Luz María.

                                          Luz María Durán, madre de Israel Arenas.  Foto: Sanjuana Martínez 

Ante la insistencia de la madre, al pasar las horas, el comandante cambió de opinión y fue cuando le dijo que no podía entregar a los jóvenes porque les pusieron unas cachetaditas, y que volviera al día siguiente a las cuatro de la tarde. Fue mentira, porque durante esas horas las autoridades no sólo no presentaron a los jóvenes, sino que intentaron borrar toda evidencia de lo sucedido.

Pasaron dos días, y la tarde del 20 de junio el padre vio pasar frente a su casa la camioneta que antes conducía su hijo Israel. La llevaba un malandro, que después fue identificado como Carlos Ochoa Bautista.

El padre de Israel siguió a Ochoa y pudo ver dónde vivía. Fue cuando finalmente interpusieron una denuncia. Ochoa fue arrestado y el vehículo se recuperó, pero los muchachos no. La camioneta de mi hijo fue llevada al corralón supuestamente. ¿Quién autorizó la salida de la camioneta? El que autorizó su salida tiene a los chamacos. Malandros, policías, ministeriales y tránsitos son los mismos. ¿Con quién vamos a ir?Los secuestros cometidos por tránsitos-policías-zetas son cotidianos, públicos y notorios en Juárez, aunque en este caso nunca llamó nadie para pedir rescate.Hace unos días encontraron a un muchacho de 14 años amarrado en el monte. Tenía cuatro días sin comer. Lo habían secuestrado junto a su madre y dos primos que jamás aparecieron, asevera José Emiliano Arenas.

Muchachos buenos

Carmen y Roberta Hilaria han viajado 16 horas para llegar a Monterrey y comparecer ante la autoridad con el fin de seguir reclamando la presentación de sus hijos desaparecidos hace más de 100 días.

                           Carmen Álvarez, madre de Javier y Reynaldo García. Fotos: Sanjuana Martínez 

Carmen es madre de Reynaldo y Javier García Álvarez: Tengo 10 hijos que me viven; fueron 12 en total, dos fallecidas por enfermedad y dos únicos varones, que son los que se me extraviaron. Nietos para qué le cuento: son como 30 o 35, ya ni sé.

Roberta Hilaria tiene ocho hijos: “No dejamos de rezar, de pedirle a todos los santos por ellos. ¿Qué más podemos hacer? Es un dolor muy duro, muy triste no saber qué es de ellos. Nos sentimos impotentes porque sabemos quién se los llevó y no hay justicia. Cuando me voy les digo: ‘Voy en busca de su hermano y quisiera regresar con él’”.

                Roberta  Hilaria Cid, madre de Adrian Navas. Foto: Sanjuana Martínez 

Adrián Navas Cid, de 23 años, es casado y tiene tres hijos. ¿Abuelita, me vas a traer a mi papá?, pregunta el más pequeño de sus nietos a Roberta Hilaria. “Le digo: ‘voy a luchar para traerlo’, pero lo triste es que cuando llegó...” Carmen la interrumpe. Su hijo Reynaldo, de 24 años, es casado y tiene una niña que le pregunta lo mismo: Regresa uno con las manos vacías y es lo más doloroso. ¿Por qué hay tanta gente mala que causa este dolor? Ellos (los desaparecidos) nada más trabajaban para sostener a sus familias.

Aclara: no quiero nada, sólo quiero recuperar mis hijos vivos. Es una injusticia que se los llevaron vivos y me los entreguen de otra manera, no los quiero muertos.

El desempleo en Veracruz los hizo emigrar. Los tres amigos de Israel tenían cuatro años trabajando en el vivero de José Emiliano Arenas, hombre fuerte, robusto, curtido por el sol y el trabajo, que al escuchar hablar a las mujeres no puede contener el llanto y se quiebra. Los cuatro son muchachos buenos; aquí se la pasaban trabajando, eran bien alegres, salían a entregar plantas. Yo creo que ya los tenían en la mira, como la camioneta trae placas de Veracruz. ¡Estos malditos se los llevaron!, y suelta un grito desgarrador de dolor que le impide seguir hablando.

José Emiliano sigue enviando dinero a las familias de sus tres trabajadores desaparecidos. No puedo abandonarlos, añade.

Maquinaria judicial

A las pocas semanas de haber sido arrestados el agente Juan Eduardo de León y Carlos Ochoa Bautista por la desaparición de los cuatro jóvenes, apareció unlicenciado en su defensa que nunca quiso identificarse.

La primera audiencia para los careos se celebró el 30 de septiembre en el juzgado penal de Cadereyta. Después de tres meses, por primera vez el abogado defensor de los detenidos se identificó: Gerardo Contreras, quien exige al secretario que no le tomen fotos y amenaza a la reportera. La vamos a detener si toma fotos, advierte, a pesar de tratarse de una audiencia pública.

                 Gerardo Contreras, abogado de los delincuentes confesos.  Foto: Sanjuana Martínez

Contreras pretende hacer caer en contradicción a los testigos del secuestro de los muchachos. Ambos delincuentes confesos han cambiado ahora su declaración, argumentan tortura y quieren su libertad. “Ahorita ya sabemos que todos están de acuerdo con el licenciado de Los Zetas para liberarlos. No es justo”, señala el padre de Israel.

¿Siente odio contra los dos detenidos?, preguntan a Luz María durante el interrogatorio frente a María del Rosario Sustaíta Pérez de León, agente del MP. Luz María contesta con un escueto sí. El secretario José Antonio Almaguer Garza inquiere: ¿Por qué? Ella contesta con voz firme, sin dejar de mirar fijamente al abogado defensor, que prefiere agachar la cabeza: Porque me quitaron a mi hijo, a nuestros hijos. ¿Les parece poco?

Cuando la Marina siembra el terror

Violaciones, torturas y ejecuciones, otros ilícitos que les imputan

Acusan en NL a marinos de desaparecer a 16 habitantes

La Marina debe decir qué hizo con mi hijo, expresa Socorro MaldonadoFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 25 de septiembre de 2011, p. 14

Violaciones con bates de beisbol, tableados, torturas físicas y sicológicas durante días y ejecuciones sumarias son los testimonios de sobrevivientes de secuestros en Sabinas Hidalgo realizados por elementos de la Marina-Armada de México, acusada de desaparecer a más de 16 habitantes de este municipio de Nuevo León.

Las calles del pueblo, que antes fue punto de reunión alegre, pacífico y de paso rumbo a la frontera entre Tamaulipas y Texas, lucen desiertas. El miedo de los habitantes se ha incrementado desde que la Marina patrulla y realiza cateos casa por casa en la madrugada.

Entraron a las cuatro o cinco de la mañana y se lo llevaron, narra María del Socorro Maldonado Lira, vecina de este municipio. Eran muchos marinos. Nos sacaron de la cama y cuando me llevaron afuera vi que ya tenían a mi esposo y se llevaban a mi hijo entre varios. Desde ese 28 de junio no lo ha vuelto a ver. Se llama René Azael Jasso Maldonado, de 27 años. Los marinos no presentaron órdenes de cateo ni de detención.

Hace dos semanas la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Armada de México, que permitirá operativos contra el crimen organizado, pero apegados a las disposiciones constitucionales, el respeto a los derechos humanos, a los tratados internacionales y a las leyes federales, algo que la Marina no siempre cumple.

El año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 198 quejas contra miembros de la Secretaría de Marina por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, torturas y asesinatos. Sin embargo, el número aumenta vertiginosamente; en el último año, según el ombudsman Raúl Plascencia, se recibieron alrededor de 500. También se han incrementado las recomendaciones que la institución, encabezada por Francisco Saynez, en ocasiones se niega a acatar.

Pueblo intranquilo

Antes de que llegara la Marina a patrullar Sabinas Hidalgo, María del Socorro dormía con las puertas de su casa abiertas. Entre las gallinas que cacarean en el patio y los gansos que revolotean en los charcos de agua explica lo que ocurrió aquella noche aciaga, cuando los marinos desaparecieron a su hijo: “Nosotros estábamos acostumbrados a dormir con la puerta abierta, porque este pueblo era pacífico. Los marinos no tuvieron que tumbarlas, porque estaban abiertas. Escuché cómo le decían: ‘¡Levántate, René! Órale, órale, para afuera’”.

Oziel Antonio, otro de sus hijos, interviene: “Yo estaba dormido y entraron a mi habitación cinco marinos encapuchados. Me asusté. Uno me gritó: ‘No te muevas. Ya te llevó la fregada’. Me echaron una luz azul a los ojos, que me dejó ciego un momento. Luego me ordenaron: ‘Voltéate para abajo, abre las manos y los pies’. Uno dijo: ‘¿Eres halcón, culero?’ Yo le dije que no moviendo la cabeza. ‘Respóndeme con la boca, cabrón’, me dijo. Y le expliqué que soy cajero en la autopista a Nuevo Laredo”.

Cuenta que los marinos llegaron a su casa en 12 vehículos oficiales, que traían en las puertas el escudo de la Armada y la matrícula. Todos estaban uniformados y usaban chalecos con la palabra Marina. Uno le preguntó por su celular y el IPod que tenía en la mesa de noche: ‘¿Qué es eso de IPod?’, le reiteró tres ocasiones el marino, quien exigió una explicación, porque dijo no conocer ese tipo de aparatos. Luego, otro ordenó a los demás: ‘¡Vámonos! Este no tiene nada que ver’”.

Cuando los marinos salieron de su cuarto pudo ver por la ventana cómo otro grupo se llevaba a su hermano. Llevaba las manos esposadas. “Fuimos a buscarlo al destacamento de la Marina en Monterrey, pero nos dijeron que pusiéramos la denuncia sin decir que fue la Marina. Me negué a hacer eso. Sería mentir. Luego nos dijeron que ellos no habían realizado operativos en Sabinas Hidalgo, cosa que es mentira, porque nosotros los hemos visto por las calles. Después nos querían convencer de que lo que vimos fueron vehículos clonados, algo imposible de creer. Conozco las camionetas, las he visto cientos de veces. Trabajo en una autopista donde pasa de todo. Además, los uniformes son idénticos y el armamento era de alto poder. Todo era auténtico. Fue la Marina. Estamos seguros.”

Desde ese día todo ha sido peregrinar para la familia Jasso Maldonado. Primero fueron a Miguel Alemán, Tamaulipas, donde familiares de otros desaparecidos del pueblo señalaban el hotel California como centro de tortura y detención clandestino de la Marina. El lugar acababa de ser desocupado, pero aún tenía los bultos de arena utilizados a manera de trinchera. Luego fueron a Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. La Marina montó un campamento.

Cuando la Marina se llevó a mi hermano, también secuestraron a otros tres muchachos. Este es un pueblo pequeño y nos enteramos de todo. Han plagiado hombres y mujeres; a unos los retienen horas, a otros días. Luego los sueltan golpeados, torturados. A nosotros nos robaron tres celulares, un Nextel y un autoestereo. Estos marinos hasta rateros salieron, comenta Oziel.

Por ser taxistas

La desaparición de René Azael está relacionada con la de su amigo y compañero de trabajo Jesús Víctor Llano Muñoz, de 23 años, a quien la Marina raptó cinco días antes, el 23 de junio. Ambos eran taxistas. Su base está en la estación ubicada en Carretera Nacional y Cuauhtémoc, en Sabinas Hidalgo, donde también trabaja el padre de Jesús Víctor. “Ese día que se lo llevó la Marina eran las tres y media de la tarde. Me di cuenta que estaban haciendo un operativo en el hotel San Ángel. Era un convoy de 20 camionetas y dos helicópteros que después se desplazó al hotel La Quinta, junto a la parada de taxis. Allí vi cómo bajaron a un muchacho de una camioneta para subirlo al asiento de atrás. Era mi hijo.”

 El taxista Jesús Victor Llano Cobos denuncia a la Marina por la desaparición de su hijo. Foto: Sanjuana Martínez

En ese momento, Jesús Víctor Llano Cobos preguntó a los marinos la razón por la que se llevaban al joven. Me les atravesé. Le dije a uno: ¡Párese! Ese qué lleva allí es mi hijo. De pura casualidad están ustedes en la parada de taxis donde trabajamos, somos gente decente. Y muy groseramente me contestó: ‘¿Este culero es tu hijo? Si no tiene nada que ver luego te lo regreso’. Y se lo llevaron.”

El taxi del muchacho, un Jetta negro, quedó en una calle cercana al hotel San Ángel, donde la Marina lo levantó. Llano Cobos siguió el convoy, pero le ordenaron parar. Tomaron rumbo a Laredo. Llevaban más gente. Vi que llevaban muchachos y muchachas.

El trabajo de taxista se ha convertido en una actividad peligrosa, porque son identificados como halcones de manera automática. Afirma que fue a interponer denuncias ante la Marina, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estamos con angustia por no saber si comerá. ¿Qué le hicieron?

Cuenta que el cura de su congregación tuvo visiones. Observó cómo otra gente les imputaba falsos testimonios, y eso lo atribuye a tres taxistas nuevos, piratas, que llegaron a la parada y seguramente por rencillas laborales los denunciaron ante las autoridades. “Tengo 26 años de ser taxista. Ahora resulta que todos somos halcones. ¿De dónde sacan eso? Algunos desgraciados lo hacen, pero uno está al día, viviendo de su trabajo. Que investiguen primero antes de llevarse gente inocente. Mi hijo no cometió ningún delito.”

Muestra fotos de su hijo, quien es divorciado y tiene un pequeño. Cuenta que, desde que desapareció, ha investigado otros casos de residentes de Sabinas Hidalgo que han sido desaparecidos por la Marina y que los sobrevivientes narran métodos de tortura terribles, como violaciones con bates y otros tormentos. “En días recientes –dice– se llevaron a Yolanda Iglesias Argueta, de 54 años. Es una señora que vive sola y no ha regresado. Los marinos están actuando como delincuentes. Entran a las casas en la madrugada y se llevan a quien quieren. Seguido realizo viajes largos a los ranchos, y al regresar me entra la lloradera. No es fácil superar esto.

Viles matones

En las oficinas de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, dirigida por Consuelo Morales, el ritmo es frenético. Reciben de manera continua cientos de denuncias sobre desapariciones forzadas desde el inicio de la guerra de Felipe Calderón. En el caso de la Marina, las quejas se han incrementado en la medida en que el gobierno federal ha ido enviando más efectivos a Nuevo León.

Somos la única organización ciudadana que está tomando este tipo de casos. En Sabinas Hidalgo la Marina está desapareciendo mujeres y hombres; hay 16 casos y puede haber muchos más, pero la gente tiene miedo de denunciar. Es sumamente grave. No puede ser que un delito se combata con otro. Es distorsionar la esencia de estos cuerpos, que deben ser de gran prestigio. Ahora están quedando en posición de viles ladrones y matones, afirma Consuelo Morales, monja dedicada a atender a los más vulnerables.

Galardonada recientemente con el premio Alison Des Forges de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, Morales insiste en que el ingreso de los marinos a los domicilios sin órdenes de cateo violenta derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Los testimonios que tenemos de cómo la Marina está secuestrando gente, cómo la está torturando y asesinando son muy graves. Estamos tratando de documentar todos los casos, pero el miedo tiene paralizada a la población. Se han llevado personas, especialmente de la parte norte, concretamente de Nuevo Laredo, Sabinas Hidalgo y Anáhuac. También de Monterrey y otros municipios de Nuevo León. La experiencia que tenemos es que en la mayoría de los casos no liberan a esas personas. Están trayendo mucha desolación.

En la colonia Garza Ayala, de Sabinas Hidalgo, doña Socorro está inconsolable. Es mediodía y huele a comida casera. Mueve pedazos de pollo en la cazuela, vierte el mole y le echa un vaso de agua. Sin dejar de trajinar dice que su hijo es buen muchacho. Deja el guiso en la lumbre y pasa a la sala, donde tiene una galería de fotos de sus seis hijos y nietos. Muestra un altar en honor a René Azael, encomendado a la Virgen de Guadalupe. Decaigo y mis hijos me levantan, pero me estoy acabando poco a poco. Eso no me duele, sino no verlo, no tenerlo. Quiero pedir a la Marina que lo regrese o que diga qué hizo con él, porque esto no es vida. Estoy muerta en vida.