La industria del secuestro, más boyante que nunca

En 2012 hubo más de 26 mil; en 90% participaron agentes de diversas corporaciones: estudio

Persiste la complicidad de policías en la prósperaindustria del secuestro

En los dos años recientes se duplicaron las cifras de desenlaces mortales: Fernando Ruiz Canales

Según el estudio del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, México es el país que más secuestrados tiene por año y donde la violencia contra la víctima es la más cruelFoto Alfredo Domínguez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 27 de enero de 2013, p. 14

Durante 2012 se cometieron en México más de 26 mil 280 secuestros, un promedio de tres por hora, y en 90 por ciento de ellos hubo participación de las distintas policías, según un estudio del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos.

“Si en 2010 la connivencia de policías, militares o ex miembros de estos grupos en la ‘industria del secuestro’ era de 70 por ciento, el año pasado aumentó a 90 por ciento”, afirma en entrevista Fernando Ruiz Canales, presidente de esa organización no gubernamental dedicada al apoyo de víctimas de rapto.

El incremento en las cifras de plagios va unido a otro fenómeno alarmante: el desenlace mortal: “En 2008 se ejecutaban a tres de cada 10 víctimas de secuestro; actualmente se están ejecutando a seis de cada 10. Se duplicó la cifra de desenlaces mortales. Generalmente el secuestrador decide asesinar a su víctima porque siempre tiene latente el temor de que lo identifiquen. Saben que la manera más segura de continuar en este tipo de negocio ilícito es el asesinato”.

Ruiz Canales fue víctima de secuestro por la banda de La Flor, hace 10 años; lo mantuvieron cautivo 15 días hasta que por una falla logró escaparse. Desde entonces se ha dedicado a participar en negociaciones, ubicando casas de seguridad y rescate de las víctimas de secuestro.

Este trabajo se ha convertido en una actividad terriblemente peligrosa porque no sabes en quien te puedes apoyar. Hemos llegado a la conclusión de que mientras más ajena es la autoridad a este tipo de casos, es más seguro para recuperar a la víctima con el menor maltrato y con el menor daño patrimonial, dice.

Peor aún, dice que actualmente las posibilidades de que un secuestrador sea llevado a juicio penal son nulas: México es un paraíso para los secuestradores por la impunidad y la complicidad. La actividad ya alcanzó 100 por ciento de impunidad. Es prácticamente imposible que existan denuncias formales. Sólo uno de cada 100 casos llega al conocimiento del agente del Ministerio Público y, de esos, la mitad son negociados de manera paralela; es decir, no por la autoridad, sino por un negociador particular.

José fue secuestrado el año pasado en Monterrey. En el lapso de cinco días la banda se llevó a una docena de dueños de negocios ubicados en el centro de la ciudad: Había de todos los giros: puestos de comida, tiendas de teléfonos, ropa, refacciones. En la casa de seguridad éramos como nueve y según el tipo de negocio determinaban el rescate. Por mi pedían 2 millones de pesos, cuenta la víctima de este delito.

A José como a los otros comerciantes los sacaron a plena luz del día de sus respectivos negocios. Me subieron vendado a un vehículo y me fueron golpeando durante el camino. Escuché como se dirigían a la policía estatal y paramos para que los mismos agentes les pasaran las esposas que luego me pusieron.

Durante el cautiverio, que duró siete días, todos fueron torturados. Los secuestradores utilizaban tablas con orificios y amenazaban con amputaciones. Los familiares de algunos acudieron a las autoridades para interponer denuncia, un elemento que los secuestradores conocieron de inmediato, lo cual quiere decir que existía una clara connivencia con las autoridades: Había contubernio de la policía regiomontana y la estatal; de hecho, una vez llegó una patrulla a cobrar los sueldos. Estoy vivo porque el Ejército nos rescató. A los siete días escuchamos como ruido de bomba y mucho humo. Entraron los militares y nos liberaron, luego nos dieron la oportunidad de desquitarnos con los secuestradores. Los agarramos a patadas y los golpeamos.

Confiesa que no le dio seguimiento al caso, y aunque acudió a interponer una denuncia contra las autoridades, nunca hubo resultado: “No hay justicia. Todos forman parte del ilícito porque es un gran negocio. Ya ve como dejaron ir a la secuestradora francesa sentenciada. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia que participaron en la decisión de otorgar el amparo han actuado de manera errónea, abriendo la puerta a una delincuente. ¿Cuántos secuestradores van a pedir el mismo procedimiento? Con esto, la ‘industria del secuestro’ seguirá creciendo”.

Una industria que, según el estudio del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, representa la número uno en el mundo: México ocupa el primer lugar mundial en número de secuestros. Somos el país que más secuestrados tiene al año y donde la violencia contra el secuestrado es la más cruel. Tenemos al secuestrador más violento y en este momento está mutilando dedos cada vez más. Aquí estamos viendo la amputación, la tortura, la violación y la privación de la vida. Todo esto ha ido creciendo de manera alarmante. Paralelamente, el sistema de justicia no funciona. El delincuente cuenta con 98 por ciento a su favor, dice Ruiz Canales.

Complicidad e impunidad

En las historias de secuestro la connivencia de las autoridades y las distintas policías es una constante, según el estudio sobre el secuestro del año pasado. “Tienen una participación muy importante. Ya no hacen sólo la ‘operación muro’, ahora toman parte activa, tanto que han creado el cártel de La Charola, un grupo con presencia en el ámbito nacional integrado por todo tipo de policías: municipales, estatales, federales... son miles de agentes dedicados a la comisión del delito de secuestro”.

En torno a este espectro de policías participando en la industria del secuestro, los más identificados por las víctimas pertenecen a la Policía Federal, institución creada por Vicente Fox. “Estos son los más activos; hacen el trabajo de investigación y seguimiento de la víctima, el punto idóneo para ejecutar el secuestro; ponen como cuidadores a municipales o estatales. Se ha hecho una especie de especialización de policías de cada corporación, donde a cada miembro se le asigna una posición y actividad particular. El 75 por ciento de los casos se pueden adjudicar tan sólo a elementos de la Policía Federal. Esta gran ‘industria’ es de ellos”, afirma.

Y añade: Desde la aparición de ese monstruo llamado Policía Federal vimos como se incrementó hasta la punta el fenómeno del secuestro y como aumentó su presencia de manera constante. La Policía Federal se ha convertido en un cáncer social; lo mismo fue la AFI de Genaro García Luna, pero ésta ya desapareció y la otra sigue. Es una institución corrompida desde sus orígenes, gente con historial muy negro, muy peligroso en el crimen organizado. Crearla fue como lanzar gente con licencia para delinquir.

De acuerdo con esta información, señala que se puede entender que exista 100 por ciento de impunidad. “Resulta muy difícil poder rastrearlos, identificar adónde fue a dar el dinero, dónde están las casas de seguridad... ¿Cómo sabemos que son policías? Por el modus operandi los identificamos porque ellos mismos han estado capacitados para combatir este delito, saben evadir todos los esquemas para investigar y perseguir a un secuestrador”.

La denuncia y liberación de los secuestrados se convierte en auténtico calvario:Los familiares saben que al presentar la denuncia prácticamente le están dando la información a su agresor. Tuvimos un caso que rayaba en el cinismo porque con la copia denuncia que presentaron los padres de un joven secuestrado, lo cacheteaban al mostrársela; incluso lo videograbaron con la copia. El mensaje era muy claro: sabemos lo que están haciendo.

Explicó que de acuerdo con el estudio hay un nuevo fenómeno de repetición del secuestro que no se veía: Antes plagiaban a una persona y se acabó. Ahora regresan por otros miembros de la misma familia. Hay espionaje, con micrófonos especiales, posterior a las víctimas de secuestro, para ver qué hacen y qué dicen. Ellos saben que si por el miembro de una familia recibieron 3 millones de pesos, pueden secuestrar a alguien más de ellos. Hemos tenido casos donde hasta tres miembros de una misma familia han sido secuestrados por la misma banda en distintas temporadas. Y conocen a la perfección los bienes que la familia tiene para ir pagando los rescates.

El método ha sido tan efectivo, comenta, que actualmente tienen siete casos de secuestro cometidos contra bodegueros de la Central de Abasto del Distrito Federal en los recientes 15 días: El problema es tan grave que los comerciantes han creado un fideicomiso para pagar rescates. Eso no esta bien. Entiendo el silencio que guardan la mayoría de las víctimas, lo que no se puede permitir es que el silencio sea perpetuo, porque contribuimos a que otras personas se conviertan en víctimas por no haber señalado a los responsables. En justicia y seguridad pública, los ciudadanos nos hemos quedado solos.

Las muchachas, de 19 a 26 años, trabajaban en un bar de Tamaulipas; desde 2011 no se sabe de ellas

Queremos que las busquen, ruegan las madres de 6 jóvenes desaparecidas en NL

Cada mes llegan al estado hasta 400 mujeres; la mayoría son obligadas a prostituirse: Rosi Orozco

Sanjuana Martínez

Especial par La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 20 de enero de 2013, p. 29

Las seis eran amigas y decidieron ir a trabajar de bailarinas al Bar 65 ubicado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, y desaparecieron al regresar a Monterrey, en una camioneta marca Nissan. Tengo muchas mujeres trabajando aquí y no puedo andar cuidándolas a todas. No se dónde están, les dijo molesto el gerente del lugar a las madres que fueron a buscarlas.

Alma Mónica Álvarez García, Juanita Alemán Hernández, Judith Ceja Aguirre, Almirza Jamileth de León Tamez, Cynthia Janeth Lozano Palacios y Coral Pérez Triana, vivían en los municipios de Guadalupe y Cadereyta, Nuevo León, ambos considerados focos rojos de tráfico humano, al igual que la ciudad de Reynosa, donde han desaparecido decenas de mujeres, víctimas de trata, con fines de explotación sexual, a manos del crimen organizado.

Cada mes llegan a Nuevo León entre 300 y 400 mujeres de la República que son obligadas a trabajos forzados, particularmente a la prostitución, y una parte son llevadas a Estados Unidos desde Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Hemos atendido 127 muchachas, y entre las rutas más comunes donde las secuestran, está Monterrey, dice Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, AC.

La organización ha exigido al gobierno federal, un call center contra la trata de mujeres, y ubica seis polos territoriales de explotación sexual y tráfico en México: Acapulco, Cancún, Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey: A la mayoría las engañan con ofertas de trabajo, enamoramiento o amenazas y secuestro.

Las ciudades se convierten en focos rojos de trata de mujeres, cuando los distintos gobiernos permiten crecer el número de negocios giros negros, que pertenecen a las redes de trata, constituidas por hombres poderosos, del sector empresarial, la política y el crimen organizado: Gobernantes y legisladores han permitido que crezca este delito y México ya está a la par con Tailandia, Filipinas, Guatemala e India.

Dora Elba Aguirre  y Alma Gloria Álvarez y las seis desaparecidas. Foto: Sanjuana Martínez

El calvario comenzó en 2011

Las seis muchachas desaparecieron el 11 de julio de 2011. Tienen entre 19 y 26 años. Cinco son madres solteras que estaban a cargo de sus hijos; y todas tienen en común el gusto por el baile.

Vamos a Reynosa, allá se gana mucho dinero, dijo Juanita a Judith, según cuenta Dora Elba Aguirre Dávila, madre de la segunda, cuando la invitó a trabajar en el Bar 65, ubicado entre las calles Quintana Roo y Tamaulipas. Desde que se las llevaron, nadie nos ha dado razón. Nadie nos hace caso. Ahora que el gobierno ha dicho que va a buscar a los desaparecidos, que incluya a nuestras hijas, queremos que las busquen, dice Dora Elba, que por primera vez ha decidido hacer público su caso, luego de escuchar las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien prometió buscar a todos los desaparecidos.

Las seis madres se unieron para interponer denuncias en Reynosa, Tamaulipas y Monterrey y Cerralvo, Nuevo León; y para hacerse las respectivas pruebas de ADN. Las autoridades nunca encontraron la camioneta Nissan de reciente modelo en la que viajaban las jóvenes y respondieron siempre con discriminación: Se las llevaron porque andaban en eso, les respondían.

Dora Elba está sentada en la sala de su casa en el municipio de Guadalupe. Su hija Judith es madre soltera y tiene una niña de seis años: Ella vendía ropa y perfumes originales para mantener a su hija. Eran sus únicas salidas, hasta que Juanita la invitó a trabajar a Reynosa. Llevaban tres semanas yendo los fines de semana al bar. Cuando hablamos con el gerente nos dijo que él, de tanta mujer que tenía, no podía andar cuidándolas. Se enojo porque hemos insistido y ya no nos contesta en el celular.

La hipótesis de las madres de las seis jóvenes es que desaparecieron en la carretera Reynosa-Monterrey, un lugar domina- do por dos grupos del crimen organizado en lucha por el control de la plaza: Los Zetas y el cártel del Golfo. Cuentan que cuando fueron a Reynosa, otra madres que también estaba buscando a su hija les dijo que en esa ciudad durante la última semana habían desaparecido más de cien muchachas.

Pensamos que se las llevaron los tratantes. Aquí en Cadereyta un señor que andaba en eso le dijo a una mamá, que las muchachas ya no estaban vivas, que él se había dado cuenta que las habían matado y estaban sepultadas en una fosa clandestina, allá en el monte, en un pueblo que se llama San Juan; pero no creemos, no hay evidencia. Queremos pruebas, dice Dora Elba.

Sin rastro

Las risas y gritos de los niños, apenas permiten que se escuche la voz entrecortada de Alma Gloria García Ramírez, madre de Alma Mónica Álvarez: La gente es muy cruel. Juzga sin saber; dicen que si mi hija andaba trabajando en esos lugares es porque le gustaba. Trabajaba allí y en dónde fuera, porque tenía que sacar adelante sola a sus cuatro hijos. Ella nunca los hubiera abandonado. No se fue, la secuestraron.

Está sentada en su casa, una humilde vivienda de apenas un par de cuartos. Las fotografías de quince años de sus cuatro hijas cubren las paredes; la de Alma Mónica cuelga de su cuello: Mi hija estaba recién aliviada cuando se fue a Reynosa, acababa de dar a luz a esta bebé que ahora tiene año y medio. Los dos niños mayores cumplían años en septiembre y ella quería ganar más dinero para comprarles un regalo y hacerles pobremente una meriendita.

Cuando alguno de los padres, de los cuatro hijos de Alma Mónica, llegan a ir a verlos, su abuela, que ahora los cría, les dice: Si ustedes hubieran sido responsables, si le hubieran dado una pensión para mantenerlos, mi hija estaría aquí.

Peregrinar por las instituciones

En su peregrinar por las instituciones, las autoridades le han dicho de todo: Mejor no le mueva señora, porque le puede ir peor, le dijo un policía; otro le comentó:Se las llevaron porque andaban mal. No la busque porque los va a hacer enojar.

Durante un año ninguna autoridad buscó a las jóvenes, pero ante su insistencia los expedientes han aumentado solo en papel: Nosotros pensamos que algo les pasó en la carretera y las tienen trabajando. Las seis son jóvenes y muy bonitas, pero no las están buscando donde deberían. En esos lugares.

Las denuncia interpuesta en Reynosa, ciudad de tráfico de mujeres y niñas con destino a Estados Unidos, nunca avanzó: Ha pasado año y medio y jamás nos dijeron nada. En Nuevo León apenas nos están tomando ampliación de denuncia. Es triste, desesperante. Ya no se qué decirles a los niños. Uno de ellos sigue esperando el regalo, una pista de coches de carreras. Y dice: Mi mamá está trabajando y va a traernos mucho dinero, porque ya se tardó muchos días... ¿Qué le digo?... Nomás lloro.

Ley sin dientes

En México, la desaparición de mujeres se mezcla con el delito de trata con fines de explotación sexual, comenta Rosi Orozco que lleva una década dedicada a denunciar la mafia de las redes del tráfico humano: Casi no hay sentencias contra tratantes. La constante es la impunidad. Nuevo León, por ejemplo, tiene una ley sin dientes, que no castiga.

Según sus investigaciones, legisladores y funcionarios permitieron que creciera el delito de trata de mujeres y estas son las consecuencias: La ley no engloba como delito la trata ni estipula penas. Es lo que me impresiona. Si se aplicaran a ir a los giros negros, que abundan en Monterrey, a buscar mujeres y en situación de trata, sería distinto.

María de la Luz Hernández, madre de Juanita Alemán Hernández de 19 años, soltera, sin hijos y la más joven del grupo de desaparecidas, vive en Cadereyta, un territorio en disputa entre los cárteles de la droga, donde siguen desapareciendo decenas de mujeres: En la cuadra son varias. Una desapareció un día antes que mi hija y la semana pasada le hablaron a su mamá para entregarle puros huesitos.

Desde que se fue, no ha tenido una sola señal de ella. Le dije: ese camino para Reynosa no va a traerte nada bueno. Allá es pura perdición, pura matazón. Pero no me quiso entender. Y no las podemos amarrar. Queremos que las pasen por el Internet, que nos ayuden. Nosotros no podemos moverle mucho; no se vayan a dar cuenta los malos.

Añade: Que nos ayuden, estén muertas, estén vivas; cómo sea. Aquí han matado a muchos jóvenes; sus mamás van y los entierran al panteón y saben dónde está la tumba, pero lo peor es no saber. Ahora que dice el gobierno que va a buscar a los desaparecidos. Quiero saber, para ya descansar, no duermo.

Se extiende su peregrinar por el país; no vamos a parar hasta tener una respuesta, dicen

Indiferencia de autoridades, lo único que encuentran familiares de desaparecidos

Proponen la creación de un plan nacional de excavaciones para ubicar más fosas clandestinas

En ninguna entidad hay protocolos para identificación de cadáveres. En la imagen, traslado de cuerpos anónimos a una fosa común en un cementerio de la ciudad de Monterrey, Nuevo LeónFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 13 de enero de 2013, p. 10

Verónica Coronilla Martínez está segura que si el autobús en el que viajaba su esposo y otros 20 migrantes de Guanajuato rumbo a Estados Unidos, pasando por San Fernando, Tamaulipas, hubiera estado lleno de alemanes, las autoridades ya los habrían buscado y encontrado: A nuestros migrantes nadie los está buscando. Queremos que los busquen en vida, no sólo en papel y muerte.

En la comunidad de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato, 21 mujeres luchan por sacar adelante a sus hijos. Dos semanas antes del hallazgo de las fosas de San Fernando, en abril de 2011, donde encontraron 193 cadáveres, sus esposos salieron rumbo a ese lugar.

Desde entonces han iniciado un peregrinar por las instituciones, sin ningún resultado: Nadie del gobierno nos ha apoyado. Quisiéramos tener alguna noticia, aunque sea mala. La duda mata. ¿Dónde están? ¿Qué paso con ellos?... Hasta tener una respuesta, no vamos a parar.

Durante el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron entre 25 mil y 300 mil personas, según distintas estadísticas, además de 80 mil migrantes y existen más de 25 mil cadáveres sin identificar: Estas cifras nos dejan claro que estamos enfrentando una tragedia humanitaria. Sabemos que hay muchas más fosas y no se ha querido seguir buscando y excavando. Es urgente crear un plan nacional de excavaciones para ubicar fosas clandestinas en el país, dice en entrevista Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que está ayudando a los familiares de migrantes desaparecidos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, en la defensa de su derecho a saber la verdad y al acceso a la justicia.

Con el reconocido equipo argentino de antropología, han creado una Comisión Internacional Forense para investigar los casos de la masacre de 72 migrantes, las fosas de San Fernando, y los 49 torsos de Cadereyta, Nuevo León. Se están formando bancos forenses donde participan organizaciones de la sociedad y algunos gobiernos. Se recoge toda la información que proporcionan los familiares de migrantes desaparecidos, se toma la información física de la desaparición y del ADN y se procesa. Luego se va comparando con algunos restos del país y de Estados Unidos. Ahorita están trabajando con 700 restos que tienen en la morgue de Pima, Arizona, de migrantes que quedaron en el desierto, comenta Delgadillo.

Paradójicamente, el gobierno mexicano se negó a participar: Iban a venir expertos, familiares de los desaparecidos para entrevistar, pero la Procuraduría General de la República (PGR) nos dijo que no tenían dinero. Nosotros incluso buscamos financiamiento internacional y ya teníamos todo. Luego la PGR tuvo una postura de soberbia diciendo que ellos tenían toda la capacidad para hacer esto y no requerían el apoyo de un equipo extranjero. Peor aún, el argumento final fue que no podían considerar como víctimas a los familiares de los desaparecidos, hasta que comprobaran que realmente sus parientes habían desaparecido o que ya estaban muertos.

Empezar de cero

El peregrinar de miles de familiares de desaparecidos por las instituciones mexicanas se extiende a todo el país. Durante meses la búsqueda no da resultados, las autoridades ignoran a las víctimas que recorren el país de anfiteatro en anfiteatro ofreciendo pruebas de ADN, luego les llega la temida certeza: Nadie los está buscando. Demasiada gente esta desaparecida en su propio país, y ni el gobierno federal, estatal o municipal hacen nada. Es muy triste, dice Verónica Coronilla, esposa del migrante desaparecido Héctor Castillo Salazar, que laboraba como albañil en Estados Unidos desde hace 13 años.

Los 21 migrantes de San Luis de la Paz, Guanajuato, fueron vistos luego del hallazgo de las fosas de San Fernando en un reportaje transmitido por Tv Azteca que incluía imágenes tomadas por la Policía Federal: Vieron a sus familiares rescatados por la policía, un mes después de desaparecidos. Hemos pedido ese video del rescate de migrantes que hizo la Secretaria de Seguridad Pública Federal, pero nos lo entregaron editado con los rostros difuminados, dice Delgadillo quien asesora jurídicamente a las familias.

En cambio, las imágenes que transmitió Tv Azteca no estaban editadas y se veían los rostros de los migrantes rescatados: Hemos intentado abrir demasiadas puertas, ahora sí que por donde se pueda, pero ninguna autoridad nos ha dado respuesta. Nadie investiga nada, dice desolada Verónica Coronilla al recordar que en San Fernando se dijo que había más de 500 cadáveres, pero pararon de excavar por motivos políticos luego de rescatar solamente a 193.

En realidad, según Delgadillo, hay una ausencia de mecanismos de búsqueda y no existen protocolos de investigación ni de identificación de restos: No hay respuesta. Son pobres, excluidos, migrantes, gente que no cuenta. Es un tema de discriminación. ¿Qué hubiera pasado si uno de los camiones hubiera estado lleno de extranjeros?.

Los familiares y las organizaciones no gubernamentales han tenido que empezar de cero porque existen irregularidades en el manejo de los casos y se convierten a veces en investigadores, aunado al maltrato de las víctimas: En principio, las autoridades no cuentan con mecanismos para registrar los delitos que se cometen, no tenemos un registro claro, confiable y transparente del número de personas que han sido asesinadas. Tampoco tenemos registro claro de cuál es el número real de desaparecidos. Hay una gran duda sobre si se está incluyendo a todos los migrantes. No sabemos a qué fenómeno nos enfrentamos, ni en términos de homicidios ni de desapariciones, mucho menos en restos sin identificar. En México no existe un trabajo sistemático de búsqueda de restos, como lo hubo en Colombia, por ejemplo.

El rastro de los huesos

Verónica Coronilla tiene 33 años y tres hijos, y lo mismo que las esposas de los 21 migrantes desaparecidos ha encontrado nuevas formas para afrontar su difícil situación económica. Vende tacos y ahora está aprendiendo a cortar el cabello para trabajar en una estética.

Entre todas hicieron una comunidad para apoyarse mutuamente y seguir la búsqueda de sus maridos, que continuará pese a la indiferencia del Estado: No hacen ni por buscarlos, porque el mismo gobierno está implicado y lo que menos quiere es que la gente se dé cuenta que todas las fuerzas de seguridad están implicadas en los asesinatos y desaparecidos. Ahorita no hay en quien confiar, pese al cambio de gobierno.

Los dos grandes vacíos que han encontrado, según Delgadillo, son la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): No tenemos un estado de derecho en México. La CNDH nos dijo que no tenía facultades para apoyar un plan de excavaciones y de identificación.

Considera que ahora el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que crear una comisión de la verdad al estilo de Chile o Argentina: Es urgente crear un banco forense nacional y regional, una instancia que atienda a migrantes y un programa federal y regional de atención integral a las familias de desaparecidos que se encuentran en el abandono, dice Delgadillo.

Maltrato a familiares

La experiencia de los familiares con Pro Víctimas ha sido un fracaso: Hay maltrato a los familiares. La búsqueda que hacen de los desaparecidos es de papel. Cada averiguación previa tiene un expediente gordísimo, lleno de papel, y cuando vemos su contenido encontramos oficios a todas las policías, a todos los hospitales, a todos los centros de reclusión, pero no hay una búsqueda real de la persona.

En el rastro de los restos en las fosas comunes que existen en México con cadáveres sin identificar, tampoco han encontrado respuesta del gobierno: “No hay protocolos de autopsia. Un médico forense de Palenque hace una autopsia de acuerdo con lo que él aprendió en la escuela, y nada tiene que ver con la autopsia que haga un médico de Nuevo León, Tepic o el estado de México. La determinación de sexo, edad, causa y modo de muerte lo hará de acuerdo con su entender. Y en el momento que buscamos a alguien no lo encontraremos, porque no existe homologación en la metodología para la búsqueda. Se requiere un registro nacional de desaparecidos y un banco nacional de información forense, que tendría que incluir información física, de ADN y datos ante mortem, que son los datos de la desaparición”.

Para Alejandro Vélez, que encabeza la organización Gobernanza Forense Ciudadana, la clave en la búsqueda de los desaparecidos, excavaciones y cruce de datos genéticos es crear un biobanco ciudadano: El Estado debería hacerlo, pero si no lo hace bien, la sociedad tiene que empezar creando redes desde abajo, en compañía de organizaciones no gubernamentales, de víctimas, universidades y centros de investigación, para entre todos empezar a buscar a los desaparecidos.

La trata de mujeres y niñas

Delito eludido

La trata de mujeres genera 10 mil millones de dólares al año a cárteles mexicanos

La PGR no persigue a las bandas criminales por ese flagelo, sólo por el narco, dice ONG

Sólo en Apodaca y Guadalupe, Nuevo León, han desaparecido más de 500 jóvenes

Sanjuana Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 6 de enero de 2013, p. 2

Se fueron por gusto, espetó un policía ministerial a Isabel Rivera y a otras madres de desaparecidas en Apodaca, Nuevo León, luego de que denunciaron que el crimen organizado había secuestrado a decenas de mujeres jóvenes en ese municipio, más de 103, según el informe reciente de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas de América Latina y el Caribe (Catwlac, por sus siglas en inglés).

“Los cárteles de la droga mexicanos han encontrado un nicho de ganancias inmensas en la trata de mujeres y niñas con propósitos de explotación sexual y pornografía. Anualmente ganan más de 10 mil millones de dólares. Lamentablemente, la Procuraduría General de la República (PGR) no está persiguiendo a los cárteles por la trata de mujeres, sólo por el tráfico de drogas”, expresa en entrevista Teresa Ulloa Ziáurriz, directora para América Latina y el Caribe de Catwlac.

En su nuevo informe sobre la trata y el crimen organizado en México, adelantado a La Jornada, la organización que promueve el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia y explotación sexual, incluye estadísticas cuantitativas y cualitativas en los estados y ciudades de origen de la trata, los factores de vulnerabilidad, las rutas de tránsito, el fin del ilícito y su modus operandi, el tipo de perpetrador solitario o de crimen organizado y los cuatrocárteles de la droga que han incursionado en este próspero delito.

“Los grupos del crimen organizado, particularmente los cárteles del Golfo, Los Zetas, Nuevo Milenio y los Caballeros Templarios, las levantan para usarlas dehalconas desde los 12 años; luego las convierten en sicarias, mulas o esclavas sexuales de los jefes de plaza, y cuando se cansan de ellas, simplemente las matan y les desfiguran el rostro para hacer más difícil su identificación. Lo que más nos preocupa es que hemos empezado a ver un vínculo con desaparición de un periodo de tres a seis meses y luego feminicidio”, dice.

El informe titulado Estadísticas cualitativas y cuantitativas para medir el efecto de las nuevas formas de criminalidad violenta contra las mujeres: la trata de mujeres, niñas y adolescentes y sus vínculos con la delincuencia organizada traza un mapa delictivo por Estado de las nuevas violencias contra las mujeres y cómo el avance de la criminalidad en México ha afectado sus vidas, sin que losoperativos oficiales ofrezcan seguridad a las mujeres. Analiza los niveles de impunidad sobre la trata y la eficiencia de la respuesta gubernamental: “Las mujeres vivimos con miedo, y ya no se sabe quiénes son peores, si los cuerpos policiacos y las fuerzas armadas, o los cárteles de la droga”.

Desaparecidas en Apodaca

Hace tres años, Guadalupe Jazmín Torres Rivera desapareció en Apodaca, Nuevo León. Durante una semana secuestraron a más de una docena de jovencitas en el mismo barrio; algunas fueron levantadas en la calle, en la parada del autobús y otras fueron sacadas de sus casas a punta de pistola. Sus casos están incluidos en el informe de Catwlac.

Desde entonces han desaparecido más de 200 mujeres en Apodaca y otras tantas en el municipio de Guadalupe, dice Isabel Rivera, madre de Guadalupe Jazmín, quien junto a otras madres de desaparecidas (más de 500) han emprendido una incansable lucha por su localización.

Las autoridades no las están buscando. Es la misma discriminación desde que empezamos. Las discriminan por ser mujeres y luego no las buscan. Lo último que nos dijo un ministerial es que ellas se fueron por gusto. Yo le contesté que ellas no harían eso y que su argumento era una excusa para no buscarlas, pero les da igual, comenta Rivera, quien ha observado cómo los expedientes permanecen igual, sin avance, a pesar del tiempo transcurrido.

Las madres han señalado a las autoridades la necesidad de buscar a las jóvenes de entre 15 y 23 años en los locales de servicios sexuales, como las salas de masaje, los llamados men’s club, los prostíbulos y los table dance en la entidad:Pero la policía ministerial de Nuevo León no entra ni las busca allí; no se meten. Nunca han hecho una redada para localizar mujeres en situación de trata. Queremos que se investigue a fondo.

La última noticia que tuvo de Guadalupe Jazmín fueron dos llamadas en 2012.Las dos fueron en fechas simbólicas: una el día en que a ella la secuestraron saliendo de dar clases de baile en el DIF, y la otra, en el cumpleaños de su hija. La operadora me dijo si yo aceptaba la llamada de un familiar de Torreón, Coahuila, pero luego cortaba. La policía dijo que las llamadas fueron realizadas desde un banco HSBC y me dijeron que iban a buscar los videos, pero no cumplieron.

Isabel Rivera cuenta que no hay un solo día que no piense en su hija y que su nieta de seis años le da la fuerza para seguirla buscando: Estas llamadas son una señal de que está viva. Yo la siento. Me llena de esperanza. Tengo fe de encontrarla. Ella tiene que regresar.

El rescate

El informe de Catwlac incluye las formas de rescate y daño de las víctimas. En los seis años recientes esta organización ha logrado rescatar a mil 37 víctimas: El problema es que hemos podido ubicar a algunas, todas adolescentes entre 12 y 16 años, pero no pueden dejar de trabajar para ellos, porque están amenazadas de muerte, tanto ellas como sus familias, lo que las lleva a paralizarse. Por un lado, la amenaza del grupo delictivo y por el otro, la del Ejército, que ahora las está deteniendo y enviado a los juzgados para jóvenes en conflicto con la ley penal.

Isabel Rivera frente a la foto de su hija desaparecida, Guadalupe Jazmín Torres RiveraFoto Sanjuana Martínez

Karla Lorena Villarreal muestra un retrato de su hija desaparecida, Karla Mafielli SuzukiFoto Sanjuana Martínez

Según las estadísticas del más reciente informe sobre trata de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) 90 por ciento de este delito es con fines de explotación sexual, pero las autoridades mexicanas no lo toman en cuenta cuando realizan operativos: “Lo que realmente pasa en muchos de los casos es que aun estando bajo el control de sus tratantes o explotadores, las mujeres en situación de trata las dejan a cargo de las nuevas mujeres o niñas reclutadas, y al llegar el operativo policial o militar, son detenidas y llevadas ante la justicia como presuntas culpables y el verdadero tratante o explotador, nunca responde frente a la justicia. Las autoridades no han entendido bien el delito. No se le está dando prioridad. Persiguen la extorsión, el secuestro, la piratería, pero no le entran a la trata. El delito no está siendo perseguido y socialmente está naturalizado”, afirma Ulloa Ziáurriz.

El rescate de las víctimas mexicanas de trata trasciende las fronteras: Hemos encontrado a muchas chicas del otro lado, concretamente en Nueva York, a las que pasaron por Reynosa, Tamaulipas, donde las inician. Tenemos una rescatada allá y una chica registrada en el padrón de Reynosa con el nombre y los papeles de la que tengo en Nueva York. Les cambian la identidad. Las pasan por McAllen, Texas, y como no se persigue el delito, 99 por ciento de los casos quedan en la impunidad.

Ulloa Ziáurriz fue una de las precursoras de la nueva ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos de trata, pero está convencida que se necesita reformarla: Lamentablemente en el Senado la echaron a perder, los cambios que le hicieron los legisladores priístas fueron para generar mayor impunidad. Y en este gobierno no hemos escuchado ni una sola manifestación contra la trata de Enrique Peña Nieto o de su gabinete.

El nuevo informe exhibe la poca efectividad de las actuaciones de las autoridades mexicanas en la persecución del delito y en el acceso a la justicia para las víctimas. El año pasado, por ejemplo, sólo hubo 31 consignaciones por este delito, pero se lograron únicamente dos sentencias a escala federal y siete en los estados, aunque dos absolutorias.

El problema más grave que tiene la PGR es que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) no tiene facultades para nada. La crearon para callarnos la boca, pero no funciona, al final de cuentas sólo tiene competencia para los asuntos federales y donde no hay delincuencia organizada. Hay que cambiarla.

Las complicidades

El informe de Catwlac ubica los focos rojos del país en la incidencia de mayor número de desapariciones de mujeres y niñas con fines de trata y explotación sexual: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Durango, Chiapas, Oaxaca, estado de México, Hidalgo, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

La investigación cruza los datos de desapariciones y las vincula con la frecuencia de feminicidios: “Son feminicidios con razgos similares y características de una violencia salvaje. Los cuerpos aparecen todavía con fauna cadavérica. Los cráneos están separados de los cuerpos, la mayoría son cráneos limpios y con la mandíbula separada. Tienen golpes en todo el cuerpo, quebrados los dientes de enfrente, sus manitas crispadas, y algunas están completamente con la pelvis y las piernas desarticuladas por las violaciones. Creemos que este modus operandi está directamente relacionado con la posibilidad de evitar la identificación, porque les arrancan el tendón que une la quijada y es el más fuerte que tenemos en el cuerpo para obtener el ADN y la mayoría de las procuradurías de los estados no cuentan con la tecnología para ese tipo de prueba, algunos ni siquiera para sacar el ADN”.

Con base en su experiencia, Ulloa Ziáurriz afirma que la trata en México es un negocio constituido por redes de complicidad entre el poder político, económico y el crimen organizado, y hay nexos entre hombres propietarios de negocios sexuales metidos en política. Según la PGR, unas 800 mil mujeres adultas y 20 mil menores son obligadas a ingresar a las 47 redes de trata que existen en el país: “Hay intereses muy fuertes. Después de violarlas se las llevan a explotarlas a losmen’s club y lugares como los masajes eróticos, que ahora se han extendido de forma alarmante en todo el país, donde hay servicio de prostitución. Son lugares que se han convertido en los nuevos negocios de lavado de dinero procedente del narcotráfico”.

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El arraigo, ese mal mexicano

Sólo sirve a los policías para fabricar pruebas y culpables: afectado

El arraigo atenta contra el derecho a la libertad y la presunción de inocencia

Suele ser combinado con tortura y otros recursos ilegales

Centro de mando de la policía en Nuevo LeónFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 23 de diciembre de 2012, p. 11

Al joven estudiante Marcelo Laguarda Dávila lo mantuvieron arraigado 55 días en las oficinas de la Policía Ministerial de Nuevo León acusado de homicidio; lo torturaron y finalmente confesó un asesinato que no cometió, según Human Rights Watch. Fue sentenciado a 42 años de prisión.

Su caso ha sido emblemático para las organizaciones de derechos humanos que denuncian la ilegalidad de la medida de arraigo, una forma de detención arbitraria, que atenta contra la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, algo que permite, primero detener, y luego investigar. El arraigo sólo sirve a los policías para fabricar pruebas y culpables, dice llorando Marcelo Laguarda, en el pabellón de visitas del penal de Topo Chico, donde está preso desde hace más de dos años.

Ante el lleno total y el sobrecupo que registran las casas de arraigo, el gobierno de Nuevo León planea incluso aumentar el número de lugares o bien ampliar las tres casas ya existentes con capacidad máxima para 180 personas: Tenemos ya en lo que va del año las casas de arraigo con alrededor de 150 personas que están en proceso; esto es movible, según se van consignando pues se van desalojando y caen nuevas bandas, dijo el vocero de seguridad, Jorge Domene, al referir la gran cantidad de supuestas bandas detenidas con hasta 30 personas.

La decisión de reforzar el arraigo contrasta con otros estados de la República como Oaxaca o Chiapas, donde esta medida ha desaparecido, en coincidencia con un movimiento nacional que pretende eliminarlo del fuero federal.

El arraigo es el principal instrumento represor del Estado mexicano y fomenta otro tipo de violaciones de derechos humanos como la tortura, las acusaciones sin pruebas, utilizando testigos protegidos y amenazas. Es el mayor ejemplo de la arbitrariedad del poder, en el sistema de justicia penal de presuntos culpables que tenemos, dice Octavio Amezcua, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH), al afirmar que durante el sexenio de Felipe Calderón fueron arraigadas 7 mil personas a escala federal, con un promedio anual de mil 640 personas afectadas y una tasa de incremento de 100 por ciento.

De 2009 a 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió más de mil quejas por violaciones a las garantías individuales en relación con órdenes de arraigo, particularmente detenciones arbitrarias y tortura: Qué mejor ejemplo que tener detenida a una persona hasta por 80 días, con todas los daños que implica para su imagen y su riesgo personal, sin ninguna prueba concreta que la incrimine, comenta.

“El de la voz con acento exclamó: ‘ahora resulta que eres un policía honesto’, colocando nuevamente la bolsa plástica sobre mi rostro hasta perder el conocimiento. Sólo podía escuchar ‘para mí eres sicario, y si tienes muchos huevos, aquí te los cortaremos, hijo de tu puta madre. Eres muy leal al cártel. Ojalá te mueras, nadie sabe dónde estás. ¿Qué te cuesta cooperar, pendejo?’ Ya no escuche más, desperté orinado.”

Es el testimonio de Luis Alberto Toledo Coello, uno de los 25 policías municipales de Tijuana que fueron arraigados durante 50 días en un cuartel militar del 28 Batallón de Infantería, denominado El Aguaje de la Tuna, acusados de delincuencia organizada por orden del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, secretario de Seguridad Pública de Tijuana, y el director general de Policía y Tránsito Municipal, capitán Gustavo Huerta Martínez.

Los otros dos soldados que estaban arriba de mi cuerpo empezaron a golpearme en las piernas y en la panza, gritándome que a ellos no les importaba que yo me muriera, ya que nadie de mi familia sabía en dónde estaba, señala Manuel Adelmo Olivas Coss, otro de los policías arraigados.

Los 25 denunciaron todo tipo de torturas por parte de militares durante su arraigo:“Después de varios golpes sentí cómo me colocaban sobre la cara una bolsa de plástico, con la cual me cortaban la respiración, y lo repitieron en tres ocasiones. Después nuevamente me dijeron: ‘Mira, cabrón, no la juegues porque la vas a pasar muy mal. El juego es simple: o declaras lo que queremos o te matamos y te tiramos por allí para que crean que fue la maña…’”, cuenta Miguel Ángel Mesina López.

Los policías arraigados recibieron amenazas de muerte para conseguir confesiones y les hicieron firmar declaraciones que no les permitieron leer; incluso algunos firmaron documentos en blanco para autoincriminarse. De acuerdo con los testimonios y el informe que será presentado ante la CIDH, al que ha tenido accesoLa Jornada, Leyzaola Pérez ordenaba la tortura y su duración y tres agentes ejecutaban los tormentos físicos y sicológicos.

Los sobrenombres de dos de los agentes martirizadores son El Tortas y El Matute, este último identificado como el principal torturador, a quien además sus víctimas identificaron como escolta del comandante de la II Zona Militar. Durante las torturas, un médico se encargaba de resucitar a los torturados; se trata del teniente Fernando Coaxin Hernández, director de sanidad del cuartel militar.

Después de los 55 días, se les dictó auto de formal prisión y los enviaron al penal de Nayarit. De los 25, 13 apelaron del auto y salieron libres luego de un año y cinco meses de cárcel, mientras los 12 restantes, sin capacidad económica para pagar un abogado, finalmente fueron liberados tres años y medio después. La CNDH emitió una recomendación.

Todos recibieron una sentencia absolutoria, señala Amezcua, de la CMDPDH, que asumió el caso y lo presentará en unos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es una demanda de 200 páginas con distintas violaciones de derechos humanos, pero lo más grave es la utilización de la figura del arraigo, y consecuentemente la tortura. También exhibimos la ineficacia de los amparos contra el arraigo.

El caso de los 25 policías municipales de Tijuana incluye los testimonios de seis de ellos que fueron brutalmente torturados, aunque todos fueron vendados, atados, colgados y tableados: De momento me dejaron de asfixiar y empece a sentir que me despojaban de mis botas, pantalones y calzoncillos y sentí cómo metían mis pies dentro de un recipiente de metal con agua, estando yo de pie y con las manos atadas colgando, y en esos momentos empece a escuchar como chocaban algunos cables con electricidad y de repente sentí una fuerte descarga eléctrica que me provocaron con algo metálico en mis testículos, señala Samuel Alonso Ureña Varo.

En 2008, Felipe Calderón elevó el arraigo a rango constitucional, pero en los transitorios de la reforma se estableció que los arraigos locales podían seguirse implementando hasta 2016, algo que se hace con absoluta borrosidad, lo cual, según Amezcua, no permite cuantificar a escala nacional el daño ocasionado: No hay cifras. No sabemos cuántos arraigos hay en cada estado. Además, las cifras de la PGR y las del Poder Judicial no cuadran. Las autoridades esconden las cifras.

La figura del arraigo es actualmente cuestionada por el procurador Jesús Murillo Karam, como parte de un proceso de restructuración que pretende revisar esa herramienta jurídica y la del uso de los testigos protegidos. En dos años hubo más de 3 mil 800 mexicanos que fueron arraigados injustamente.

En la Cámara de Diputados grupos políticos de diverso signo se han manifestado recientemente por suprimir la figura del arraigo porque es un instrumento que ha fallado debido a que sólo 20 por ciento de los presuntos culpables fue sentenciado, según ha dicho la perredista Aleida Álvarez, vicepresidenta de la mesa directiva de San Lázaro.

Primero te detengo y luego te investigo, dice el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano: La persona afectada queda así sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es ni indiciada ni inculpada, y lo que es más, ni siquiera está vinculada a proceso penal alguno: simplemente se le ha privado de la libertad.

Para el abogado Amezcua será difícil que el procurador Murillo Karam termine con la práctica de la figura del arraigo: No creo que la eliminen de un día para otro. Es una práctica muy arraigada en los ministerios públicos. Ya están acostumbrados.

Laberintos del tráfico de niños

Con engaños y por $3 mil, madres en extrema pobreza firmaron cesión de la custodia de sus hijos

Operaba desde 1988 red de tráfico de niños en Jalisco; habría dado 240 en adopción ilegal

Gran negocio que corrompe autoridades; la Fundación Find calcula que hay 500 mil desaparecidos

Una de las bebés que había sido dada en adopción ilegal en Jalisco fue devuelta a su madreFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

 

Periódico La Jornada
Domingo 16 de diciembre de 2012, p. 15

Guadalajara, Jal., 15 de diciembre. A cambio de 3 mil pesos, Elisa Chávez Garcíaprestó a su hijo de un mes de nacido durante 15 días para que participara en una campaña de publicidad contra el aborto. Nunca imaginó que el documento que firmó cedía la custodia del menor a una pareja de Irlanda para el inicio de un proceso de adopción.

Yo no sabía, nos engañaron. Nunca pensamos que todo era mentira, dice con tono de lamento Elisa, madre soltera de 21 años, en condición de extrema pobreza, quien fue elegida junto a otras 10 mamás en situación similar, por una red nacional e internacional de adopciones ilegales, cuya estructura sigue funcionando con total impunidad en México, según denuncia Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación Find, organización que se dedica a buscar niños robados y desaparecidos.

Se trata de una red nacional de tráfico de niños. La mayoría de las adopciones de esos menores no corresponde a gente de Jalisco o Colima. Son adoptados por personas de Nayarit, estado de México, Chihuahua, Tijuana... y por extranjeros de distintos países, que vienen a Colima a hacer el trámite. En este momento, Colima es el paraíso de las adopciones ilegales por la laxitud de sus leyes, dice en entrevista.

                        Juan Manuel Estrada Foto: Sanjuana Martínez 

Nadie sabe con exactitud cuántos niños desaparecidos hay en México, pero Estrada Juárez considera que pueden ser más de 500 mil. Por cada uno –señala– un extranjero paga de 500 mil a 700 mil dólares, y un mexicano hasta medio millón de pesos.

Al no ser un delito federalizado y no existir coordinación entre las procuradurías de Justicia de los distintos estados, es muy difícil saber el número. Cuando se pierde a un menor su caso se va a la agencia de desaparecidos hasta que no se determina que fue robo. Hay manipulación de las cifras y no existen estadísticas confiables; no sabemos a cuántos se han robado, cuántos salieron por supuesta ausencia voluntaria. Las adopciones son legales de forma, pero en el fondo son ilegales y no se está investigando porque representa un gran negocio para los funcionarios corruptos, dice este hombre, que ha dedicado parte de su vida a la defensa de los derechos de los niños.

Con amor: la adopción es la mejor opción para los dos. Sí a la vida, no al aborto, dice el anuncio publicitario de la supuesta campaña para la cual las 11 madres prestaron a sus hijos, con edades que oscilan entre el mes y los dos años.

Los contratos están a nombre de Laura Fabiola Carranza Talamantes, quien entregó a su hijo Alejandro Raúl Carranza Talamantes; Cecila Vázquez Díaz, entregó a Camila Velázquez; Elisa Chávez García, a Ángel Alejandro Chávez García. También, a nombre de los menores Cristian Guillermo Montes González, de dos meses; Eduardo Niño Hernández, de cinco meses; Camila Yaret, de ocho meses; Ángel Chacez García, de dos meses, y Naidedin Brillet Esparza Mendoza, de seis meses.

Enganchadores identificados

Las enganchadoras fueron Silvia Guadalupe Soto y Guadalupe Lizeth Bosques Montaño. Ambas acudieron a la colonia Estancia, una de las más pobres de Guadalajara, para elegir a los bebés y a sus madres. El documento firmado cedía la custodia, por motivos de trabajo publicitario, al despacho jurídico Asociados López y López, representado por Carlos López Valen- zuela y su hijo Carlos López Moreno quienes, a su vez, entregaban la supervisión de los menores a la nana María del Carmen Quiñones Muñoz.

Los niños eran concentrados en el hotel Posada del Marqués, donde los abogados López decidían quién se quedaba, con base en su aspecto y salud. Después se los llevaban al hotel Suites Moravia para entregarlos a los irlandeses:De allí, para no levantar sospechas, se los llevaban a Chapala, concretamente a Ajijic, donde tenían dos casas en renta permanente. Finalmente trasladaban a los bebés y a los irlandeses a Colima para realizar los trámites de la adopción; de allí viajaban al Distrito Federal para luego volver a Irlanda, dice Estrada Juárez con la denuncia presentada ante las autoridades de Colima contra la asociación para la mujer embarazada en desamparo Vida y Familia (Vifac), por su supuesta participación en los hechos.

Los niños fueron encontrados por las autoridades de Jalisco cuando estaban con las parejas irlandesas: Michael y Anne Marie Maguire, Alan y Martina Mulvey, Eamonn y Karen Byrne, Daragh y Geraldine McCann, Brendan y Caroline Kavanagh, Ciaran y Blanaid Carey, Paul Francis y Elaine Bridget O’Brian, Cathal y Siobhan Temple, John Thomas y Ciara Mary Compton, Abrose y Briugid McGowan, John Christopher y Sinead Scott y Mark Joseph y Grainne Buckley.

La red de tráfico de niños con fines de adopción ilegal finalmente fue descubierta desde enero pasado: los niños fueron retenidos y ocho mexicanos que funcionaban como elementos operativos fueron capturados, pero los culpables intelectuales y financieros del tráfico de menores, que involucra a irlandeses, funcionarios del Registro Civil, jueces y a los abogados López y López, siguen prófugos.

No ha habido justicia, dice el abogado Yuri Márquez, de la Fundación Find. “Aseguraron a 11 menores de 11 madres; se empezaron hacer las indagatorias y en un principio la Procuraduría General de Justicia de Jalisco las presentó como inculpadas, no cómo víctimas. Como si ellas tuvieran la intención de vender a sus hijos; las tenían como sujetos activos del delito de tráfico de menores, pero después de desahogar varias diligencias y de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) atrajo la investigación, comprobamos que ellas fueron víctimas de un engaño. Para las mamás que viven en extrema pobreza, prestar a sus hijos a cambio de una cantidad que iba de 3 mil a 10 mil pesos fue una oportunidad muy grande, porque a veces no tienen ni qué comer”.

Red nacional

Quiero olvidar todo. A mi hijo se lo llevaron cuando tenía un mes y me lo entregan con siete meses. Imagínese como me siento, dice Elisa Chávez García mientras acaricia a Ángel Alejandro, quien fue retenido por las autoridades de Jalisco para entregarlo al Hospicio Cabañas; recientemente fue devuelto a su madre.

No quiero saber nada del asunto; ya tengo lo más importante, que es mi niño y a mis sobrinos Raúl y Dana Karen Carranza Talamantes. Se tardaron mucho en entregárnoslos porque les hicieron las pruebas de ADN para ver si eran nuestros hijos, y luego nos hicieron estudios para ver si podíamos tenerlos. Sufrimos mucho, comenta.

Juan Manuel Estrada Juárez señala que descubrieron que las adopciones se hicieron primero en el registro de Zapopan: Todo se comprobó e interpusimos denuncias en Jalisco y Colima, pero a escala federal la investigación de la Seido no avanza. Primero pusimos al descubierto las adopciones ilegales a escala internacional y ahora estamos denunciando las red que opera mediante dos jueces en el estado de Colima para llevarlas a cabo por conducto de Vifac, que fue nombrada por el gobierno como tutores sustitutos, figura que no está contemplada en la ley y las denuncias no avanzan. Estamos en el limbo. Tenemos a los culpables financieros y no es posible que a estas alturas no se les hayan congelado sus cuentas y se haya hecho otro tipo de investigación para localizarlos.

De acuerdo con el expediente judicial, al que ha tenido acceso La Jornada, en el estado de Colima no ha habido adopciones de niños colimenses en los últimos cinco años, lo cual quiere decir que todas las que se han hecho son de menores de otros estados de la República.

De acuerdo con las investigaciones de la Fundación Find, esta red en concreto trabajaba desde 1988 y sustraía cinco menores cada seis meses, lo cual quiere decir que ha habido aproximadamente 240 niños mexicanos dados en adopción ilegal.

                           El abogado Yuri Márquez Foto: Sanjuana Martínez

Para Yuri Márquez lo más sospechoso es que la procuraduría de Jalisco en un principio no quería aceptar que se trataba de una red de tráfico de menores:Argumentaban que era una renta de niños, no una venta, pero les obligamos a retractarse y reconocer el delito. El caso es obvio: tenemos un despacho encargado de promocionar una red de niños mexicanos en adopción en otros países a cambio de una contraprestación económica; una red nacional que sigue funcionando. Existen leyes, el problema es que se mueven cantidades estratosféricas de dinero y los funcionarios se corrompen.